:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/3aZUeo283PvVeHtDwf5I8gqVVEA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/AUBTG3Z6AZAYVGWVG6GLVMRQIY.jpg)
Mucho se ha especulado sobre las declaraciones que ha entregado Sor Teresa Gómez, denominada como la reina del despojo de tierras y la mujer más cercana a la casa Castaño. En estos momentos purga una condena de 40 años de prisión por la muerte de la líder campesina Yolanda Izquierdo, asesinada en 2007. Asimismo, afronta una investigación por el desplazamiento de más de 800 familias del Urabá que terminaron vendiendo a precios irrisorios sus tierras por la presión de los paramilitares bajo el mando de Fidel Castaño en los años 90. El pasado 10 de marzo le dictaron medida de aseguramiento por este caso y todo parecía ir con el acelerador a fondo. Sin embargo, una serie de diferencias entre la Fiscalía y la defensa estancó el proceso en el que aparentemente estaba colaborando Sor Teresa.
Y es que, al parecer, la relación se empezó a fracturar después de que Sor Teresa enviara una carta el pasado 4 de abril a la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) manifestando que quería colaborar con la justicia y que debido a los contextos de violencia que conoce la unidad, las investigaciones en su contra fueran asumidas por ésta. Según el abogado defensor, Jaime Paeres, en dos oportunidades enviaron la carta y hasta el momento no han recibido respuesta formal. Contrario a esto, el director de la Dinac, Juan Pablo Hinestrosa, enfatizó que sí se decidió e informó sobre el asunto, y fue el Comité de Priorización de la Fiscalía el que determinó el pasado 16 de septiembre que el expediente se quedaría en el Grupo de Trabajo contra la desaparición forzada y el desplazamiento (Unes).
En la carta que envió en abril Sor Teresa se lee: “La petición se fundamenta en múltiples e importantísimos argumentos. Es un hecho real que la nueva metodología de investigación de la Unidad de Análisis y Contexto es más garantista para las partes (...) un proceso investigativo que nos permita reconstruir y confesar de forma plena y certera las razones y los responsables de los hechos que nos reprochan, y principalmente los relacionados con entidades como Funpazcor (Fundación para la Paz en Córdoba), Fondo Ganadero de Córdoba, hermanos Castaño, entre otros. En mi caso, si no se cambia la metodología, no se armonizan las investigaciones y no son llevadas por un solo fiscal, las limitaciones fácticas y jurídicas harán que sigan haciendo una interpretación parcial, inexacta, imprecisa, en donde la primera sacrificada es la verdad”.
Según indicó el director de la Dinac, la solicitud no tenía cabida, ya que “Sor Teresa no tiene casos en la Dinac. La mayoría de procesos están en la Unes. Ellos están presionando para que se traslade a la Dinac, pero el Comité de Priorización de la Fiscalía, que es presidido por el fiscal general y el vicefiscal, decidió que el caso se quedaba en la Unes, ya que era la investigación más importante de la unidad”. Por su parte, Paeres puntualizó que “la única oportunidad que tuvimos nosotros de hablar en ese entonces con la Fiscalía fue en una reunión con el director de la Dinac y en pocas palabras nos dijo que no les interesaba”.
En su carta, Sor Teresa también precisó que “en la actualidad se investigan de forma separada unos hechos relacionados con unos inmuebles, desplazamiento, extinción de dominio, lavado de activos, y en ninguna de las tres ni siquiera me han brindado la oportunidad de entregar bienes para la reparación de las víctimas (...) Mi deseo es estregar los bienes para la reparación de las víctimas cuya titularidad tengo y otros que no están a mi nombre, confesar cómo fueron adquiridos, dónde están ubicados y aclarar la situación de tantas tierras reclamadas por supuestas víctimas que quieren engañar a la justicia”.
El abogado Paeres señaló que “es extraño lo que está sucediendo, por eso buscamos en la Subunidad de Persecución de Bienes de Justicia y Paz y allá sí nos aceptaron la propuesta. Ya se está adelantando el trámite para que se reciba la versión de Sor Teresa y se materialice el recibimiento de bienes. Una cuestión importante es que todo el mundo habla de los bienes de la familia Castaño, pero pocos saben cuáles son y quiénes los tienen. En la Dinac no sabríamos decir qué pasa. Fue sorprendente que los temas no quisieran ser abordados por la Unidad, pero más sorprendente es que los fiscales que llevaban los casos fueran removidos. Pero eso ya es decisión interna de la Fiscalía”.
En la Fiscalía, el tema de Sor Teresa ya está generando incomodidad. El director de la Dinac fue enfático en decir que no era ningún capricho personal y que la decisión fue tomada por el Comité de Priorización, un grupo integrado por ocho personas. Agregó que “en un procedimiento irregular, la fiscal del caso de ese entonces se saltó las instancias y lo llevó directamente ante el Comité. Este último terminó recordando que las solicitudes se deben realizar por el canal respectivo y no a través de terceros. Y, como dijo el vicefiscal, la Fiscalía no está para hacer mandados de personas acusadas”.
El capítulo de Sor Teresa, que se logró clarificar aún más gracias a las declaraciones de uno de los testigos estrellas de la Fiscalía en el tema de despojo, Benito Osorio Villadiego, aún está por escribirse. Cabe recordar que Villadiego fue quien echó al agua a los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba y a Sor Teresa por participar en las irregularidades que terminaron por desplazar a miles de campesinos que se vieron amenazados tras la aparición de Funpazcor en noviembre de 1990, ya que esta fundación les hizo firmar documentos falsos que luego eran acreditados ante notarías.
“Sor Teresa es la persona más cercana a los Castaño y manejó, entre comillas, la parte social y legal en cuanto al tema de fundaciones y relaciones con campesinos. Nosotros la propusimos a ella para que liderara el proceso de entrega y que a las verdaderas víctimas se les devuelvan sus bienes”, recordó Paeres, quien agregó que su defendida está dispuesta a colaborar con las autoridades, siempre y cuando le brinden las garantías que no encontraron, supuestamente, en la Dinac.
smartinezh@elespectador.com
@santsmartinez