Ley protege a funcionarios de la DIAN implicados en desfalco a la entidad

La entidad está 'con las manos atadas', según confirmó el director de la entidad, Juan Ricardo Ortega.

Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, aseguró en Caracol Radio que por ciertas protecciones de la ley colombiana a funcionarios públicos, no se ha podido despedir a algunos de estos de quienes  se tienen pruebas de su participación en los millonarios desfalcos a la entidad, denunciados a comienzos del gobierno de Juan Manuel Santos y donde se evidenció que empleados de la Dian manejaban todo un cartel de corrupción con el que se apropiaban de la devolución del IVA en centenares de operaciones tributarias.

No tengo la facultad a pesar de que la evidencia es amplia. Se encontró que el reparto de esos $1400 millones se volvieron carros y CDT, y esas investigaciones tienen cursos en los funcionarios públicos que requieren levantamiento de pruebas para tomar decisiones, manifestó Ortega, al referirse a su imposibilidad de despedirlos de la entidad.

Y apuntó: “hemos tratado de moverlos y ha tocado hacerlo más de una vez”. Y hasta que no se surta el proceso probatorio del caso, no se puede hacer nada. “La Procuraduría asumió las investigaciones, esperamos que eso se solucione”.

Ortega detalló que la Dian está trabajando para garantizar que ellos no estén en posiciones donde generan riesgos. Sin embargo contó que uno de ellos está en un cargo que  necesita de constante vigilancia. “Uno tiene muy pocos vehículos para defenderse. Hay personas con comportamientos criminales que se pueden mantener en el sector público”, agregó.

Durante las declaraciones del director del organismo, se hizo público que algunos de los investigados viajaban los viernes a Chile y regresaban el lunes con el dinero en efectivo. “Eran multimillonarios recursos que algunas personas tristemente desfalcaron”, manifestó, mientras aclaró que la UIAF ya tiene otras investigaciones al respecto, porque  a todo los implicados les apareció dinero, una prueba que podría servir para acusarlos de enriquecimiento ilícito.