Los líos para recuperar los bienes del Estado

Dos procesos claves en el escándalo que terminó por liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) son los ejemplos de la posible desorganización que hay en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Santiago Martínez Hernández
27 de julio de 2015 - 10:08 p. m.

En medio de los avances en los procesos judiciales que adelanta la Fiscalía contra los peces gordos que se apropiaron irregularmente de los bienes que estaban en poder de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que durante años robaron recursos que tenían que ir a las arcas públicas, fuentes del ente investigador indicaron que, pese a estos esfuerzos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –entidad que reemplazó a la DNE– no ha podido recuperar algunos inmuebles, ya que no tenían conocimiento de su existencia. En pocas palabras, que el objetivo de la SAE, de reorganizar el inventario, no se ha logrado, ya que el desorden impera, los funcionarios solo tienen información en documentos y no saben la ubicación geográfica de las propiedades.

Uno de los casos que puso al descubierto esta situación en la Fiscalía fue el del empresario José Abril Forero, el hombre que desde el 2003 controló la mayor cantidad de propiedades –21 en total, entre ellas fincas agrícolas que estaban avaluadas en $30.000 millones– que tenía la DNE, luego de pagar sobornos. Abril Forero aceptó su responsabilidad y en las próximas semanas se conocerá su condena por los delitos de cohecho, fraude procesal y falsedad en documento público. El empresario, luego de que estallara el escándalo de corrupción en la DNE en 2010, decidió colaborar y se comprometió a devolver las propiedades. Sin embargo, tal situación apenas se dio hace pocos días.

Es por esta razón que la Fiscalía tiene gran preocupación, porque luego de que Abril Forero les entregara a las autoridades los nombres de los depositarios que actuaron como sus testaferros –Luis Fernando Rojas y Óscar Castilla, condenados en 2012– y las ubicaciones de las fincas que estaban siendo usufructuadas por su empresa Agrícola La Esperanza, ni la DNE (en su momento) ni la SAE las recuperaron. Es decir, siguieron en manos de él y hasta el pasado 24 de julio, día en que devolvió cinco propiedades, continuó beneficiándose de recursos que debieron ser explotados por el Estado. Es más, fuentes cercanas al proceso manifestaron que no fue culpa de José Abril, ya que la SAE no hizo efectivas las intervenciones a pesar de las condenas contra los depositarios. “Él entregó la ubicación de los bienes porque en la SAE solo sabían de su existencia por documentos. No había hecho ni siquiera una visita”, dijo una fuente consultada.

Otro de los procesos que hoy preocupan a las autoridades es el caso de una estación de servicios llamada Gasollano, ubicada en Villavicencio y propiedad de Luis Gonzaga Acevedo. Este último enfrenta actualmente un proceso de extinción de dominio desde 2014, época en la que se decretó el embargo de Gasollano y otras nueve propiedades. Lo particular es que a pesar de las órdenes de secuestro, Gonzaga sigue administrando el bien. Desde el pasado 8 de julio existe una orden del depositario y a la fecha la SAE no ha realizado la recuperación del bien, según manifestaron investigadores del caso.

La historia de Gonzaga y Gasollano es particular. Luego de que se abriera el proceso de extinción de dominio y se entregara el bien a los hermanos Frey y Berney Quintero, quienes fungían como depositarios, Gonzaga Acevedo los denunció por supuestamente pedirle dádivas cambio de devolverle el bien. Los Quintero fueron capturados en flagrancia, ya que Gonzaga los grabó. Al parecer, esta situación fue producto de una disputa entre los tres hombres, quienes no llegaron a un acuerdo de pago. Fuentes de la Fiscalía indicaron que si bien los Quintero cometieron una irregularidad, no hay razón para que Gasollano siga siendo administrada por Gonzaga, quien además se acreditó como víctima de los depositarios y quiere que lo reparen con $500 millones.

Un absurdo para los investigadores, ya que no entienden cómo un hombre que tiene un proceso de extinción de dominio en firme sigue teniendo posesión sobre su propiedad más rentable, que debería estar en manos de la SAE. Tanto así, que un fiscal de Bogotá, que asumió el caso de los hermanos Quintero, pidió el traslado del expediente a la capital por temor a que se le dé un mal manejo en Villavicencio. Personas cercanas al proceso agregaron que los Quintero tienen intención de colaborar, pero no ha sido posible, ya que sienten que no tienen garantías.

El temor en la Fiscalía es que ante la falta de un inventario real y material en la SAE, en el que se conozca a ciencia cierta la ubicación de los bienes tras realizar visitas en zona, es que se vuelva a dar el fenómeno de la DNE. Fuentes consultadas advirtieron que si bien el departamento Jurídico de la SAE ha sido clave en el proceso de recuperación de propiedades, la oficina de bienes inmuebles, aún no entendió los procedimientos. “No solo es la tenencia de los bienes en papeles, sino que se debe dar una explotación real y económica por parte del Gobierno para que sean productivos”, explicó un investigador.

Por Santiago Martínez Hernández

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