:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/iVhjdAaOudxQhfdEk-XewjN9BkE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/EV2ZJA2AL5AK3I2PIDJCPIZUAE.jpg)
No había acabado de aterrizar en su cargo como director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en octubre pasado y Luis Gustavo Moreno Rivera ya había presentado su impedimento en varios casos sensibles adelantados por el ente investigador. Pidió apartarse del conocimiento de cualquier indagación que tuviera que ver con varios reconocidos personajes de la vida pública a los cuales representó como abogado en el pasado. Incluso, días antes de tomar posesión renunció a varios poderes. Juan Hernando Poveda, en su calidad de director encargado de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, aceptó esos impedimentos. El Espectador conoció dicho documento, que constituye para la Fiscalía una arista más en sus pesquisas para desandar los pasos del exfiscal anticorrupción capturado por corrupto. (Gustavo Moreno, el fiscal detenido que aprobó el polígrafo)
Por ejemplo, Moreno ofició como defensor de los concejales Antonio Sanguino Pérez, Armando Gutiérrez González y Horacio José Serpa. Este último, según trascendió, fue uno de los principales impulsores en el cabildo distrital para que cuajara una candidatura de Luis Gustavo Moreno a la Personería de Bogotá. Según se lee en el documento, el 3 de octubre de 2016 el hasta entonces rutilante abogado renunció como apoderado de estos tres concejales de Bogotá. Cuatro meses antes, el 8 de junio del año pasado, Moreno se apartó del expediente en el que se investiga al exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia, señalado del delito de celebración indebida de contratos por presuntas irregularidades en la adjudicación de un programa de cupos escolares en el principal puerto del Pacífico. (También le puede interesar una entrevista con el abogado que renunció a defender a Moreno)
De la misma manera, Moreno apoderó en el pasado a un reconocido contratista de Bolívar, Jairo Pacheco, también investigado por la Fiscalía y quien afronta un juicio por otro caso. Por eso presentó su impedimento, así como en el proceso adelantado contra Benjamín Socadagui Cermeño, exalcalde de Arauca. Este hombre fue capturado en febrero de 2016 por los delitos de constreñimiento al sufragante y falsedad en documento público. De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, el exfuncionario habría entregado dádivas para asegurar su elección como primer mandatario de la capital de Arauca. No obstante, por vencimiento de términos, Socadagui Cermeño recuperó su libertad en septiembre pasado. Del mismo modo, aunque aseguró que finalmente no apoderó al general (r) Henry William Torres Escalante, acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, Gustavo Moreno pidió declararse impedido en su caso. (Así pontificaba sobre la justicia el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno)
En ese mismo listado de impedimentos, por supuesto, apareció el nombre de la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Pérez, acusada de graves actos de corrupción. En concreto, Pinto Pérez deberá responder ante un juez de La Guajira por los delitos de celebración de contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documentos públicos y privados, y peculado. En este caso en particular, Luis Gustavo Moreno le dijo a la Fiscalía que jamás representó formalmente a la exgobernadora, pero que sí suscribió dos derechos de petición solicitando información sobre el estado de las pesquisas contra la poderosa exmandataria regional. El impedimento fue aceptado, pero varias particularidades salieron a flote poco después. Por ejemplo, los investigadores constataron que Moreno profirió una resolución en marzo pasado removiendo al fiscal del caso Oneida Pinto y entregándole ese expediente a otra fiscal. (EE.UU. dice que exjefe anticorrupción de la Fiscalía pidió un soborno de $400 millones)
Este súbito cambio incomodó a la cúpula de la Fiscalía. Tanto así que poco después Luis Gustavo Moreno tuvo que reversar esa resolución y volver a encargar del expediente al fiscal Carlos Eduardo Castañeda. La Fiscalía indaga si esta movida de Moreno buscaba beneficiar a su exclienta. Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a este diario que el fiscal Castañeda siempre le pareció una piedra en el zapato a Luis Gustavo Moreno y que, incluso, a través de un comité técnico promovido durante la ausencia de Castañeda por una calamidad familiar, intentaron extraer información del caso. El pasado 19 de julio se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de Pinto. Sin embargo, la diligencia se suspendió pues el juez va a estudiar una solicitud de cambio de radicación del proceso. Fiscales anticorrupción consultados por El Espectador indicaron que desde el día uno notaron movidas de Moreno que les causaron desconfianza.
Llama la atención, sabiéndose ya lo que se sabe de Luis Gustavo Moreno, lo que advierte la resolución de la Fiscalía mediante la cual se le aceptaron los impedimentos: “En consecuencia, como evidentemente el director de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción tiene injerencia en las investigaciones adelantadas por los fiscales adscritos a la misma, resulta razonablemente que para salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de su función, el director deberá abstenerse de impartir cualquier instrucción” en seis expedientes concretos que eran llevados en su unidad. Y es paradójica esa constancia , justamente, porque hoy se sabe que Moreno recibió dineros para tratar de torcer las pesquisas en favor del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.
Sobre esto último, fuentes de entera credibilidad le dijeron a El Espectador que Lyons Muskus vive desde hace un par de meses en un apartamento en Miami que le habrían facilitado agentes federales en desarrollo de la investigación contra Luis Gustavo Moreno. Se habla, incluso, de que ya habrían modificado su identidad como parte de su proceso de colaboración. ¿Podrá Lyons Muskus contarles a los investigadores de Estados Unidos hechos jugosos de presunto lavado de dinero a través de la banca de ese país? Por ahora se indaga si Lyons Muskus y su círculo político más cercano tienen bienes y propiedades en Norteamérica. Y, asimismo, si en suelo gringo se llevaron a cabo reuniones en las que se pactaron comisiones a cambio de contratos en Córdoba durante su administración. Si ello fue así, Estados Unidos podría entrar a revisar con mayor lupa uno de los peores escándalos de corrupción en Colombia.