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El 18 de noviembre de 2000, varias mujeres del municipio de El Zulia (Norte de Santander) fueron abusadas por los paramilitares. Una de ellas estaba embarazada y fue accedida con tal sevicia que perdió el hijo que llevaba en el vientre. El 1º de julio de 2003, dos mujeres de El Plato (Magdalena) fueron violadas en su propia casa por miembros de las autodefensas. Una de ellas, que se encontraba en estado de embarazo, perdió su hijo por cuenta de las heridas infligidas por sus violadores. Estos son apenas dos de 175 casos de violencia sexual reseñados por el Tribunal Superior de Bogotá en un fallo de 2.261 páginas en el que condenó a Salvatore Mancuso y otros 12 exjefes paramilitares a ocho años de prisión y —además— a ofrecer excusas públicas a las víctimas.
El fallo es una larga lista de cruentas narraciones. De historias que dejan al descubierto la sevicia de los bloques Norte, Córdoba, Catatumbo y Héroes de los Montes de María. Por ejemplo, lo ocurrido con varias trabajadoras sexuales de Tierralta (Córdoba) que fueron asesinadas porque Salvatore Mancuso ordenó acabar con toda persona que se dedicara a esta actividad. O el caso de un padre que, desesperado por el secuestro y posterior abuso de su hija, entregó a su hijo para que se uniera a las autodefensas a cambio de que la joven fuera dejada en paz, y no lo volvió a ver hasta que se desmovilizó.
Pero no fueron sólo las mujeres. Un jornalero de Codazzi (Cesar) fue atado, torturado y accedido carnalmente por dos de los integrantes de ese grupo armado ilegal que le dijeron que “eso le pasaba por encubrir a otras personas”. Debido a este largo etcétera de vejámenes, el tribunal no sólo condenó a estos 13 exjefes paramilitares a ofrecer disculpas por estos hechos sino que, además, exhortó a varias entidades del Estado para que adelanten programas en pro de las víctimas de violencia de género.
Al Ministerio de Educación y a las secretarías de Educación de Magdalena, Sucre, Bolívar y Córdoba, por ejemplo, los exhortó para que elaboren y pongan en marcha “programas de pedagogía y visualización pública de la comisión de actos de violencia de género”. Por otra parte, al Ministerio de Protección Social y a las secretarías de Salud de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba los exhortó para que implementen un programa integral que se oriente a brindar apoyo a las mujeres y hombres víctimas de violencias sexuales y de actos de violencia de género, así como a sus núcleos familiares e hijos. Y al Ejército y a la Policía, “a realizar un acto público de compromiso de cero tolerancia frente a crímenes de violencia de género”.
Pese a que el tribunal hizo hincapié en la violencia de género, no dejó por fuera otro centenar de delitos atroces cometidos por los paramilitares del norte de Colombia. La Sala concluyó que las masacres fueron “el modus operandi de mayor selección para los bloques Norte, Córdoba, Catatumbo y Héroes de los Montes de María, observándose una alarmante recurrencia no sólo para los fines de su inicial penetración en las distintas zonas, sino de igual forma seleccionado como táctica para estabilizar su posicionamiento territorial y dominio sobre la población civil, al punto que se tornaron en una espiral de violencia que no sólo involucró atentados a la vida, sino simultáneamente violencia contra mujeres, bienes protegidos, torturas, desplazamientos masivos tal y como sucedió en las masacres de El Salado, de Santa Cecilia, de Playón de Orozco, de Zipacoa, de Cienaguita y de Bahía Portete”.
Y agregó que estas matanzas también constituyeron “un desafío dirigido al Estado central, en medio del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Los paramilitares usaron las masacres como la única acción eficaz para golpear y desmoralizar a la guerrilla, con lo cual aspiraban a ser reconocidos como un tercer actor político que podía tener asiento en la mesa de negociación”.
El tribunal hizo referencia, igualmente, a hechos tan lamentables como la persecución perpetrada por los ‘paras’ contra los sindicatos. Por ejemplo, contra el de la Universidad de Córdoba, contra Sintrainagro y contra el sindicato de Coolechera, una pujante empresa de lácteos que terminó infiltrada por los paramilitares.
Con el fin de que estos hechos no se repitan, el tribunal hizo una seria advertencia sobre los herederos de los paramilitares: las llamadas bandas criminales. “El mayor impacto de la incursión de los nuevos grupos armados ilegales ha sido la reedición de patrones de victimización mediante el empleo de un sistema recurrente de violencia orientado a seleccionar miembros de la población civil, apelando a un discurso de aniquilamiento del ‘enemigo’, actos de amedrentamiento y silenciamiento, y persecución de la población desplazada. Las huellas y los efectos derivados del accionar también han involucrado múltiples homicidios que abarcan gran parte de los departamentos de la región Caribe”.
Esto acompañado de un control extorsivo, selectivo y pormenorizado a comerciantes. Estas estructuras, sostuvo el tribunal, exigen el cumplimiento de pagos, vacunas o labores o tareas de apoyo, verifican y vigilan la movilidad de los pobladores a través de la imposición de horarios, inspeccionan las comunicaciones telefónicas privadas, envían amenazas a líderes comunitarios, al tiempo que se valen de formas asociativas y económicas locales para sacar ventaja, tales como el mototaxismo.
El tribunal sostuvo al respecto que “en virtud de que cada vez se documentan mejor estas circunstancias, y ante un hecho notorio de la realidad política nacional, la sala debe resaltar la importancia de que los procesos de desarme, desmovilización y reintegración se acompañen de políticas complementarias que conduzcan a la desarticulación efectiva de las estructuras criminales en aquellos territorios en los que operaron los grupos desmovilizados de las Auc, acordes con procesos de seguimiento y verificación”.
Por ello hizo una serie de exhortaciones a la Agencia Colombiana para la Reconciliación, e Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo para que amplíen los programas de desmovilización. Todo para que esta pesadilla no vuelva a ocurrir.
* jjimenez@elespectador.com / @juansjimenezh