Los líos de la Contraloría

Los centros comerciales en donde funcionan sus sedes en la capital del país y del Meta resultaron enredados por ‘narcos’ extraditados y un empresario investigado por lavado.

Dos negocios, dos centros comerciales, supuestos dineros de la mafia en ambos proyectos y la Contraloría en el medio. Ese es el resumen de dos incómodas transacciones realizadas por el organismo de control en los últimos años en Bogotá y Villavicencio. Hace una semana, Noticias Uno reveló que el dueño de la segunda etapa del centro comercial Gran Estación, en donde funciona la sede principal de la Contraloría, era el colombo-israelí Alberto Aroch Mugrabi, quien tiene dos indagaciones por lavado de dinero en la Fiscalía, múltiples nexos comerciales con la familia Guberek —también investigada por blanqueo de capitales e incluida en la lista Clinton— y reportes de agentes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Mientras la Fiscalía indaga los pormenores de este negocio, El Espectador conoció de un caso prácticamente idéntico en la capital del Meta, donde también funciona la sede regional de la Contraloría. Se trata del centro comercial Llano Centro, un edificio del que resultaron dueños los hermanos Diego Rodolfo y Jacinto Enrique Báez Báez, señalados de introducir a Estados Unidos 10 toneladas de cocaína. Ambos fueron extraditados en 2011 para que respondieran ante una corte federal de Tampa, Florida, por el delito de tráfico de estupefacientes.

El pasado 2 de julio la Fiscalía ocupó 193 bienes del clan Báez Báez avaluados en $45.000 millones. Entre ellos la Sociedad Constructora Llano Centro, propietaria del centro comercial. En ese lugar fueron ocupados 46 locales y el hotel Llano Centro, ubicado en esa zona y que cuenta con 135 habitaciones. Según la Fiscalía, la Constructora Llano Centro fue creada por testaferros de los hermanos Báez Báez. Estudios contables así lo corroboraron.

El lío es que en septiembre de 2008, durante la gestión de Julio César Turbay, la Contraloría le compró siete oficinas y varios parqueaderos a la Constructora Llano Centro con un área total de 525 metros cuadrados. Este diario tuvo acceso a documentos internos del organismo de control en los que se destinó la partida presupuestal para la adquisición de los locales. En julio de 2008 el gerente de Gestión Administrativa, César Torrente, ordenó celebrar un contrato de compraventa que finalmente se hizo efectivo mes y medio después, por un valor de $1.303 millones.

Luego de la ocupación inicial de estos bienes, la Fiscalía se apresta a llevar a cabo la segunda parte de esta operación: establecer qué terceros de buena fe adquirieron locales allí. Uno de los primeros en la lista es la Contraloría. Se ha podido determinar que en 2005 se constituyó la Sociedad Constructora Llano Centro Ltda. y que una vez resultaron extraditados los hermanos Báez, ésta fue transformada en una sociedad por acciones simplificadas (SAS). Una hermana de los capos y la esposa de uno de ellos empezaron en 2011 a transferir sus acciones. La Fiscalía encontró que una de las modalidades de esta organización para ocultar el origen de sus bienes era asignarle a cada una de las habitaciones del hotel Llano Centro un folio de matrícula independiente.

Lo mismo ocurrió con áreas comunes como la piscina, la cocina y el restaurante. De esta manera tomaban esos folios de matrícula para constituir patrimonios autónomos que eran administrados por fiduciarias. “Al hacer esto, los bienes aparecen de titularidad del patrimonio autónomo y no del real propietario. Como las fiduciarias son entidades vigiladas por las superintendencias, no resulta sospechoso para las autoridades”, le dijo a El Espectador un investigador.

El caso Aroch Mugrabi

El otro negocio que incomoda a la Contraloría es el contrato 233 de 2012, firmado por la contralora Sandra Morelli y el representante de la firma Proyectos y Desarrollos, Rafael Augusto Salazar. Esta empresa fue la constructora de la segunda etapa del centro comercial Gran Estación, desde donde despacha el organismo de control. Según el contrato, entre agosto de 2012 y agosto de 2014 la entidad deberá pagar un arrendamiento mensual de $2.516 millones. La Fiscalía estableció que el empresario de textiles y de construcción de ascendencia israelí Alberto Aroch Mugrabi es el propietario del 10% de Proyectos y Desarrollos, y a través de su empresa Moda Sofisticada controla otro 40%. Es decir, es su verdadero dueño.

El lío es que Aroch Mugrabi tiene dos indagaciones por presunto lavado de dinero. Una alta fuente de la Fiscalía manifestó que se indaga si detrás de la fachada de un exitoso empresario textilero y de construcción se escondía un hábil negociante que le servía a la mafia. Información en poder de los Estados Unidos lo señala, incluso, como el jefe de los Guberek, una reputada familia de textileros que cayó en desgracia tras ser incluidos hace poco en la lista Clinton por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El primer reporte sospechoso de Aroch Mugrabi lo reseñó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en 2008. El 28 de diciembre de 2007, María del Carmen Carvajal consignó $2.200 millones en efectivo en la sucursal de Bancafé de Centro Suba en Bogotá, a favor de la sociedad Full Transport, de la cual era gerenta. Al ser requerida por el origen de los recursos señaló que hacían parte de un préstamo de $3.500 millones que le hizo el inversionista Jorge Humberto Rojas. A su turno éste dijo que ese dinero era el pago de una obligación que la Cooperativa Casa Nacional del Profesor (Canapro) tenía con él. Pronto se supo que la plata que giró Rojas provenía de la sociedad Moda Sofisticada, que ese mismo 27 de diciembre entregó ese monto como abono de un pagaré a favor de ABC Salitre Centro Comercial.

Después de tantas maniobras se reveló que Aroch Mugrabi era el dueño del centro comercial que estaba por construirse y que el lote se lo compró a Canapro. La Fiscalía ha descubierto dos particularidades: la empresa Full Transport de María Carvajal pasó de un patrimonio de $20 millones en 2001 a $2.149 millones en 2006. Asimismo, Moda Sofisticada, durante ese mismo lapso, pasó de tener un patrimonio de $8.724 millones a uno de $22.224 millones. Además, se indagan 12 operaciones de sobregiros de empresas relacionadas con Carvajal, como Sociedad Aérea Panamericana, Pan Airlines Representaciones o Comercializadora Internacional, entre otras.

Los Guberek y Aroch Mugrabi realizaron varias transacciones a través de las firmas Induitex Ltda. y Moda Sofisticada que son rastreadas por la justicia. Se indaga si estos negocios compartidos eran un lavadero de dinero que utilizaba el marcado cambiario con Venezuela con la fachada de la venta de telas. Incluso, los Guberek y Aroch Mugrabi compartían el mismo revisor fiscal en varias empresas, como Vital Jean o Estrategias y Capital. La Fiscalía avanza en sus pesquisas para determinar si tanto en Bogotá como en Villavicencio la Contraloría pudo terminar pagándoles dineros legales a ilegales.

La explicación de la Contraloría

La Contraloría explicó que el contrato 233 de 2012 para el arrendamiento de su sede en Bogotá se firmó con la empresa Proyectos y Desarrollos, cuyo representante legal es Rafael Augusto Salazar López. En dicho contrato no aparece el nombre del polémico Alberto Aroch Mugrabi. Fuentes del organismo agregaron que se siguieron todos los procedimientos de legalización y perfeccionamiento del contrato al consultar antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de la sociedad, su representante legal y miembros de la junta directiva, sin obtener ningún reporte negativo.

Según la Contraloría, al consultar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (Sarlaft) no se encontró ninguna evidencia de que la firma Proyectos y Desarrollos tuviera el más mínimo problema legal. Este es el principal argumento de su defensa.

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