Los 100 años de Medicina Legal

Desde la identificación de las causas de la muerte de Rafael Uribe Uribe, asesinado a hachazos en la convulsionada Colombia de comienzos del siglo XX, hasta el esclarecimiento de los crímenes de la violencia actual el Instituto ha jugado un papel clave para la operación de justicia y la construcción de la historia del país.

El Espectador

Desde su nacimiento, en 1914, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha sido un silencioso constructor de la historia del país. Rafael Uribe Uribe, general en la guerra de los mil días y atacado a hachazos por dos obreros a la salida del Capitolio Nacional, en 1914, resultó ser uno de los primeros colombianos cuya necropsia fue realizada en el entonces recién fundado Instituto, cuyo principal objetivo es brindar soporte científico y técnico a la administración de justicia en el país.

En 1937 se estableció que el Instituto de Medicina Legal prestaría servicios tanto en Bogotá como en las capitales departamentales. Posteriormente, en 1943 se inició la construcción de la sede del Instituto en la capital del país y la ampliación de sus servicios a otras áreas de la ciencia forense. Actualmente Medicina Legal cuenta con servicios como análisis técnico-científico, búsqueda de personas, entrega de cadáveres, evaluación psiquiátrica, investigación genética y certificados de necropsias, entre otros.

Hoy, el Instituto tiene 64 laboratorios, de los cuales 18 están acreditados y uno certificado. Todos cuentan con tecnología de punta y están ubicados estratégicamente a lo largo del territorio nacional.

La entidad funcionó como División de Medicina Legal del Ministerio de Justicia entre 1964 y finales de los ochenta. Durante los noventa se daría la época más fructífera para el Instituto. Las ciencias forenses colombianas tuvieron una mayor apertura hacia el exterior.

En esta misma década y después de firmada la Constitución Política de Colombia de 1991 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se transformó en un Establecimiento Público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Finalmente, en 1993 y 1994 se dio la apertura de la mayoría de las unidades locales en los municipios con cobertura poblacional y estadística criminal en la zona.