Llamado de la Corte Constitucional para proteger a los niños

Tras analizar el caso de un rector en Honda (Tolima) que fue condenado en 2000 por haber violado a una niña menor de 14 años, el alto tribunal explicó que es urgente que en el país se regule la entrada a la docencia de personas condenas por delitos a menores de edad.

Que un hombre condenado en 2000 por pornografía infantil y por haber violado a una niña menor de 14 años sea el rector de un colegio en Honda (Tolima) ha despertado la indignación de padres de familia, profesores y la comunidad educativa en el país. La historia es la de Luis Alfonso Cano Bolaño, quien en junio del año pasado llegó a la dirección del colegio Antonio Herrán Zaldúa, luego de pagar una condena de ocho años de prisión en la cárcel La Modelo de Barranquilla.

El caso de este rector llegó hasta la Sala de Revisión de la Corte Constitucional por medio de una tutela presentada por un ciudadano en nombre de todos los niños y jóvenes que estudian en el colegio que dirige Cano Bolaño. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda ya había fallado en diciembre de 2015 y explicó que la tutela no era la vía jurídica para destituir al profesor, sino que se debía recurrir más bien a una nulidad.

Los pasos que llevaron a Cano Bolaño hasta el colegio en Honda los contó El Tiempo y su columnista Salud Hernández desde el año pasado. En varias publicaciones, el diario publicó los detalles del pasado de Luis Alfonso Cano, de los días previos a su condena y del ambiente que se vive en el colegio en donde trabaja por cuenta de “unas situaciones de juventud y de irresponsabilidad de mi parte”, explicó el profesor ante sus alumnos.

De acuerdo con lo que explicó Cano Bolaño en este proceso judicial, “la comunidad, los padres de familia, acudientes, docentes, personal administrativo, líderes comunitarios y los mismos estudiantes (…) son contundentes en manifestar que, debido a mis antecedentes, en ningún momento soy o pongo en peligro a los estudiantes de la Institución Educativa”. Sin embargo, para Ángel Marín Quintero, la presencia de Cano Bolaño en el colegio representa una vulneración de los derechos fundamentales a la integridad personal, al interés superior y a la prevalencia que tienen los derechos de los estudiantes por encima de cualquier otro.

Por eso, el primero de diciembre de 2015 presentó una tutela en contra la Secretaría de Educación del Tolima, entidad que nombró a Cano Bolaño en el cargo, y tras el fallo de primera instancia el 15 de ese mismo mes, el caso llegó hasta la Corte Constitucional en Bogotá. El magistrado ponente de este caso, Luis Ernesto Vargas, y los demás togados de la sala, María Victoria Calle y Luis Guillermo Guerrero, tras estudiar el caso, le ordenan a la Secretaría de Educación del Tolima que retire al profesor de la institución.

En la sentencia conocida por El Espectador, Luis Alfonso Cano Bolaño no cumplió con los requisitos para ser elegido como directivo del colegio pues en el momento en que ganó el concurso de méritos para llegar a un cargo directivo de una institución educativa y se posesionó, todavía tenía una inhabilidad de diez años para desempeñar cargos públicos que le fue impuesta cuando fue condenado a ocho años de cárcel.

Más allá del incumplimiento en las reglas para ser rector de un colegio, el caso de Cano Bolaño planteó un debate mucho más profundo. En Colombia, por ley, cualquier persona condenada que cumpla su pena, tiene derecho al olvido. Es decir, desde el momento en el que un juez decreta su libertad después de cumplir un castigo, los delitos son borrados de sus antecedentes judiciales para garantizar su resocialización. Ese fue el cao de Cano Bolaño cuando se presentó a la convocatoria pública para ser rector en un colegio en Tolima y por eso, nadie puso en duda su aptitud para el cargo al que aspiraba.

Pero para padres de familia y profesores, “una persona con ese tipo de antecedentes no debería tener a su cargo el cuidado de menores de edad” y se debería conocer sus delitos si hay niños de por medio. Para la Corte es claro que en este caso el derecho al olvido está sujeto a la protección de los menores de edad y sus derechos fundamentales. “Ante esta decisión del señor Cano, el dato negativo es de la mayor relevancia, y bajo este contexto, el conocimiento de sus antecedentes judiciales resultaba adecuado de conformidad con los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida”, dice el fallo.

La información sobre los delitos que había cometido Cano Bolaño era “relevante y debió ser conocida oportunamente por las autoridades administrativas encargadas del proceso de selección de directivos docentes”, agrega el alto tribunal. La Corte Constitucional, además de sentar un precedente en este sentido, va más allá. Al preguntarse si el paso del tiempo es suficiente para que una persona que ha sido condenado por delitos en contra de menores de edad pueda ser profesor o trabajar con niños, el alto tribunal encontró que en Colombia no hay ningún tipo de marco legal que regule esta situación.

“Además de este vacío normativo en relación con las inhabilidades que deberían hacer parte del Estatuto Docente, el presente caso pone de presente que tampoco se ha desarrollado una discusión pública sobre la creación de una inhabilidad, en términos de idoneidad, para el caso de infractores de la ley penal por delitos sexuales con menores”, dice la sentencia de 66 páginas en la que además se expone en una tabla las medidas que han tomado otros países para solucionar este problema.

En Chile, por ejemplo, existe una ley que inhabilita de por vida a personas condenadas por delitos sexuales con menores de edad para ejercer cargos o profesiones en ámbitos educacionales que tengan una relación directa o habitual con personas menores de edad. En España la situación es similar: uno de los requisitos para aplicar a cargos que impliquen contacto con niños es no haber sido condenado por estos delitos.

En Estados Unidos, por otra parte, las reglas para los violadores de niños son mucho más estrictas. Existe una ley, por ejemplo, que obliga a personas que hayan tenido nexos con este tipo de delitos a reportarse periódicamente con la Policía para mantenerla informada sobre sus movimientos, actividades, con el fin de minimizar la reincidencia, facilitar investigaciones futuras sobre posibles ofensas que puedan cometer y prevenir que los ofensores sexuales registrados trabajen en empleos involucrados con niños.

Tras citar ejemplos internacionales, la Corte Constitucional explica que “es imperioso adoptar un régimen de inhabilidades para aspirantes a la carrera docente que tengan antecedentes penales por violencia sexual e intrafamiliar”, que esté acorde a la protección de sus derechos fundamentales.

“La Corte Constitucional exhortará al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, y al Congreso de la República para que, dentro del marco de sus competencias, preparen y den curso a un proyecto de ley en donde se desarrolle el marco de protección de los derechos de los niños y estudien la posibilidad de imponer una inhabilidad para acceder a la carrera docente, si el aspirante tiene antecedentes penales por violencia sexual”, concluye el fallo.