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La mañana de este martes el ministro de Agricultura estuvo frente a los micrófonos de varias emisoras argumentando que su hermana, Cristina Iragorri Valencia, “no administra bienes de paramilitares” y explicando que ella nada tiene que ver con los predios de la Hacienda Bellacruz, la cual la semana pasada la Corte Constitucional ordenó recuperar en favor de las 120 familias campesinas que en 1996 fueron despojadas por los paramilitares. (Lea: Aurelio Iragorri dice que su hermana no administra bienes de paramilitares)
El Espectador conoció un documento en el que la hermana del ministro aparece como suplente del presidente de la Fiduciaria Davivienda, entidad dueña de los predios que hasta el pasado 12 de mayo estaban en disputa. Para el ministro esto no traducía algún conflicto de intereses de su parte, pues si bien su hermana era la secretaria general de Davivienda, ella no tenía intereses en el predio.
Según dijo el alto funcionario, Cristina Iragorri aparece en documentos de los predios pues Germán Efremovich, presidente de Avianca y principal accionista de Dolce Vista Estate, la empresa dedicada al cultivo de palma de cera en la hacienda de 5.000 hectáreas, puso los terrenos como garantía para un préstamo que solicitó en 2010. En el documento al que este medio tuvo acceso, Cristina Iragorri aparece como suplente del presidente de la fiduciaria desde 2013.
Para Zoraida Hernández, abogada representante de los campesinos víctimas del despojo, el ministro debió haberse declarado impedido para intervenir en el caso, pero en cambio en una reunión del 4 de julio del 2015 el jefe de cartera aseguró no conocer nada sobre él, aseguró Hernández. “Es muy grave. El ministro tiene que responder políticamente por eso. Su hermana tendría que haberse retirado, porque es un caso en el que está el Ministerio de Agricultura ahí decidiendo a través del Incoder”, señaló.
Pero, según los campesinos, los intereses económicos en la Hacienda Bellacruz apenas comienzan en los cultivos de palma de la empresa Dolce Vista Estate. “Por Rionegro, San Martín y Aguachica está entrando el proyecto del fracking. Ya han hecho estudios, allá en la misma hacienda han llegado ingenieros. Tanto así, –le dijo el vocero campesino Teófilo Acuña a El Espectador–, que incluso en la parte alta de La Gloria, en Maicito y El Cobre, se reunieron con la empresa para advertirles que si seguían mandando gente los iban a tener que sacar de la zona”.
Por otra parte, señalaron los líderes campesinos, la hacienda colinda con el tramo 7 de la Ruta del Sol y se encuentra en el “Diamante Caribe y Los Santanderes”, una iniciativa formulada por Findeter, Microsoft y la Fundación Metrópoli, que busca que nueve departamentos del país “optimicen el uso de los recursos naturales y del territorio” en miras de la competitividad global. La propuesta, que tuvo el respaldo del anterior ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, fomenta la agroindustria sobre los pequeños cultivos de pancoger que los campesinos han practicado tradicionalmente en la región.
“Nosotros sentimos que la palma es una forma de terminar de sacar a la gente de la región y hacer un daño ambiental. Si ya no hay ciénaga eso les permite ejecutar su proyecto de hidrocarburos, de carreteras, de puertos multimodales”, le dijo Adelfo Rodríguez a este diario. “Nuestro retorno está en riesgo porque los intereses que allí se manejan casi siempre pesan más que la justicia”.
El tema de la seguridad también es un factor que amenaza con alargar los 25 años de espera de los campesinos para regresar a sus terrenos. Desde los tiempos de alias “Juancho Prada”, el paramilitar que le quitó las tierras a los campesinos y los baldíos al Estado, la zona se convirtió en un punto clave para la expansión del paramilitarismo. De acuerdo a los labriegos, “eso genera zozobra en la gente, porque nosotros sabemos que allí operan los ejércitos antirrestitución y los paramilitares, que aunque les hayan cambiado el nombre para nosotros son los mismos”.
En ese sentido, el fallo de la Corte da un paso adelante. La abogada Zoraida Hernández explica que “la Corte también planteó en su decisión que la Unidad de Restitución de Tierras debe dar inicio al proceso administrativo en compañía con el Ministerio de Defensa. Esto quiere decir que por primera vez en la historia, da la orden de microfocalizar una zona. No hay precedentes de que la Corte Constitucional ordene actuar, antes era a voluntad del Ministerio de Defensa”.
Para los campesinos, es necesario que este fallo se cumpla a cabalidad. Como garantía exigen además que se investigue y sancione a quienes han permitido el despojo, así como “a quienes han actuado en contra de la comunidad. A la administración de la época del despojo, y a la actual, para saber si hay nexos entre los paramilitares y las autoridades”. Aseguran que la palma de aceite que hoy inunda sus tierras no hace parte de su proyecto de vida y que harán todo lo posible para erradicarla.
“Nosotros no comemos corozo ni nos mantenemos del corozo. Esa palma no está en nuestras costumbres ni cultivos tradicionales. La palma le ha causado mucho daño a la región, porque contamina el aire y esteriliza la tierra, seca humedales, ciénagas y playones. Eso sin hablar de los sueldos irrisorios de esa industria. Nosotros sabemos que el Gobierno difícilmente obligará a sacar la palma. Pero la gente sí lo hará. No habrá paz si el campesino no tiene tierras para cultivar la vida”, puntualizó Teófilo Acuña.