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El 23 de abril de 2007 en la vía que conduce de Padilla a Puerto Tejada (Cauca) aparecieron los cuerpos de John Jairo Murillo Escobar y Manuel Domingo Hurtado Montaño -menor de edad- con armas largas y cortas a su lado y rastros de cartuchos de bala en la escena.
En el informe oficial firmado por el comandante del Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres, mayor Robinson González del Río se indicaba que estás dos personas habían fallecido en enfrentamientos con tropas del Ejercito quienes llegaron a ese sitio tras recibir información sobre un retén ilegal que se estaba realizando.
Sin embargo, algo no cuadraba, las órdenes de expedición de dicho operativo formadas por el mayor y el subteniente Edwin Madroñero Quemba -quien estuvo al cargo del mismo- no coincidían, tenían fechas diferentes y espacios en blanco. Por lo que se ordenó la apertura de una investigación.
En la misma se recogió el testimonio de la madre de una de las víctimas quien aseguró que su hijo se encontraba departiendo con un amigo en el barrio Carlos Alberto Guzmán de Puerto Tejada cuando tomaron la decisión de montarse en sus bicicletas para ir a un concierto en la Villa olímpica.
En el recorrido fueron interceptados por unos militares quienes los obligaron a subir a un camión. En el interrogatorio rendido el subteniente aseguró que por orden expresa de su mayor se le informó que al lugar donde se encontraba iban a llegar dos personas a "quienes a les tenía que dar muerte al borde de la carretera".
Para la Fiscalía General el mayor del Ejército tuvo una responsabilidad y conocimiento directo en los hechos que rodearon la ejecución extrajudicial de 32 personas quienes fueron presentados ante la opinión público como miembros de grupos armados ilegales abatidos en combate.
Aprovechando su posición y mando dio órdenes directas para atentar contra la vida de personas inocentes y desarmadas a quienes hacían pasar como miembros de grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes, quienes nada tenían que ver directamente con el conflicto armado interno.
"Fueron esas órdenes de operaciones las que usted hacia aparecer como legales para que sus hombres fueran a determinados sitios ya escogidos por usted y sus subalternos. Las víctimas eran llevada a ese lugar y apenas se bajaban de un vehículo eran fusiladas en total estado de indefensión", precisó el fiscal.
Este trágico trasegar se registró en diferentes partes del país. Por orden del coronel González del Río se le dio apariencia de legalidad a la muerte injustificada de personas quienes fueron presentadas como guerrilleros. Desde su comandancia en el batallón Contraguerrilla y el Gaula en Antioquia el oficial utilizó esta misma estrategia.
"Las víctimas eran escogidas por su antecedentes penales para efectos de darles muerte y simular que iban a cometer alguna actividad delictiva y así justificar la acción de los miembros del Ejército", señaló el fiscal sobre el plan criminal que se ejecutó para demostrar resultados ante sus superiores.
La división de funciones
La Fiscalía General manifestó que cada semana los militares adscritos al Gaula de Antioquia se distribuían las funciones a la hora de adelantar las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en varios municipios del departamento.
"Se sorteaban quién le tocaba disparar y darle muerte a las personas que iban a presentar como bajas en combate y quiénes eran los que iban allá acomodar la escena o a simular el combate: unos disparaban los otros procedían a llevar las armas y colocársela a las víctimas y disparar", indicó
Todo esto se hacía con el fin de aparentar un combate. Toda estas acciones se atalantaron bajo las órdenes del mayor González del Río "para presentar resultados operacionales por parte de las unidades que tenía a su cargo como lo venía haciendo desde el batallón de guerrilla 57".