'Ley ha sido un éxito'

Óscar Mauricio Sarmiento, juez de restitución de tierras de El Carmen de Bolívar. / Reinhard Dienes

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es uno de los pilares del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en un posible posconflicto en caso de firmarse un acuerdo de paz con las Farc. Pero ¿qué tan eficiente es la ley? ¿Qué tan difícil ha sido su aplicación? El Espectador habló con el juez encargado de aplicar la ley en El Carmen de Bolívar Óscar Mauricio Sarmiento, a quien encontramos en el IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, en el que se debatió el proceso de paz. Sarmiento, con tan solo 30 años, fue ganador del concurso que realizó el alto tribunal entre todos los integrantes de la Rama Judicial. Su ponencia, la cual presentó ante más de 800 personas, habla sobre la ley de restitución de tierras, sus principales obstáculos y lo que eso significa para las víctimas y para paz en Colombia.

¿Por qué se presentó al concurso de la Corte?

Principalmente porque era una oportunidad para hablar de una ley como la de víctimas, que por ser tan nueva tiene muchos vacíos. También porque en lo que llevamos de aplicación de la ley, que es un poco más de un año, hemos visto como la regulación en material procesal establece un procedimiento muy concreto, pero deja muchas cosas en el aire.

¿Qué tan negativo es eso para poder lograr efectivamente la aplicación?

Es bueno, por un lado porque le permite a uno como juez entrar a interpretar la norma de forma favorable a la víctima, además de dar una interpretación que sea acorde a la finalidad de la ley. Sin embargo, tiene un problema fundamental como lo es el desistimiento, del cual trata mi ponencia, porque en varias partes del país hay víctimas que pretenden desistir de la acción y uno se pregunta por qué y qué se puede hacer ahí, porque la ley no define ni especifica el paso a seguir.

¿Cuando se ha presentado desistimiento cuál es entonces el accionar de los jueces, si la norma no lo especifica?

Después de hacer una investigación concluí que: en caso de que fuera por presión o por coacción que la persona decidiera no seguir con el proceso de restitución de su tierra, o porque se llegara a un acuerdo por un precio irrisorio para que la víctima desistiera, habría que negar el desistimiento y seguir el proceso. Para eso había que mirar si se podía actuar de oficio o no, que era otra cosa que tampoco estaba clara en la ley.

¿Sí se puede actuar de oficio en los casos de restitución de tierras?

Inicialmente se tenía entendido de que no se podía actuar de oficio, pero mirando los decretos reglamentarios nos dimos cuenta de que si se puede. Es importante darle relevancia institucional a ese fenómeno, así lo hice en la ponencia, en el sentido de que, dependiendo de la respuesta que se adopte, si se aceptan desistimientos sin controversia sin analizar por qué la persona está desistiendo, se llevaría incluso a una revictimización.

¿Por qué la gente desiste de la restitución de tierras en la mayoría de los casos?

En El Carmen de Bolívar hasta el momento no se han presentado desistimientos, pero sí se ha visto la intención de buscar mecanismos alternativos para solucionar el tema de tierras y eso podría llevar a que la víctima desista en el futuro.

¿Cómo se dio principalmente el abandono de tierras en El Carmen de Bolívar?

En la mayoría de casos, quienes se han presentado son víctimas que abandonaron sus predios por la violencia, más que por despojos. Los predios fueron abandonos con ocasiones de masacres como la de El Salado, que llevó a los campesinos a abandonar sus tierras. En ese momento aparecían personas, algunas con buenas intenciones otras no tanto, con el fin de comprar esos predios. Ante la necesidad, las víctimas terminaron vendiendo sus predios a veces por precios irrisorios.

¿Qué mecanismos, además de la justicia, están utilizando las víctimas y quienes están en las tierras para solucionar el problema?

En la práctica hemos visto que se están buscando otras soluciones, como que si se compró a un precio bajito, se pague lo que en realidad valía el predio y termine la acción. Sin embargo, esto trae un problema, pues muchos dicen que no van a pagar más porque se les vendió de buena fe y no sabían que el vendedor era desplazado así que le dicen al campesino que desista de su acción. En conclusión, lo que se ve es que tratan de llegar a otros acuerdos con el fin de que la víctima desista y no se falle el caso. Es ahí donde uno ve si la víctima puede acceder por presiones y aquello que le ofrecen.

¿Qué otros problemas tiene la Ley de Víctimas?

Le hablo de problemas en materia procesal. Uno de los primeros que experimentamos es con el articulo 84, que habla del contenido mínimo de la acción de restitución y dice que ésta debe tener el nombre de la víctima, núcleo familiar, identificación del predio, traer algunos documentos, pero la norma no dice nada sobre qué pasa si no los trae. ¿Se debe inadmitir la solicitud como en civil y darle cinco días para que subsane o se debe rechazar?¿Se devuelve o qué se debe hacer en ese caso?

¿Qué han hecho ustedes los jueces cuando se les presenta eso que usted describe?

Desde la Unidad de Tierras decían que había que continuar el proceso y subsanar eso en el trámite. Otras personas interesadas dijimos no. Sin embargo, con las primeras solicitudes se intentó hacer lo que dijo la Unidad de Tierras y se trató de solucionar, aunque fue difícil porque algunas entidades no colaboraban y no prestaban la atención oportuna.

¿Como en qué casos no se prestó ayuda oportuna?

Por ejemplo, que se requería un folio de matrícula y este no aparecía. En materia de baldíos, la ley dice que si hay un predio baldío se debe ordenar la apertura de un folio de matrícula en nombre de la nación. Ese trámite nunca se había hecho, entonces ante la oficina de instrumentos públicos consultábamos cómo se hacía el tramite y eso tenía que ser preguntado en Bogotá y mientras se hacía todo el proceso nos retrasaba mucho, porque no podíamos llegar a fallar sin esos elementos. Ahí se tomó la decisión de inadmitir las solicitudes y decirles a las víctimas qué es lo que deben traer desde un inicio para evitar casos como uno que se presentó en Cúcuta.

¿Cuál fue el caso de Cúcuta?

Que salió un fallo inhibitorio que decía que nunca se identificó de manera precisa el predio que se debía restituir. Esa pérdida de tiempo se hubiera podido evitar si desde un inicio se hubiera negado la solicitud por la falta de requisitos. Esas son las cosas que uno buscaría evitar, porque después de un proceso de cuatro meses, decir que no se puede fallar porque no están los elementos mínimos para decir cuál es el predio, es inaudito.

¿Es fácil para las víctimas el proceso de restitución o es un trámite dispendioso?

¡No! Está diseñado para que sea fácil para la víctima. Establece muchas prerrogativas para ellos. Establece varías previsiones legales, una presunción de derecho para ayudarles en cuanto a probar el derecho que ellos tienen. También establece la inversión de la carga de la prueba, es decir, que el que debe probar la carga exenta de culpa es el que está actualmente en el predio. Debe demostrar por qué llegó ahí, cómo llegó, qué hizo para llegar. Y no como ocurría normalmente que a la víctima le tocaba probar lo que pasó, por qué se salió.

¿Las personas que llegaron a poblar las tierras en El Carmen de Bolívar son especialmente quiénes?

En algunos casos personas del campo, aquellos que no abandonaron a pesar de la violencia que se quedaron en sus predios y al ver que la otra persona se fue le decían véndame el predio, ya que usted se va y yo me voy a quedar. Por otra parte, están quienes llegaron a esa zona desde 2004, cuando se empezó a hablar de una zona de consolidación en El Carmen de Bolívar, y se les invitó a los empresarios a invertir. En ese momento llegaron empresas agropecuarias de otras partes del país que se dedicaron a comprar predios en esas zonas. Eso llevó a que varias empresas acumularan tierras, una situación que va en contra de la Ley 160 de 1994, que habla de la Unidad Agrícola Familiar y que las tierras son para la gente del campo.

¿La unidad agrícola familiar se aplica sólo en baldíos o también en tierras que campesinos dejaron abandonadas?

El Incora en su momento adjudicaba baldíos y también compraba predios para adjudicárselos a la gente del campo. En esas dos clases de predios, si a la persona le adjudicaban uno, ya fuera un baldío o un terreno que hubiera comprado el Incora para adjudicarlo, esa persona tenía unas restricciones, como por ejemplo que no podía venderlo en los 15 años siguientes y si decidía venderlo tenía que hacerlo a una persona que estuviera en sus mismas condiciones, es decir, un campesino igual que él. Ahí era donde pasaba que no le vendían a un campesino, sino a uno empresario.

¿Hoy en día en El Carmen de Bolívar qué actividad están desarrollado aquellos empresarios que llegaron a poblar esas tierras?

Hay de todo: algunos se dedican a la ganadería, otros al cultivo de palma, de teca y otras empresas para desarrollar sus actividades económicas.

¿Cómo está la seguridad para usted en El Carmen de Bolívar?

Uno no puede negar que el conflicto no ha cesado. Hay zonas de Bolívar donde todavía se habla de que es evidente que no se puede transitar y que no hay presencia del Estado consolidada. Igualmente, en cuanto a restitución de tierras primero se hace un proceso de macrofocalización para determinar cuáles zonas ofrecen seguridad, dado que no en todo el departamento se puede adelantar el proceso. En El Carmen de Bolívar sí se han escuchado casos de amenazas por la restitución de tierras, pero hablando a nombre propio no he recibido amenazas, aunque eso no significa que no exista el riesgo.

¿Qué acompañamiento han recibido de las autoridades de policía?

La policía también es consciente de que existen riesgos, por eso siempre hay un policía que acompaña en los juzgados y en las audiencias hay un escuadrón de carabineros. Inicialmente no se contó con toda esa seguridad era un problema que debatimos incluso en reuniones que tuvimos con líderes de tierras.

¿Algunos de quienes hoy son poseedores de la tierra son tolerantes con los grupos al margen de la ley que están en contra del proceso de restitución de tierras?

Puede que sí, pero no lo he visto hasta ahora, en los casos que he tramitado no lo he visto. Los opositores se han tratado de oponer dentro del proceso, el riesgo está, pero no lo he visto. Apenas se están ejecutando los fallos, por eso es que los problemas, como es lógico, se van a empezar a ver más adelante, cuando se sientan afectados.

¿Ha habido captura de las instituciones por parte de quienes no les interesa el proceso de restitución?

Hay informes de la Unidad de Tierras que mencionan que hubo notarías que falsificaron escrituras públicas. También dichos informes mencionan que en su momento la oficina de instrumentos públicos, por ejemplo ante una proyección de enajenar predios adquiridos por el Incora, no la tenían en cuenta y registraban las ventas, así se emitiera resoluciones por parte del comité municipal de protección a desplazados prohibiendo esas ventas. En otros casos registraban en el folio matriz y en los otros no. Actualmente no está pasando eso, pero en otra época sí ocurrió y no se puede negar.

¿Ha habido casos en que el juez haya fallado a favor de la víctima y ésta al final no se apodere del predio?

En los casos que yo he fallado no. Yo he fallado casos en la zona de Mampuján y recientemente en la zona de Las Brisas, restitución de predios donde no hay oposición y la gente ha vuelto. Incluso hemos revisado diligencias de entregas materiales y encuentra uno a las personas en su predio y ellos mismos le informan a uno que la Unidad de Restitución de Tierras les ha dado proyectos productivos y están cultivando nuevamente.

Según le entiendo, ¿los únicos casos exitosos de restitución han sido los que no tienen oposición?

¡No!

¿Ha habido algún casos en que a pesar de la oposición del actual poseedor de la tierra, la víctima sea favorecida con el proceso?

Lo que pasa es que en El Carmen de Bolívar los casos en oposición se están fallando ahora. Ha habido cuatro fallos no más y en uno de esos el propietario entregó el predio sin ejercer resistencia.

¿En esos casos ha habido alguna empresa de las que llegaron a la zona que haya accedido a eso?

No. El caso que le menciono fue un particular, que vio la oportunidad de comprar barato y no puedo demostrar la buena fe de la adquisición del predio. Era evidente que el predio lo vendían barato por ocasión del conflicto. El seguimiento de esos fallos lo hace el tribunal.

En El Carmen de Bolívar llegaron empresarios grandes, particularmente de Antioquia. ¿De esos casos no se ha fallado ninguno?

No, esos casos son complejos, porque las personas que actualmente ocupan esos predios se van a presentar como opositores. Además, también en muchos casos en los folios de matrícula aparece un nombre y resulta que el señor no está directamente en el predio y toca ir a localizarlo. A veces es el mismo desplazado el que ayuda a ubicarlo, porque sabe cuál es la empresa del señor.

¿Para usted qué tan exitoso ha sido el mecanismo de restitución de tierras?

Ha sido exitoso sin duda. Aunque hace falta más apoyo de otras entidades, porque la norma como está funciona.

¿Cuáles son esas entidades que no colaboran?

El Incoder, en algunas oportunidades no ha tenido respuestas oportunas. El Instituto Agustín Codazzi está colaborando más y siendo más activo, aunque no fue así desde un principio. Por la empresa de correos 472 se envían traslados y cuando va uno a averiguar cuándo le llegó a la persona, se hace casi imposible que le den a uno la información. Debería haber más colaboración, más empeño en esas entidades para prestar un servicio más efectivo, porque todo suma para retrasar los procesos.