Los entretelones del caso Pretelt

El Espectador recoge los principales episodios relacionados con el escándalo que desató la denuncia del magistrado Mauricio González.

“El caso Fidupretel”. Así bautizó este escándalo el investigador Alberto Donadío desde estas mismas páginas. Y su título ya comenzó a hacer carrera. Se trata del episodio más grave denunciado en toda la historia de la Corte Constitucional: ni más ni menos que un supuesto soborno de $500 millones entregado al magistrado Jorge Pretelt con el fin de tumbar un fallo que condenó a Fidupetrol a pagar $22.500 millones de las regalías del Casanare. Una millonaria inversión estatal que terminó apalancando negocios privados. Mientras Yopal no tiene agua potable desde hace años ya, las regalías del petróleo fueron usadas en contratos chuecos por los que fue condenado el exgobernador Whitman Porras a 18 años de prisión.

Un expediente judicial con múltiples coletazos, con un abogado lobista —Víctor Pacheco— que hoy oficia como denunciante de Pretelt, pero del que muchos aseguran que “es un Ascencio Reyes mejorado”. Un inédito escenario que provocó que la Sala Plena de la Corte apartara de su cargo como presidente de esa corporación a Pretelt hasta tanto la justicia aclare qué pasó. Han sido tan sorprendentes los desarrollos de este caso, que en los últimos ocho días pasó de todo: a Pretelt le salieron viejas denuncias sobre casos que aparentemente “engavetó” en la Corte y su excolega Nilson Pinilla le echó más sebo al candil del debate al asegurar que estaba convencido de que Pretelt era capaz de recibir sobornos y de mandarlo a asesinar.

El magistrado Mauricio González ratificó su denuncia ante la Comisión de Acusación el pasado 4 de marzo. A eso le siguió la decisión de la Corte de encargar de la presidencia a la magistrada María Victoria Calle y la revelación de las declaraciones de renta y patrimonio de los nueve juristas para sacudirse de cualquier sospecha. Justamente, el patrimonio de Pretelt fue el más alto, con cerca de $3.100 millones. La respuesta del magistrado cuestionado fue que nunca ha pedido dineros para fallar expediente alguno y nombró como abogado al penalista Abelardo de la Espriella, quien denunció al abogado Pacheco y aseguró que detrás de este episodio hay un complot fraguado por los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas y un rector de una universidad que no nombra, pero que todos dan por descontado que se trata del Externado.

El lío parece relacionarse con la puja que ya empieza a gestarse por la elección del próximo registrador nacional. Dos fuentes le contaron a El Espectador que pocos días antes de que fuera elegido Pretelt como presidente de la Corte, los magistrados Palacio y Vargas le propusieron que dejara en 2015 como presidenta a María Victoria Calle y que en 2016 le correspondería su turno. Pretelt se negó y en esas mismas fechas apareció el abogado Pacheco de despacho en despacho, alertando sobre el supuesto soborno exigido por Pretelt para fallar la tutela de Fidupetrol. Algunos aseguran que el ala de Palacio y Vargas tiene, como Pretelt, candidato propio para la Registraduría. En ese pulso político, según parece, quedó atravesada la denuncia de Pacheco, un hombre cercano a Pretelt que, si lograba tumbar el fallo contra Fidupetrol, tendría un bono de éxito de $400 millones.

De colofón, trascendieron varios escándalos protagonizados por el representante a la Cámara por Antioquia Julián Bedoya, el encargado de investigar a Pretelt por este escándalo. “Estos son líos de poder. Hay una enemistad muy grave entre Pretelt y varios magistrados. Los odios están acabando la Corte y esto evidencia una inmadurez tremenda entre esos juristas. Todo lo ocurrido esta semana parece más un asunto que pasa en colegios o en una asamblea de copropietarios de un edificio, entre vecinos que discuten por un perro en el ascensor, pero que resulta indigno para la corporación judicial más importante de Colombia”, le dijo a este diario un exmagistrado que conoce la filigrana de esta controversia.

Los escándalos de Julián Bedoya

El representante antioqueño Julián Bedoya fue hasta esta semana un personaje desconocido para la opinión pública nacional. Sin embargo, luego de que su autodesignación como investigador del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, comenzó a conocerse su pasado. Aunque dijo que era abogado de la Universidad de Medellín, el decano de derecho de esa facultad, Juan Carlos Vásquez, desmintió que Bedoya se hubiera graduado. A eso se suma que en el año 2000 fuera expulsado de la Escuela de Oficiales General Santander de la Policía porque, al parecer, intentó quedarse con un arma 9 mm después de un entrenamiento en el polígono. Por esa razón no pudo seguir su carrera en la Policía y terminó en la política, primero como asesor en el Concejo de Medellín y luego en el Congreso.

Se dice que sus padrinos políticos fueron César Pérez —el excongresista condenado por la masacre de Segovia, en la que 43 campesinos fueron asesinados en 1988— y Adolfo León Palacio. Este último fue conocido porque, junto a Bedoya, obtuvo una grabación del consejo de redacción de Teleantioquia Noticias, en la que su director, Juan Pablo Barrientos, se quejaba de varios asambleístas. Con dicha grabación pidieron la cabeza de Barrientos, quien con sus denuncias contra la Asamblea se había convertido en una molestia para varios dirigentes políticos de Antioquia. Bedoya, además, protagonizó una pelea en la Asamblea con el diputado Rodrigo Mesa, famoso por su frase de que darle plata a Chocó “es como perfumar un bollo”. La gresca tuvo lugar en octubre de 2012 y, según varios testigos, Mesa y Bedoya se fueron a las manos por sus diferencias en un proyecto de ordenanza que buscaba comprometer vigencias futuras por $300.000 millones. También ha sido cuestionado porque, presuntamente, tiene fichas políticas en la Contraloría, que le habrían servido para ganar el apoyo de alcaldes investigados.

Los enredos de Fidupetrol

La fiduciaria quedó en la mitad del escándalo cuando se denunció que, supuestamente, Jorge Pretelt le pidió al abogado Víctor Pacheco $500 millones para favorecer a Fidupetrol en una tutela en la Corte Constitucional. Dicha acción buscaba tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que resultó condenada esta firma a pagarle al Estado $22.500 millones, dinero de las regalías del Casanare que había perdido la nación por cuenta de un multimillonario contrato firmado por el exbogernador Whitman Porras y la unión temporal Carbones Likuen. Por este caso Porras fue condenado a 18 años de prisión. La justicia estableció que este negocio fue una operación ilegal, porque los dineros de las regalías no se podían invertir en ese tipo de proyectos. Ese proceso, que terminó con la condena del exgobernador, obligó a la fiduciaria a devolver esos $22.500 millones. La Contraloría también los condenó fiscalmente. Esto derivó en la orden de liquidación de Fidupetrol, en julio de 2014. De allí la importancia de la tutela para tumbar ese fallo.

Víctor Pacheco, el gran lobista

“Pacheco es un lobista profesional, de más de 70 años, cuyo máximo esplendor como relacionista público ocurrió hace dos décadas, en especial en el Consejo de Estado. Según fuentes consultadas por El Espectador, ha sido uno de los abogados de confianza de la poderosa familia Char, del Atlántico, y aunque ha manejado un bajo perfil, sí ha representado a importantes empresas, como Ecopetrol. Desde que llegó a la Corte Constitucional Gabriel Eduardo Mendoza, barranquillero como Pacheco, este último volvió a cobrar protagonismo en ese tribunal. Incluso se dice que durante el encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se llevó a cabo en 2012 en La Arenosa, Pacheco fue uno de los abogados más activos en los distintos encuentros sociales atendiendo a los magistrados y a otros abogados.

Una fuente consultada aseguró que hasta se fue de paseo con algunos juristas en aquella época. Es conocido en la capital del Atlántico en los círculos judiciales más exclusivos, como ‘El Embajador de Barranquilla’, por sus buenas relaciones con el poder judicial. Se asegura, además, que es un gran anfitrión y que es del tipo de abogados que les gusta cabildear sus procesos. “No es un gran jurista, pero conoce el derecho. Es una especie de Ascencio Reyes (el lobista que promovió un homenaje al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez en 2006, en Neiva), pero mejorado porque éste conoce la letra menuda de las leyes”, le dijo otra fuente a El Espectador. Hace muchos años fue un importante dirigente deportivo y en 2011 fue investigado por un supuesto tráfico de influencias, pero el caso fue archivado. Hace poco fue indemnizado por el Estado luego de que fuera detenido por un error en medio de un Carnaval de Barranquilla. En el último año, entró más de 40 veces al Palacio de Justicia en Bogotá, a los despachos de distintos magistrados.

Las declaraciones de renta de los magistrados

Una de las medidas que tomaron los magistrados de la Corte Constitucional para afrontar la oleada de críticas por el mayor escándalo de corrupción en la historia de la corporación fue hacer públicas sus declaraciones de renta y de patrimonio de los años 2011, 2012 y 2013. El magistrado que encabezó la lista de tener la mayor riqueza fue el denunciado Jorge Pretelt.

En los documentos se observa que para 2011 el magistrado Pretelt tenía un patrimonio líquido cercano a los $2.200 millones, ingresos netos por $414 millones y una renta líquida gravable —es decir, descontando el pago de impuestos y deudas— de $144 millones. Para 2013 las finanzas de Petrelt mejoraron considerablemente: su patrimonio líquido aumentó en casi $1.000 millones.

En la lista de los magistrados con mayor patrimonio líquido en 2013 le siguen Luis Guillermo Pérez, con $2.168 millones; Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con $1.424 millones; Jorge Iván Palacio Palacio, con $1.306 millones; Mauricio González Cuervo, con $1.260 millones; Luis Ernesto Vargas Silva, con $930 millones; María Victoria Calle Serna, con $831 millones; Gloria Stella Ortiz Delgado, con $542 millones, y Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, con $327 millones.

Los casos que enredan a Pretelt

Además del caso Fidupetrol, en el que resultó salpicado el nombre de Pretelt, el magistrado ha sido cuestionado en tres casos. El primero tiene que ver con la construcción de Altos del Campo, realizada por la constructora del exalcalde de Barranquilla Alejandro Char. El proyecto presentó dificultades que ordenaban la inmediata reubicación de varios residentes de ese conjunto residencial. Allí ofició como abogado de la constructora Víctor Pacheco. Tras los incumplimientos el caso llegó a la Corte Constitucional, a la sala de los magistrados Nilson Pinilla, Jorge Iván Palacio y Jorge Pretelt. Nilson Pinilla sostuvo que, a pesar de las órdenes de la Corte, Pretelt engavetó esa decisión casi 6 meses y por eso Palacio y él tuvieron que sacar una notificación con el fin de que el fallo fuera acatado.

El segundo caso tiene que ver con un proceso de extinción de dominio contra unos predios de familiares del excongresista Reginaldo Bray en Tierra Bomba, una isla al frente de Cartagena. En 2008 el proceso se cayó y los afectados pidieron la devolución de los predios. Un año después el Tribunal de Cundinamarca les dio la razón, pero ordenó devolverles una extensión siete veces mayor a la que se les había quitado. El caso llegó a la Corte en 2012 y Pretelt defendió la decisión del Tribunal. Sin embargo, al final fue derrotado.

El último caso se relaciona con un auto del magistrado Pretelt, de mayo de 2014, que tumbó una sentencia que favorecía a la firma Santa Marta, Recaudo y Tributos S. A. en un litigio contra la Alcaldía de esa ciudad por la finalización de un contrato millonario. Dos años antes, el mismo Pretelt había dicho que la Alcaldía no tenía la potestad para terminar de manera unilateral ese contrato, que les había generado múltiples dificultades a las autoridades del puerto. Al final, la Corte decidió que la Alcaldía no vulneró los derechos de la empresa y por eso se tumbó la sentencia.

‘Siento en riesgo mi vida’

El exmagistrado Nilson Pinilla ha sido uno de los principales contradictores del magistrado Jorge Pretelt. El pasado jueves, tras rendir entrevista ante la Fiscalía en el  proceso que se adelanta contra Víctor Pacheco —a quien dijo no conocer—, puntualizó que teme por su vida y la de su familia por los señalamientos públicos que ha hecho contra Pretelt. “Soy una persona que suelo actuar de forma frentera, pero siento en riesgo mi vida por estar confrontando al señor Pretelt. Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, miren hacia el departamento de Córdoba”, aseguró Pinilla, región de la que es oriundo su contradictor.

El exmagistrado precisó que desde junio de 2012 había advertido que le preocupaba la presencia de Alberto Rojas y Pretelt en la Corte Constitucional. Cuando se le preguntó si creía que Pretelt recibió un soborno, contestó: “Yo creo que sí. Lo conozco demasiado”. Para Pinilla las actuaciones de Pretelt en el alto tribunal dejaban mucho que desear, ya que presionaba para que se eligieran tutelas en los que estaban involucrados prestigiosos empresarios de la Costa Caribe y tomaba posiciones, según él, para proteger a congresistas relacionados con la parapolítica. Prácticamente señaló que era el magistrado de los parapolíticos.

El exmagistrado Pinilla declaró sin tapujos que “si Dios se apiada de esta nación, él (Pretelt) no debería regresar”. También dijo que no se puede descalificar a toda la Corte por las actuaciones de un solo magistrado y que es “ridículo” hablar de un complot, como lo sostiene el abogado de Pretelt, Abelardo de la Espriella. “Uno piensa, dime con quién andas y te diré quién eres”, fueron las palabras de Pinilla para describir la amistad entre el abogado y el magistrado.

Pero la más grave de sus acusaciones se concretó este viernes en entrevista con RCN La Radio. Pinilla comentó que después de que ventiló sus denuncias le empezaron a llegar mensajes de que debía cuidar su vida. En ese contexto le preguntaron si creía que el magistrado Jorge Pretelt era capaz de mandarlo a matar, a lo que contestó sin dudarlo en directo: “Sí, sí lo creo”.

De la Red Nacional de Veedurías

En momentos en que el escándalo por el caso Pretelt conmociona al Poder Judicial y el exmagistrado Nilson Pinilla rompió su silencio para hacer señalamientos contra su excolega, la Red Nacional de Veedurías, en especial su regional Caribe, decidió sumarse al debate. Por eso radicó en la Comisión de Acusación de la Cámara un documento para detallar supuestas irregularidades cometidas por el exmagistrado Pinilla. Según el documento firmado por Luis Eduardo de la Hoz, cuando Pinilla estuvo en la Corte Constitucional permitió el vencimiento de algunas acciones de tutela repartidas para su estudio. Una sobre hacinamiento en establecimientos penitenciarios, otra sobre un dilema de patria potestad, una tercera por adopción de menores y otra por una consulta de la comunidad raizal. Además, lo señalan de no haberse apartado del caso Tierra Bomba, a pesar de que un sobrino fue intermediario en el asunto, y de haber adelantado una gestión indebida en la disputa por un lote en Bogotá.

Los coletazos del escándalo en la Corte

Los magistrados de la Corte Constitucional, además de pedir la renuncia como presidente de la corporación de Jorge Pretelt y de publicar sus declaraciones de renta, emitieron un comunicado en el que precisaron que elaborarán una reforma al reglamento interno. Se buscará ajustar los criterios en la selección de tutelas y se modificará el reglamento para que a las salas de selección asista el delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, les solicitarán al Ministerio Público y a la Comisión de Acusación que investiguen y juzguen las filtraciones de información reservada en el alto tribunal. Finalmente, anunciaron que radicarán una propuesta de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales que tienen como magistrados.

En pocas palabras, la Corte Constitucional buscará en el menor tiempo posible evitar que sigan teniendo las facultades para participar en la elección del registrador general, el director administrativo de la Rama Judicial y el cupo de la terna para elegir contralor. La controversia no es menor si se tiene en cuenta que este año la Corte debe presentar su voto en la elección del registrador general y del director administrativo de la Rama Judicial.

El yate de la discordia de Pretelt

La compra y administración de un yate en enero de 2002 entre el economista Gerardo Núñez y Jorge Pretelt terminó en un agarrón de la madona con denuncias penales y civiles de por medio. Núñez y Pretelt compraron la embarcación Aguja, que era de propiedad de Jaime Borda, suegro de Núñez y papá de la exreina de Colombia Sandra Borda. Hicieron una promesa de compraventa y cancelaron $70 millones, pero no registraron inmediatamente el cambio de dueños en la Capitanía del Puerto. Además, pronto empezaron los líos por cuenta de los gastos de mantenimiento de la motonave, reparaciones de motor y parqueo. Según el proceso, Núñez le insistió a Pretelt que formalizaran el registro, pero esto no ocurrió. Entonces, el primero lo hizo solo y Pretelt lo denunció por estafa, en agosto de 2005, así como a Borda. El 20 de junio de 2012 un juzgado de Cartagena condenó a Núñez a 32 meses de prisión. Dos años después, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó ese fallo, pero la Corte Suprema de Justicia lo tumbó asegurando que esta pelea era de índole civil y no penal, y que la negligencia de Pretelt era la que había dado lugar al pleito por no haber accedido a tiempo a registrar el cambio de propiedad del yate. Núñez le dijo a El Espectador en su momento que está convencido de que Pretelt intentó abusar de su poder para condenarlo, pero que la verdad triunfó. El magistrado insiste aún en que fue víctima en este caso.