Las líneas de investigación de la Fiscalía por el "cartel de la hemofilia"

La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación por el denominado escándalo del “cartel de la hemofilia”, un desfalco al sector de la salud en los departamentos de Bolívar y Córdoba mediante la entrega de medicamentos de alto costo y tratamientos a pacientes inexistentes. La base de la indagación es un informe de la Contraloría General que establece las irregularidades en los contratos firmados por un grupo de IPS.

En el documento, que ya está en poder de los investigadores, se señala que se presentó un aumento injustificado en los casos de pacientes con hemofilia. Además de la entrega de medicamentos y pacientes a personas inexistentes o que no tenían esta información. El caso es más grave si se tiene en cuenta que otras personas que sí requerían atención médica no la recibieron.

Por estos hechos  se adelantará la recolección de elementos materiales probatorios (entre testimonios y documentación) para establecer si se presentaron irregularidades. Uno de los principales puntos de investigación tiene referencia al aumento de número de pacientes con hemofilia en un año: de 47 a 81 casos al parecer sin justificación.

Según el informe de la Contraloría General en el departamento de Córdoba las falencias en la contratación superarían los 50 mil millones de pesos, mientra que en Bolívar el desfalco rondaría los 25 mil millones de pesos. La Fiscalía quiere establecer qué pasó con los medicamentos de alto costo y los tratamientos que aparecen en los informes de las dos gobernaciones.

Los investigadores entrarán a revisar y analizar la documentación aportada por el órgano de control fiscal frente a estas irregularidades en la celebración de millonarios contratos. Además se habrían falsificado documentos con el fin de hacer pasar a un grupo de personas como beneficiarios de los millonarios convenios contractuales.

Son cuatro cinco IPS las que habrían entregado los medicamentos de alto costo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) a pacientes inexistentes. Estas irregularidades superarían los 48 mil millones de pesos causando un desfalco a la salud. Los hechos se presentaron entre los años 2013 y 2016.

Otra de las líneas de la investigación de la Fiscalía está dirigida a establecer la participación de dirigentes políticos y funcionarios por estas irregularidades. Los fiscales recolectan pruebas para verificar la existencia de los delitos de concierto para delinquir, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.