Los claroscuros de la restitución de tierras

/El Colombiano

"Restituir 20.694 hectáreas ha costado 49 muertos", es una de las conclusiones a las que llegaron las Fundaciones Paz y Reconciliación y Forjando Futuros en su segundo informe sobre la restitución de tierras. Un análisis que, basado en las sentencias proferidas por los jueces agrarios, ha identificado los avances y dificultades de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual está próxima a cumplir tres años desde que se promulgó.

El informe se basa en el seguimiento de 372 sentencias de restitución proferidas entre julio de 2011 y el 14 de marzo de este año, a través de las cuales se han resuelto 927 solicitudes y se han devuelto 789 predios. Sin embargo, para Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, existe un dato altamente preocupante: de las más de 20.000 hectáreas restituidas, 8.000 le fueron entregadas a una familia de apellido Perilla en la región de Puerto Gaitán (Meta).

"Sospechamos que la restitución a esta familia Perilla se ha hecho violando la ley. Esta es una muy buena ley, pero muy mal aplicada. Reconocemos los avances en materia de justicia transicional, pero las estadísticas demuestran que los resultados son muy malos. El Gobierno esperaba atender 360.000 casos y sólo han llegado 54.063 solicitudes. Así que el 85% de los despojados no se ha acercado. El 70% de las solicitudes está represado y el 1,7% ha tenido respuesta", señaló Gerardo Vega, de Forjando Futuros.

Precisamente, el informe destaca que la lentitud del proceso de restitución, que, según proyecciones, al ritmo que va tomará más de cien años, se debe a la microfocalización. "Lo que ha fallado no es la ley, sino la implementación. Es que se inventan cosas, como la microfocalización, en la que resulta que el Ejército es quien tiene la palabra, y por supuesto eso es un error. Cómo van a ser los militares árbitros de la microfocalización, que hasta han resultado involucrados en casos de despojo", complementó León Valencia en nombre de Paz y Reconciliación.

Al respecto, la preocupación de los investigadores tiene que ver con que el principal error en la implementación de la ley está asociado al concepto de que sólo se restituirá en las zonas donde haya condiciones de seguridad. "La idea de que se va a restituir sólo donde hay condiciones de seguridad es matar la ley, porque las rutas de la violencia han seguido las rutas del despojo y eso ocurrió sobre todo en el área rural", concluyó Vega, quien sentenció que "por este camino la ley va director al fracaso".

Otro de los aspectos que preocupa a las organizaciones es que de los 789 predios restituidos, el 58% eran baldíos de la nación, por lo que en realidad las tierras que fueron despojadas regresaron a sus propietarios. De igual manera, el informe advierte su preocupación por la negativa de la Unidad de Restitución a adelantar procesos de restitución a quienes están en zonas de reserva ambiental, ya que se calcula que 35 mil familias pueden queden por fuera de la ley.

Para Valencia otro de los problemas que se observan en la implementación es la llamada inversión de la carga de la prueba, "porque al principio se dijo que iban a ser los propietarios los que iban a demostrar la posesión pero después se convirtió en que era la Unidad de Restitución la que decidió que eso lo tenía que asumir el Estado, convirtiéndolo en un proceso largo y costoso".

León Valencia también advirtió que la ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras es una mala carta de presentación del gobierno para cuando se empiece a discutir el tema de víctimas en la mesa de diálogos de La Habana. "El Gobierno iba a demostrar lo que podía a hacer a las Farc y ahora va con las manos vacías", señaló el analista político.

Finalmente, las organizaciones no gubernamentales señalaron que se ha descubierto un cartel de seis personas oponiéndose a las víctimas. Gabriela Inés Henao Montoya, capturada el pasado lunes 17 de marzo, así como Diego Alois Sierra, Héver Walter Alfonso Vicuña, Miguel Enrique Ríos Dávila, Guillermo León Restrepo Rico y Gabriel Jaime Vásquez, se han presentado como opositores en 191 procesos de restitución en Córdoba. El informe concluye que, pese a los problemas, hay avances en materia de justicia transicional, formalización de los derechos de los restituidos, garantías para los opositores, restitución en zonas de reserva ambiental, alivios tributarios de las víctimas y aplicación del enfoque diferencial.