La declaratoria de nulidad de la elección de Viviane Morales como fiscal general de la Nación, por parte del Consejo de Estado, y su posterior renuncia al cargo reconociendo que se vio obligada a hacerlo porque el fallo provocó el debilitamiento institucional de su tarea, sacó a relucir esta semana la crisis en que hoy se debate el Poder Judicial. Y la razón, así sus artífices lo nieguen a voces, es la penetración de la política en sus entrañas. El Estado de Derecho permeado por el vaivén de las rencillas partidistas.
¿A qué horas el país se precipitó en la dinámica de los escándalos judiciales alentados por la pugnacidad política? ¿Puede atribuirse al modelo constitucional o a los dilemas del país? Lo cierto es que aquel axioma que rezaba que los jueces se pronunciaban a través de sus providencias, hoy es asunto del pasado. Y lo que se vivió esta semana, nada distinto a una nulidad anunciada, es la demostración de que la reforma a la justicia es necesaria, aunque algunos dignatarios del Poder Judicial se preguntan si el Congreso tiene la legitimidad de hacerla.
Una sinsalida que en la trasescena del sainete que vivió el país, sacó a relucir además la urgencia de otorgarle a la Fiscalía la credibilidad que requiere. Una tarea que por ahora recae en el presidente Juan Manuel Santos, en la difícil misión de integrar una terna de juristas con suficiencia ética y distancia de la política, y a la Corte Suprema de Justicia, con suficientes méritos para demostrar su majestad, pero abocada a contribuir a una solución inmediata a una crisis que en parte también ayudó a crear.
Un problema que se acentuó mucho antes de que el exfiscal Mario Iguarán Arana terminara su gestión al frente de la Fiscalía y el país cayera en el absurdo enfrentamiento entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Con excesos tales como el montaje del caso Tasmania para tratar de desprestigiar al investigador de la parapolítica, magistrado Iván Velásquez, o la osadía del DAS de ubicar micrograbadoras en la Sala Plena del alto tribunal para espiar sus deliberaciones.
Cuando Iguarán concluyó su misión, el 31 de julio de 2009, ya estaban tan exacerbadas las pasiones políticas entre el gobierno Uribe y la Corte, que lo que sucedió apenas explica el bochinche de esta semana. Desde el 6 de julio, es decir, 25 días antes de que Iguarán terminara su mandato, el entonces presidente Uribe remitió a la Corte su terna de candidatos para reemplazarlo. La integraban los abogados Juan Ángel Palacio, Virginia Uribe y Camilo Ospina. Pero la Corte los consideró inviables.
El 26 de octubre renunció Juan Ángel Palacio. El 9 de diciembre lo hizo Virginia Uribe. El 13 de mayo le tocó el turno a Camilo Ospina. Al final, la terna cambió sus nombres por los juristas Jorge Aníbal Gómez, Margarita Cabello Blanco y Marco Antonio Velilla. Pero tampoco la Corte Suprema accedió a escoger a alguno de los postulados. Entre tanto, la Fiscalía quedó en manos del exvicefiscal Guillermo Mendoza Diago y para acompañarlo llegó del Tribunal Superior de Bogotá el abogado Fernando Pareja.
Cuando Álvaro Uribe terminó su segundo mandato, en agosto de 2010, Mendoza y Pareja ya llevaban un año ocupando en interinidad la Fiscalía. Para no equivocarse, el gobierno Santos optó por acudir a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para indagar si podía cambiar la terna y si existía algún derecho adquirido entre quienes la integraban. El 28 de octubre de 2010, el Consejo de Estado contestó que podía cambiarla y que los antes postulados no tenían derechos adquiridos ni conservar su condición de candidatos.
Con este aval, el presidente Santos integró su terna y postuló a Juan Carlos Esguerra, Carlos Gustavo Arrieta y Viviane Morales. Con otro ambiente político, a la Corte Suprema de Justicia le cogió el afán, pero tenía un problema: por vencimiento de sus períodos ya no eran 23 los magistrados sino 18. Es decir, tenía que proveer cinco vacantes, pero antes elegir a un fiscal en propiedad. Lo concretó el 23 de noviembre de 2010, pero lo realizó interpretando el reglamento para que las dos terceras partes exigidas se hicieran sobre 18 votos.
Con 14 votos, los mismos que había alcanzado Margarita Cabello en una de las votaciones precedentes con diferente quórum, ese día Viviane Morales salió elegida fiscal general de la Nación. En ese momento ya parecía superada la crisis y el país celebró el ascenso de una mujer a tan importante cargo. Pero más se demoró en posesionarse y en empezar a adoptar decisiones, que en aparecer un tal Ferleyn Espinosa Benavides, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, demandando la elección de la fiscal Morales.
En ese momento la Fiscalía, además de avanzar en sus investigaciones frente al escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, les daba forma a las pesquisas por las ‘chuzadas’ del DAS, el caso Agro Ingreso Seguro, la nueva oleada de la parapolítica o las falsas desmovilizaciones, todas investigaciones asociadas con el gobierno o aliados políticos de Uribe. La incomodidad del uribismo con las actuaciones de la Fiscalía eran evidentes, como lo fueron durante la interinidad de Mendoza por la misma razón.
Entonces empezó a moverse la justicia y también la política. En agosto de 2011 la Procuraduría conceptuó que el presidente Santos no podía desconocer la última terna de su antecesor Uribe, pero asumió que no cabía la demanda contra la elección de la fiscal Viviane Morales. El ponente del caso en el Consejo de Estado, Alberto Yepes, propuso que la fiscal se quedara, pero sólo hasta el 31 de julio de 2013. El asunto debía resolverse en la Sección Quinta, pero Yepes la llevó a la Sala Plena, y aparecieron los 15 votos que la tumbaron.
No es secreto que uno de los promotores del fallo, aunque no participó en la discusión porque se declaró impedido, fue el consejero Marco Antonio Velilla, quien había estado postulado en una de las ternas de Uribe. Y que lo apoyó decididamente la magistrada Susana Buitrago. Sólo nueve de los consejeros se apartaron de la determinación mayoritaria. Lo único claro hasta hoy es que, después de 14 meses, la elección de la fiscal Viviane Morales quedó sin piso jurídico y, ante la súbita decisión, ella decidió renunciar sin ahorrar sus pullazos.
Hoy todo son interpretaciones, pero nadie duda del barniz de la política. En el interior de la Corte Suprema de Justicia predomina la incertidumbre, porque hay quienes creen que lo que ellos consideran que fue un error administrativo, podría ser interpretado como un prevaricato. Pero impera el malestar con el Consejo de Estado por el despelote que armó con un fallo que algunos piensan no estuvo tan ajustado al derecho. Con otro dolor de cabeza: en la misma Sala fueron elegidos varios magistrados de la Corte, cuyas designaciones también podrían ser demandadas.
“Lo del Consejo de Estado estaba cantado. Algunos sabíamos desde enero que la fiscal Morales se iba a caer, el problema es que se nos vino el mundo encima”, comentó una fuente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora la expectativa es que el presidente Santos sepa entender las nuevas realidades del alto tribunal, donde las mayorías ya no están del lado de la Sala Penal, como en los tiempos de Yesid Ramírez, sino que las cargas están repartidas y la nueva composición ya no quiere confrontación sino trabajo.
No obstante, hay aspectos que siguen pesando en el tema penal. Y el eje de la discusión judicial y también política sigue siendo el ventilador colectivo de los jefes paramilitares extraditados y los que se quedaron en las cárceles de Colombia. De hecho, como lo resaltó en su renuncia la fiscal Morales, después de tres años de silencio volvieron a hablar y sus versiones están causando revuelo. Tanto que ya la Corte Suprema de Justicia ha reclamado su derecho a participar de la nueva ronda de señalamientos de los jefes paramilitares.
El problema es quién va a ser la punta de lanza para encauzar debidamente estas declaraciones y, asimismo, darle curso a una nueva era en la Fiscalía General de la Nación. Con la dificultad adicional de que, si se sostiene la tesis de que el período de los funcionarios es institucional, el nuevo fiscal sólo estaría hasta julio de 2013. Es decir, un funcionario para año y medio con toda la carga de presiones políticas y mediáticas, y el habitual cúmulo de expedientes y escándalos por resolver, acrecentado por los casos que van llegando a los despachos.
El sonajero está al orden del día. Se habla de la exfiscal y exprocuradora Martha Lucía Zamora, del exministro de Justicia Fernando Carrillo, del exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes y hasta del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla. También se habla del exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll, el exvicefiscal Fernando Pareja y hasta la actual contralora Sandra Morelli. La idea que prevalece es tratar de desterrar la influencia política que hoy ronda por las corporaciones de justicia.
Pero no es un asunto fácil y el ambiente que vive el país también está marcado por la urgencia de una reforma judicial que llega a su momento crucial en el Congreso. Con un agravante, en el interior de la Corte Suprema hay quienes creen que es inconcebible que algunos parlamentarios, sujetos de eventuales procesos penales, sean quienes vayan a reformarlos. Lo que domina en el ambiente es la desconfianza mutua y, simultáneamente, la polarización política que se acentuó durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Hay muchos aspectos en juego. En el Ejecutivo se tiene claro que la estabilidad de la Fiscalía es también un mensaje al exterior sobre la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Del otro lado, en la Corte Suprema de Justicia, existe la convicción de que el momento de pelear ya pasó y lo que se requiere es marchar por el mismo camino de cerrarles el paso a los corruptos y los violentos. Pero la primera tarea en ambos frentes es quitarles el poder a los políticos que han extendido su clientelismo hasta la justicia.
Por ahora prevalece el sentimiento de que con el novelón de la fiscal Viviane Morales y su caída en el Consejo de Estado, más el añadido de su esposo Carlos Alonso Lucio y su lastre de exguerrillero, excondenado y exasesor de las autodefensas, el asunto de la politización de la justicia parece haber tocado fondo. Todos quedaron en entredicho. La Corte Suprema por no haber escogido fiscal después de año y medio, el Consejo de Estado con un fallo que parece sacado del rigorismo medieval, el uribismo que no quiere reconocer sus yerros y la política en pleno que sigue aferrada a sus laxitudes.
Seguramente vendrán nuevas demandas y la guerra jurídica seguirá acaparando titulares, pero el espectáculo al que ha asistido la sociedad en la última semana tendrá consecuencias a corto plazo. Hoy, la Fiscalía está en manos de un académico que llegó hace un mes a la Vicefiscalía, pero podría cambiar si la Corte determina que tiene derecho a poner su cuota. Por eso se requiere que el Consejo de Estado entienda que su sentencia es urgente y que la Presidencia asuma que llegó la hora de que la Fiscalía se convierta en la institución que le devuelva la credibilidad a la justicia.
Los siete fiscales
No ha sido fácil el recorrido de la Fiscalía. Al primer fiscal, Gustavo de Greiff, la Corte lo sacó en 1994 porque cumplió 65 años. Sólo estuvo tres años. Después vino Alfonso Valdivieso, que sólo estuvo tres años, hasta 1997, porque se lanzó a la política. Lo sucedió Alfonso Gómez Méndez, primer fiscal en terminar su período en 2001. Luego fue elegido Luis Camilo Osorio, quien ocupó el ente investigador entre 2001 y 2005. El abogado Mario Iguarán lo hizo entre 2005 y 2009. Acto seguido se precipitó la crisis. El abogado Guillermo Mendoza Diago estuvo al frente de la Fiscalía hasta enero de 2011, acompañado por el magistrado Fernando Pareja. En 2012 asumió Viviane Morales, quien acaba de dejar su cargo.
La opinión de Álvaro Uribe sobre la terna
El pasado miércoles, durante un foro con estudiantes del Cesa, el expresidente Álvaro Uribe fue consultado sobre la nulidad de la elección de la fiscal Viviane Morales, y el exmandatario expresó: “La opinión pública de la patria conocen mis discrepancias, que han sido públicamente ventiladas con un sector de la Corte Suprema de Justicia”.
Y luego admitió que, al principio de su gobierno, el presidente Santos lo llamó para comentarle que debía cambiar la terna. Uribe expresó: “La terna nuestra no era de amigos de Álvaro Uribe. Era Gómez Gallego, a quien yo no conocía; Marco Velilla, a quien conocía, y Margarita Cabello, a quien acaban de nombrar magistrada de la Corte”.
Uribe recalcó que le explicó todo eso y luego anotó: “Usted es el presidente”. Durante su foro en el Cesa, el expresidente agregó: “De pronto yo le pude haber dicho otra cosa, pero como todo ser humano, tenemos horas de inocencia. Y yo le dije: Acepto lo que usted diga. Y la cambió. Bueno, dejémoslo ahí”.
De cambios e interpretación de reglamentos
Entre el 13 y el 15 de julio de 2010 el Consejo de Estado vivió una situación peculiar: urgido por el retraso en algunas demandas y la necesidad de reintegrar el quórum de su Sala, optó por darle una reinterpretación a su reglamento. El tema terminó en una modificación para facilitar la integración de listas de elegibles.
Esta secuencia, que permitió la elección de nuevos magistrados con el quórum que existía en ese momento y sin tener en cuenta la posesión de nuevos miembros, salió a relucir esta semana cuando la Sala Plena del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de la fiscal porque la Corte Suprema cambió sus reglas de juego.
El asunto es que el reglamento de la Corte decía que para elegir fiscal, el escogido debía alcanzar las dos terceras partes de los votos, sobre un total de 23 magistrados. En la práctica lo hizo sobre 18 votos, porque cinco debían ser escogidos. Este hecho no fue admitido por el Consejo de Estado, que anuló la elección de Viviane Morales.