Los argumentos que trasnochan al procurador

Echando mano de las críticas que ha esbozado la respetada ONG Human Rights Watch, así como de declaraciones que en su momento hizo la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en torno a la impunidad de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, y, sobre todo, de un extenso análisis de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), la Procuraduría está convencida de que si la Corte Constitucional le da su bendición al controvertido Marco Legal para la Paz, la justicia internacional será la que reivindique a las víctimas de las Farc y lleve a los tribunales a los jefes guerrilleros.

El Espectador conoció documentos de trabajo y discusiones internas en el Ministerio Público que sustentan lo que ya el procurador Alejandro Ordóñez ha anticipado en muchos escenarios: que el Marco para la Paz contraría la Constitución y es un monumento a la impunidad. Según la norma aprobada el 31 de julio de 2012 —que constituye la estructura legal que cobijaría a las Farc en caso de que firmen la paz—, los esfuerzos en la investigación penal se centrarían en los máximos responsables del grupo ilegal y sobre delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para el procurador, esto es inadmisible.

Los informes y las discusiones internas del Ministerio Público sobre el Marco para la Paz y la polémica suscitada con el fiscal Eduardo Montealegre, conocidos por este diario, se producen justo cuando una comisión de la CPI en Colombia analiza las luces y sombras de la polémica ley que les permitiría a Timochenko y a otros miembros del secretariado hacer política. En ese contexto, cobra importancia la declaración que Human Rights Watch dio en junio de 2012 concluyendo que el Marco para la Paz no era otra cosa que una amnistía encubierta y que mientras la CPI está observando la situación de Colombia, esta norma transmitiría el mensaje de que el gobierno Santos no está dispuesto a avanzar en las iniciativas de justicia.

Para la Procuraduría, la Fiscalía de Montealegre ha intentado justificar la impunidad del controvertido Marco para la Paz aduciendo que la prisión no es la única alternativa para hacer justicia y reparar a las víctimas, y que incluso la pretensión de que los guerrilleros purguen condenas en prisión hace parte de la concepción de un derecho premoderno de hace 300 años. En contravía con esas declaraciones públicas del fiscal Montealegre o las valoraciones propias de sus alcances en el Ministerio Público, lo cierto es que para Alejandro Ordóñez no es “perfectamente razonable” que las penas de las Farc puedan ser suspendidas en aras de la paz.

Uno de los documentos analizados y discutidos es la constancia que dejó en el año 2005 la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia cuando valoró la Ley de Justicia y Paz. Al hacer un balance sobre los alcances de proporcionalidad de las penas, entre 5 y 8 años de prisión para quienes confesaran sus crímenes y repararan a las víctimas, la ONU manifestó que era necesario un tiempo efectivo de privación de la libertad que resulte acorde a la gravedad de los delitos cometidos por la organización alzada en armas y el lugar jerárquico que ocupe su perpetrador. Un requisito mínimo que condicionaba cualquier beneficio procesal para quien dejara las armas. Esa es la nuez del debate con las Farc.

En otro reporte de las Naciones Unidas, hecho por la experta Diane Orentlicher, evaluado por la Procuraduría, se lee que la impunidad “constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, así como garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición”.

Y, en referencia al citado reporte de Orentlicher, se advierte que incluso cuando por finalidad se busque crear condiciones propicias para un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía u otras medidas parecidas sólo se aplicarán dentro de los límites que ha fijado el derecho internacional. Con todo ese arsenal de posiciones jurídicas, para la Procuraduría los criterios de selección de la investigación y sanción penal de los miles de crímenes de las Farc van camino a un indulto bajo la eufemística figura de “la renuncia condicionada a la persecución judicial penal”.

Asimismo, el criterio de sistematicidad de los delitos podría llevar al Estado a dejar de considerar como genocidio el caso de la muerte de un líder de un grupo o de una población, aun cuando el propósito hubiera sido la eliminación absoluta de todo ese grupo; o excluir que el homicidio en persona protegida —como el del exgobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, degollado en diciembre de 2009 por las Farc— ya no sea considerado un crimen de guerra. Para el Ministerio Público, los criterios de selección del Marco para la Paz obvian graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, un delito que si bien no necesariamente puede ser sistemático, tampoco puede quedar impune.

La preocupación de la Procuraduría también se circunscribe a la impunidad que habría en los ataques contra la población civil o contra instalaciones educativas en regiones apartadas, así como los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada y hasta abortos documentados en la guerrilla, además del largo etcétera de crímenes perpetrados en medio siglo de conflicto. Por eso su conclusión es inamovible: la CPI no va a obviar el Marco para la Paz sólo con el argumento de que se trata de una decisión de Estado para buscar la reconciliación nacional. La advertencia es muy clara desde la orilla de Alejandro Ordóñez: si no hacemos justicia, la hará la CPI.