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Judicial 8 Jun 2013 - 10:51 am

Autodefensas Campesinas del Casanare

'Los Buitragueños', en el banquillo de los acusados

La Fiscalía avanza para establecer la responsabilidad de los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada en crímenes cometidos en Boyacá y Los Llanos.

Por: Redacción Judicial
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Nelson Buitrago Parada, alias 'Caballo'.

Paso a paso va avanzando la justicia para establecer la responsabilidad de Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, más conocidos como ‘Los Buitragueños’, frente a crímenes planeados, patrocinados y cometidos por su grupo armado ilegal: las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Desde que fue capturado en febrero de 2012 en Venezuela, Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, se ha negado a cooperar con la justicia. En diciembre de este año, una comisión judicial lo entrevistó en el marco de la investigación por los supuestos nexos entre el exministro Germán Vargas Lleras y las ACC –desvirtuados por la Corte Suprema y la Procuraduría–. ‘Llanos’ señaló que no hablaría hasta que estuviera postulado al Programa de Justicia y Paz.

Su hermano alias ‘Caballo’, sin embargo, no ha tomado la misma ruta. Hace tres semanas, cuando se realizaba la audiencia de formulación de cargos en su contra, aceptó los cargos imputados por la muerte de seis personas, casos en los que la Fiscalía ha podido comprobar que las ACC estaban involucradas.
Esos asesinatos, señaló la Fiscalía, ocurrieron en el marco de un plan general que las ACC establecieron en Boyacá: desaparecer a cualquier persona ‘indeseable’, categoría en la que encajaban tanto los considerados auxiliadores de la guerrilla como los posibles objetivos de la mal llamada “limpieza social”, como indigentes, drogadictos y prostitutas.
Para el organismo investigativo es claro que ‘Caballo’, al igual que ‘Martín Llanos’, conformaron en Boyacá un comando de “contraguerrilla urbana”, comandado por Josué Darío Orjuela, alias ‘Solín’, y Luis Eduardo Linares, alias ‘HK’, asesinado en 2005.

Los cargos que ‘Caballo’ admitió tienen que ver con la muerte de seis personas: un trabajador de una plaza de mercado, un trabajador de una estación de gasolina, dos trabajadoras sexuales desplazadas de Aguazul, Casanare (zona de fuerte influencia de las ACC), la dueña de una licorera y un mecánico de autos. Todos fueron asesinados entre octubre y diciembre de 2003.

Ese es el primer avance que tiene la Fiscalía. Este organismo, sin embargo, sabe que la dimensión de la violencia paramilitar en Boyacá va mucho más allá de seis asesinatos, y con el fin de comprobarlo sigue indagando, obteniendo declaraciones de exintegrantes de las AUC y recogiendo cualquier otra información que sirva para ello.

Según la Fiscalía, en lo que incurrieron las ACC fue en un “sistemático exterminio de quienes fueran calificados por ellos con los epítetos de ladrones, viciosos, violadores, colaboradores de la guerrilla o simplemente personas que se negaran a respaldar el proyecto paramilitar”.

‘Martín Llanos’, por su parte, se negó a aceptar cargos similares imputados por la Fiscalía, en relación con la muerte de seis personas, una de ellas un menor de edad. Como él mismo lo ha señalado ante funcionarios judiciales, no hay posibilidad de que él revele secretos del paramilitarismo, especialmente en lo que tiene que ver con parapolítica, a menos de que él sepa que obtendrá beneficios penales. En este caso, el gobierno (que es el que tiene la potestad para postular ante Justicia y Paz) tiene la última palabra.

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