Los 500 procesos del exalcalde Bromberg

El profesor de la Universidad Nacional y exalcalde de Bogotá Paul Bromberg. /Andrés Torres

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De los 62 años que tiene, Paul Bromberg pasó los últimos 18 defendiéndose de las casi 500 denuncias disciplinarias, fiscales y penales que le dejó su paso por la administración pública. En 1995 el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus lo nombró director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Y en abril de 1997 resultó designado como mandatario capitalino tras la súbita renuncia de Antanas Mockus, quien se lanzó a la aventura de alcanzar la Presidencia. El 31 de diciembre de ese año pasó a uso de buen retiro como funcionario y regresó a su oficio de siempre como profesor de la Universidad Nacional. Sin embargo, le quedó una cola de expedientes de todo tipo que lo atormentaron hasta la semana pasada, cuando su ultimo proceso fue cerrado. Ya sin las ataduras de procesos a cuestas, Bromberg le narró a El Espectador esta historia.

¡Casi 500 procesos en su contra! ¿Es un karma ser funcionario público?

Hay gente que ha sufrido más, pero ese sufrimiento que nosotros tuvimos fue tremendo. Ejercer la función pública se ha vuelto imposible.

Hace más de 16 años salió de la Alcaldía y hasta la semana pasada estuvo defendiéndose. ¿Cómo hace uno para digerir eso?

Es difícil. Mire, en septiembre del año pasado iba saliendo para Estrasburgo (Francia) por cuenta de una invitación académica. Antes de tomar el taxi al aeropuerto me llegó un telegrama de la Fiscalía en el que me citaban a una indagatoria por un proceso al que le había perdido la pista. De afán firmé un poder para que alguien me representara y me fui angustiado. En noviembre rendí la indagatoria, pero el caso prescribió.

¿De qué era el proceso?

A finales del 97 se aprobó un proyecto de $113 millones para sacar una publicidad sobre el balance de la gestión en la Alcaldía. Yo me opuse, pero el contrato ya había sido aprobado. Al final se pautaron siete páginas en El Tiempo y tres en Semana. De inmediato me cayó todo el mundo. Lo que había detrás era un problema político complicado: Mockus ya estaba en campaña presidencial y todos asociaron la publicidad como parte de esa campaña. Otros creyeron que era mi plataforma de lanzamiento a la Alcaldía para el año 2000. Bah. Yo quería era regresar a la universidad.

Pero llegó a tener 500 procesos...

Sí, no le exagero. Penalmente me denunciaron menos, pero por cosas absurdas: por ese contrato de publicidad que le mencioné, por un convenio con una entidad multilateral; por un sindicalista que me acusó de persecución y hasta porque decreté el desarme en la ciudad sin consultar con las Fuerzas Militares. En esa época las Farc habían declarado la guerra y la situación de seguridad era muy difícil. Por fortuna salí siempre bien librado, pero me tocó recurrir a los amigos abogados para que me defendieran. ¡Un profesor de la Nacional no tiene plata sino para llevar a la casa!

¿En qué momento se sintió agobiado por tantos procesos?

Desde el primer mes. Es que nosotros éramos inocentes en política y nos la pasábamos hablando era de cultura ciudadana. Una vez, un concejal que terminó en la cárcel llegó a mi oficina a pedirme cosas. Como me rehusé, me dijo que me haría un debate en el Concejo. Gobernar era terrible. Antes la junta directiva del Instituto de Cultura estaba llena de concejales: gobernaban ellos. A eso Jaime Castro llamaba la coadministración. Pero esa coadministración se trasladó a los organismos de control: la Personería y la Contraloría. Se supone que son órganos independientes, pero al final no pueden serlo cuando los nombramientos del personero y el contralor dependen de sus negociaciones con el Concejo.

¿Y quién controla a los que controlan?

Es un lío. Un amigo que trabajó conmigo me contó que en una ocasión un funcionario de la Contraloría que vigilaba la Empresa de Energía de Bogotá le dijo: “Doctor, yo me he dado cuenta de que ustedes son honestos, pero tengo orden de hacerle la vida imposible”. A mí también me lo dijeron. En esa política de chantajes es muy difícil todo. Claro, hay gente honesta también, no se puede generalizar. Y obviamente hay funcionarios que tienen que ser investigados por sus decisiones. Pero sí creo que el diseño institucional de control del Ejecutivo tiene muchas fallas.

¿En muchos de los procesos que tuvo sintió que lo que había detrás era la venganza de concejales o enemigos políticos?

Por supuesto. En el caso nuestro era evidente. Mockus dio un golpe brutal al sistema político y se lo tomó en serio. Cuando empezamos el gobierno se armó un grupo de concejales que fueron a hablar con el secretario privado. Le preguntaron qué había para ellos. Él les respondió que nada. Ahí comenzó la pelea. A mí me cayeron por una plata que se les había pagado a unos mimos para desarrollar nuestra cultura ciudadana.

¿Dice que fue una persecución?

Sí, y le digo algo triste: me parece que la prensa se presta mucho para eso. Una vez que sale en el periódico el cuestionamiento de que usted hizo algo malo, eso no lo borra nadie. No importa cuánto patalee, porque lo que la gente quiere es sangre de funcionario.
Pero las noticias hay que registrarlas.

Sí, pero hay formas. Aquí está el problema de la justicia de los hombres. Fíjese en ese concejal que fue a pedirme cosas, que me acusó porque no se le dio nada y que hoy está preso. Los juicios humanos son la cosa más falible y angustiosa. Nosotros durante tres años detectamos muchas cosas terribles, pero también resultamos investigados por muchas cosas absurdas.

¿Cómo logró capotear 500 procesos?

Fui a la Procuraduría hasta que me cansé: tenía procesos porque le quité al equipo de Santa Fe un lote, por unos parques, por la biblioteca Virgilio Barco, por la nómina de los maestros, por cualquier cantidad de cosas en las que nada tenía que ver. Estaba mamado. Yo me la pasaba allá. Muchos de los casos se fueron cerrando solos.

¿Qué opina de lo que le pasó?

Fácil: ¡no vuelvo a la administración pública! Me causan inmenso dolor los errores de la justicia que terminan con inocentes en la cárcel. Era la doctrina del coronel colombiano Genaro Ñungo, quien afirmaba que era preferible condenar a 100 inocentes que dejar escapar a un culpable. Es absurdo.

¿Su caso podría explicar por qué mucha gente técnica y preparada le huye a la administración pública?

Quizá. Uno no puede generalizar. Un jurista decía que hay gran diferencia entre las responsabilidades políticas, administrativas y penales. Acá en Colombia un problema administrativo se vuelve un problema penal y la vida política no puede jugar. Alguna vez me preguntaron que quién juzga a los malos alcaldes y yo dije: ¡los electores! Los organismos de control no están para juzgar si hay buenos o malos alcaldes —porque todos terminarían sancionados—, sino si actuaron contrario a la ley. A mí me tocó pagar una multa de $5 millones por un fallo de la Contraloría: me dijeron que no actué a tiempo para prevenir un derrame en el relleno sanitario con desechos hospitalarios y que tenía que responder por ese contrato. Pero, siendo así, el alcalde tendría que responder por 15.000 contratos. Es ridículo. Usted no le puede pedir a la gente lo que humanamente no pueda hacer. Puede haber una responsabilidad política, ¿pero penal?

¿Y cómo solucionar ese dilema?

Diferenciando las responsabilidades. Le doy otro ejemplo que mereció televisión y denuncias de Enrique Vargas Lleras. El Distrito compró dos televisores cuando yo era director del Instituto de Cultura. Y resulta que a alguien le dio por buscar el almacén donde se hizo esa compra y no lo encontraron. Me citaron al Concejo por esa tontería. Estaba sorprendido: por dos pinches televisores comprados en no sé dónde me querían joder. Yo tenía a cargo un presupuesto de $13.000 millones para ejecutar el programa más complejo de Mockus, que era sobre cultura ciudadana. Pero además tuve que ir a responder por dos televisores. Qué difícil administrar.

¿Qué conclusión le dejó su paso por la administración pública?

Salí de la administración muy contento, porque creo que hicimos cosas muy buenas, porque entendí que un buen gobierno produce mejores condiciones de vida para la gente. Bogotá cambió mucho en los dos períodos de Mockus y Peñalosa. Claro, quedó esa cola de expedientes, pero ya son caso cerrado.

¿A quién le contaba sus penas sobre esta montaña de expedientes?

Siempre me defendieron amigos que no me cobraron. No tenía con qué pagarles. Pero le digo que muchas de esas cosas me las tragué solito. En parte lo hice porque había otros exfuncionarios amigos sufriendo cosas peores. Algunos tuvieron prisión domiciliaria, aunque luego salieran inocentes. Todo por esa persecución.

¿Cuánta plata se gastó de su patrimonio?

Ninguna. No tenía cómo. Mi plata alcanza para vivir y mantener a mis hijos. ¿Qué le decían sus amigos de todas esas culebras que le quedaron?

Muchos me decían que no entendían cómo los organismos de control no cerraban expedientes tan ridículos como los que tuve. Muchos de esos procesos se cerraron solos, pero es un desgaste. Un tormento completo. Mire, hace tres años un estudiante me pidió que fuera su fiador para un préstamo en la universidad. Él no tenía a quién más recurrir y necesitaba alguien que acreditara finca raíz. Acepté, pero rechazaron el crédito porque la Contraloría había embargado mi casa en uno de estos procesos absurdos. Fui a la Contraloría a reclamar, se dieron cuenta de que ese proceso había sido archivado hace años y me levantaron el embargo.

Pero debe haber una forma para que los organismos de control, controlen, y para que los gobernantes no hagan tampoco lo que les dé la gana...

Sí la hay. No hay que partir de la tesis de que todos los funcionarios del Ejecutivo son buenos y quienes los controlan malos. Hay de todo. Considero en todo caso que sería sano quitarles a los organismos de control la facultad de sanción. Eso debería ser competencia sólo de los jueces. Es sorprendente que en Colombia los organismos administrativos tengan funciones sancionatorias. En otras partes del mundo eso no pasa. Lo otro que hay que reformar es quién nombra a las cabezas de los organismos de control. No puede ser el Concejo, que será el vigilado y al que tanto el personero como el contralor hipotecó su independencia para ganar el cargo. Es absurdo.

¿Es un sistema perverso?

La manera de solucionarlo es que si yo tengo la facultad de contratación, la responsabilidad penal y administrativa es de aquel que tiene la delegación. Eso debe quedar claro, porque mi responsabilidad es política por tener un secretario que resultó ser un ladrón, pero yo no puedo responder penalmente por sus actos. Políticamente sí. Es un debate difícil, complejo, complicado, pero habrá que darlo algún día. No digo que los funcionarios seamos impunes, pero tampoco me parece que 500 procesos o más encima sean la solución.