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Los líos que rodean al recientemente destituido Gustavo Petro parecen no acabar. Después de que el Consejo de Estado asegurara que sus derechos políticos y los de sus electores no habían sido vulnerados por el fallo disciplinario de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó durante 15 años, el mismo tribunal suspendió los efectos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que había expedido Petro, ya que, manifestaba, el exalcalde no tenía las facultades de realizar la modificación. Sin embargo, el asunto va más allá de una cuestión administrativa, porque Petro fue denunciado penalmente.
El 6 de septiembre de 2013, el abogado Mauricio Pava presentó una denuncia contra Gustavo Petro por el delito de prevaricato por acción, con el argumento de que el decreto 364, expedido el 26 de agosto de 2013 por el alcalde para modificar el POT, era una “actuación abiertamente ilegal, arbitraria y desconocía el papel de las instituciones creadas por la Constitución Política de 1991”. Según manifestó Pava en la denuncia, todo se remonta al 2 de mayo del año pasado, cuando la administración Petro presentó ante el Concejo el proyecto para transformar el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado por el decreto 619 de 2000, revisado por el decreto 469 de 2003 y compilado en el decreto 190 de 2004.
En esa fecha comenzaron los debates en el Concejo. El 7 de junio de 2013, nueve cabildantes tumbaron el proyecto petrista. Seis concejales estuvieron a favor. A pesar de que dos de los ponentes a favor del nuevo POT radicaron ese mismo día una solicitud de reconsideración, la Plenaria del Concejo negó dos días después esas pretensiones. Entonces, el 26 de agosto de 2013, el alcalde expidió —según el denunciante, de manera unilateral— el cuestionado decreto 364, “por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial”.
En ese momento Petro consideró que debía emitir un decreto para modificar el POT ya que consideraba que si no lo hacia se crearía un caos institucional y agregó en agosto de 2013 que tres cuartas partes de esta normatividad están destinadas a adaptar a la ciudad a las nuevas realidades que está viviendo en materia ambiental y de calidad de vida de los habitantes. El exalcade también dijo en su momento que la Administración Distrital estaba facultada por la ley para expedir por decreto esta modificación después de que en el Concejo de la ciudad no se diera trámite a la discusión.
El Consejo de Estado, tras estudiar una demanda contra esta decisión, suspendió temporalmente el POT manifestando que Petro no tenía “facultades extraordinarias” para modificarlo: “La facultad excepcional sólo es posible cuando el Concejo no toma ninguna decisión sobre el proyecto en un plazo de 90 días, lo cual no aconteció en este caso (...) el Alcalde no podía adoptarlo por decreto”. En la decisión también se lee que el proyecto se presentó y fue negado dentro de los términos legales y que la ponencia negativa fue la que alcanzó la mayoría de votación, y a pesar de que se presentó una solicitud de reconsideración, fue de manera extemporánea, por lo que el proceso se archivó.
Para el abogado Pava, esta situación es una clara prueba de que Petro actuó en contra de la ley, pues desconoció el artículo 313 de la Constitución, el cual “les da la facultad a los concejos para reglamentar el uso de los suelos”. El denunciante puntualizó que el exalcalde expidió el referido decreto “sobre la voluntad general, en este caso del Concejo de Bogotá en el cual están representados los ciudadanos (...) siguiendo sus convicciones y caprichos personales”. Tras el fallo del Consejo de Estado, el abogado Pava envió una carta al despacho del vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, que es el encargado de alentar las investigaciones contra Petro, solicitándole que procediera a imputarle cargos por el delito de prevaricato por acción.
El proceso contra Petro por supuestamente haber modificado el POT a su antojo se encuentra en la Fiscalía en etapa de indagaciones preliminares. Sin embargo, cinco meses antes de que el Consejo de Estado dejara en el limbo el proyecto, el ente investigador dijo en una audiencia celebrada el 22 de octubre de 2013 que su hipótesis investigativa se basaba en que Petro habría podido incurrir en un prevaricato al desconocer el artículo 313 de la Constitución y que “únicamente el burgomaestre podrá hacer uso de manera unilateral de esos suelos a través de decretos si dentro de los 90 días siguientes el Consejo no se ha pronunciado”.
Es decir, prácticamente los mismos argumentos del alto tribunal. En estos momentos, a Bogotá la rodea un manto de duda. No se sabe qué pasará con los permisos de construcción que se entregaron con base en el POT creado por Petro. Asimismo, quienes estén encargados de Bogotá, como Rafael Pardo o quien sea elegido por voto popular en las elecciones atípicas, no podrán tomar acciones frente al POT mientras el Consejo de Estado no tome una decisión de fondo. Bogotá está condenada por un buen tiempo, frente al tema de la reglamentación del uso del suelos, en interinidad.