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A la investigación que adelanta la Contraloría General por las denuncias de corrupción que en los últimos años han surgido alrededor de la obra del Aeropuerto del Café (Aerocafé) de Palestina (Caldas), se suma una investigación administrativa que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, próxima a ser resuelta. El proceso involucra a varios contratistas e interventores que trabajaron en la construcción de terraplenes del aeropuerto, quienes supuestamente se aliaron para orquestar maniobras para quedarse con contratos.
Los investigados son las sociedades Diconsultoría S.A. y su representante Rodrigo López Arana; IDT Ltda. y su representante Óscar Alberto Majón Arana; Castro Flórez Cía. y su representante Édgar Alonso Castro Lizarralde; CDC Ingeniería Ltda. y su representante Luis Manuel Castro Lizarralde, y Jaime Alberto Llano García, representante legal de los consorcios DICO-IDT y DICO-IDT 2. Según la Superintendencia, entre ellos posiblemente hicieron acuerdos para manipular las licitaciones.
Los investigan por colusión en licitaciones públicas, que se da cuando dos o más participantes realizan pactos para manipular el resultado a través del direccionamiento de pliegos, presentación de ofertas ficticiamente altas o bajas, el abandono del proceso o la repartición de contratos. Aunque estas faltas hoy se castigan con penas de hasta 12 años de cárcel (gracias al Estatuto Anticorrupción), en este proceso, en caso de ser hallados responsables, solo tendrían que pagar hasta $1.000 millones, ya que para 2009, cuando sucedieron los hechos, aún no eran delito.
La investigación surgió tras la denuncia que hizo en agosto de 2010 el diario La Patria de Manizales, en la que reveló cómo la empresa Lavicón S.A. (ajena a Aerocafé) supuestamente elaboró los pliegos de varias licitaciones que abrió la sociedad encargada del aeropuerto. Luego sus socios Carlos Eduardo Quiroga Zapata, Jaime Alberto Llano García y Édgar Alonso Castro Lizarralde, a través de otras de sus compañías, integraron varios consorcios para participar en las licitaciones (3 de obra y 3 de interventoría) para construir tres tramos de la pista, por casi $150.000 millones.
La estrategia consistía en llegar a la lista final de elegibles con mínimo dos de sus consorcios, para asegurar el contrato, y surtió efectos. Por un lado, Quiroga Zapata logró estar con los consorcios ganadores de los tres contratos de obra. Por el otro, Castro Lizarralde y Llano García quedaron en los consorcios que ganaron los tres de interventoría. En resumen, fuera de supuestamente haber metido la mano en los pliegos de condiciones, terminaron construyendo y vigilándose entre ellos.
A pesar de que la denuncia mostraba los nexos entre los constructores y los interventores (encargados de vigilar las obras y autorizar sobrecostos), la Superintendencia sólo halló evidencias para investigar los consorcios que concursaron por los contratos de interventoría de dos tramos de la pista (terraplén 8 y terraplén 10). Encontró que los finalistas para el terraplén 8 fueron los consorcios Palestina 8, representado por Castro Lizarralde, y DICO-IDT 1, representado por Llano García. Para el 10 quedaron Palestina 10 y DICO-IDT 2, representados por los mismos. En ambas licitaciones ganaron los consorcios DICO-IDT.
Aunque en apariencia no tenían socios comunes, la Superintendencia revisó los documentos y encontró que los estados financieros de todos los consorcios los firmó el mismo contador, Jairo Serna Restrepo. Además, que en las pólizas de cumplimiento aparecían los mismos datos, como si funcionaran en la misma dirección y hubieran hecho el trámite conjuntamente. En los formularios aparece la misma dirección, teléfono, intermediario y fecha de expedición.
La investigación preliminar sugiere que la persona que posiblemente orquestó todo, al presentar a las diferentes firmas que integraron los cuestionados consorcios, fue Édgar Alonso Castro Lizarralde. Por ejemplo, en la entrevista que le hizo la Superintendencia a Jaime Alberto Llano García, uno de los investigados y representante del consorcio DICO-IDT que ganó los contratos, este señaló que llegó a ese grupo gracias a que Castro Lizarralde lo presentó con Rodrigo López, de la empresa Diconsultoría S.A. de Cali, porque necesitaban un constructor local.
A pesar de que Castro Lizarralde participaba con sus consorcios Palestina 8 y 10 en el mismo proceso, según Llano García, fue esta persona junto a Rodrigo López los que supuestamente se encargaron de la elaboración de la propuesta que se presentó a la licitación. “El ingeniero Castro Lizarralde fue el que me puso en contacto con Diconsultoría (...) no participé en la presentación de la propuesta (...) Ellos fueron los que manejaron eso”.
Estos elementos, sumados a varias declaraciones y documentos anexados al proceso, fueron clave para que la Superintendencia de Industria tomara la decisión de abrir la investigación de manera formal y la cual cumple nueve meses en práctica de pruebas.
“Al verificar los proponentes que se presentaron para las licitaciones, se pudo establecer la existencia de un presunto acuerdo colusorio en los procesos para la selección de las interventorías de los terraplenes 8 y 10”, dijo la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución de apertura de la investigación.
Por ahora, el proceso contra los contratistas de Aerocafé avanza a ritmo constante. En septiembre y octubre se tomaron algunas decisiones, pero como los investigados presentaron recursos, estas no quedaron en firme. Por eso, de acuerdo con el sistema de consulta de la entidad, se ordenaron nuevas pruebas e inspecciones, que el mes pasado se estaban notificando.
Mientras este proceso se resuelve, a la par con el proceso de la Contraloría, la fecha del primer vuelo desde el aeropuerto de Palestina (Caldas) sigue siendo incierta, pues a pesar de casi 10 años de trabajos, hoy se sigue hablando apenas de estudios y diseños.
El proceso de Aerocafé en Contraloría
Desde enero de 2011 está abierto en la Contraloría un proceso de responsabilidad fiscal por casi $15.000 millones contra 31 funcionarios públicos y contratistas que supuestamente tuvieron algún grado de culpa en las supuestas irregularidades alrededor de la contratación en Aerocafé. Desde entonces existen medidas cautelares contra algunos de los investigados. Han pasado casi dos años y hasta la fecha no se ha dado una decisión de fondo en el proceso.
En el listado de personas investigadas se encuentran el exgobernador de Caldas Mario Aristizábal Muñoz, el exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano Uribe y el exgerente de Aerocafé Francisco Cruz Prada. Detrás de este proceso hay una polémica desde entonces, debido a que la medida cautelar llegó tarde a Manizales y varios de los investigados lograron traspasar algunos de sus bienes a terceras personas, hecho por el cual se anunciaron también investigaciones que siguen sin resultados.
Un alto costo por Aerocafé
La historia del aeropuerto de Palestina se remonta a 1985, año en el que se creó la Corporación Aeropuerto de Palestina, con el fin de impulsar la obra. Aunque la idea era mejorar la conectividad de la región y poder impulsar su crecimiento , ahora se analiza la posibilidad de reevaluar los diseños y se estima que las obras no estarán listan antes de 2014.
Se calcula que el costo total de la obra sería de alrededor de $526 mil millones, aunque en 2008 el cierre financiero se estimaba en la mitad, sin duda una de las obras de infraestructura más costosas en el departamenato de Caldas. Sin embargo, teniendo en cuenta la inversión que se ha hecho y la importancia del proyecto, este contaría con los recursos para este año, debido a que quedó incluido en el presupuesto general de la Nación de 2013.
jamarin@elespectador.com / Twitter: @alexmarin55