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Como el caso Colmenares, quizá ningún otro expediente ha sido tan mediático y enredado como el de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) Silvia Gette. Cada semana hay noticias distintas, denuncias cruzadas, súbitos giros en la investigación y nadie sabe a ciencia cierta quién es la víctima y quién el victimario. Gette, señalada desde hace años de tener nexos con el paramilitarismo, de valerse de esos grupos ilegales para asesinar al esposo de su hijastra, Fernando Cepeda, y de sobornar a alias Don Antonio, empieza a derrumbar varias acusaciones en su contra.
Al tiempo que se cae a pedazos el proceso que la involucra en el crimen de Cepeda, ocurrido en 2003 —ahora la principal sospechosa es la esposa de Cepeda, María Paulina Ceballos, detenida el domingo pasado—, y tambalea el juicio que se le sigue por soborno, varias denuncias contra Silvia Gette avanzan en la Fiscalía. Todas tienen como denominador común señalamientos por malos manejos administrativos, insólitos autopréstamos, supuestos negocios leoninos para la universidad, un giro de un millón de dólares al exterior, una pensión multimillonaria y compras de acciones en exclusivos clubes de Barranquilla para darse un festín de lujos (ver recuadros).
“Sumadas todas las irregularidades que hemos encontrado, calculamos que la señora Gette les habría metido la mano a unos $20 mil millones de la UAC”, sostuvo un abogado que representa a la entidad educativa. En desarrollo de las pesquisas contra Silvia Gette figura el nombre de Juan Carlos Rada, un paramilitar que fue condenado en su momento y que según varias fuentes consultadas por este diario ofició como jefe de seguridad de Gette en la UAC. Hoy se sabe que está en Argentina y, al parecer, todavía sigue manteniendo correspondencia con la cuestionada exrectora. Así se desprende de varios correos conocidos por El Espectador.
No obstante, los abogados de Silvia Gette aseguran que todo no es más que un complot para acabarla, que hay intereses oscuros de personas que quieren tomarse el poder de la universidad y que empieza a quedar en evidencia que nada tuvo que ver en la muerte de Fernando Cepeda. La Fiscalía, que durante dos años la investigó por este crimen, dio un súbito giro y ahora busca judicializar a su hijastra María Paulina Ceballos —enemiga declarada de Gette—. Además, la justicia ya probó que los paramilitares alias Don Antonio y alias 28 mintieron para inculpar a la exrectora. Hoy nadie sabe en qué terminará este caso. Por ahora se indagan seis nuevos frentes de investigación contra Gette. Y aquí los presenta El Espectador.
*¿Supuestos autopréstamos?
Entre 2008 y 2012, aprovechando su cargo como rectora, Silvia Gette se habría autorizado autopréstamos por $2.408 millones que le fueron girados por la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) con condiciones muy desfavorables para la entidad educativa, unas cuotas de amortización ridículas y sin intereses. De esos créditos tan solo canceló $272 millones. Según la denuncia, parte de esos dineros se usaron por Gette para pagar el predial, su declaración de renta, varios seguros de vida y cuotas en lujosos clubes de la Costa. Asimismo, utilizó $444 millones para cancelar los honorarios de los abogados que los defendieron a ella y a algunos directivos del alma máter de las “denuncias presentadas por Abelardo de la Espriella” en el expediente por el crimen de Fernando Cepeda. Aún más: las condiciones de esos autopréstamos eran completamente leoninas para la UAC, que apenas le descontaba $3 millones mensuales por nómina a Gette. “Se trata de una estafa, pues en esas condiciones de pago nunca iba a amortizar totalmente la deuda de más de $2.000 millones”, asegura la UAC, pues a ese ritmo de pago necesitaría de 59,3 años para cancelar dichos créditos.
* Clubes campestres
Entre 2007 y 2008, Silvia Gette pagó con dineros de la UAC acciones en dos de los más exclusivos clubes de Barranquilla: el Lagos de Caujaral y el Campestre del Caribe. Ambos con extensos campos de golf, áreas ecuestres para practicar equitación, canchas de tenis, de fútbol, de sóftbol, espacios náuticos, piscinas, bares y restaurantes a los que suele concurrir la crema y nata del poder en la Costa Atlántica. En total pagó más de $25 millones por esas acciones, sin que exista prueba contable de que retornó esos dineros. Por eso la UAC la denunció ante la Fiscalía.
* El Hospital Universitario
Uno de los negocios que impulsó como rectora Silvia Gette fue la construcción del Hospital Universitario, un proyecto que aún está en desarrollo, en el que los estudiantes de medicina de la UAC harían sus prácticas. La UAC estableció que a Gette se le prestaron $600 millones para comprar acciones en ese proyecto. Lo curioso de este caso, de acuerdo con la denuncia, es que Gette terminó favorecida por punta y punta: con dineros de la UAC compró acciones del hospital y, al mismo tiempo, controlaba como rectora a quién contrataba para arrendar el espacio de las prácticas. En palabras sencillas, Gette pretendía autocontratarse una vez terminara el proyecto del hospital. “No es lógico que la universidad, teniendo los recursos para comprar los activos, decidiera prestarle a un tercero (Gette) para que compre las acciones y posteriormente le toque reconocer los rendimientos por unos derechos que se compraron con sus recursos”, dice la denuncia.
* Una pensión multimillonaria
Silvia Gette es la pensionada que más plata recibe en Colombia. Entre noviembre de 2003 y abril de 2014 la UAC le pagó a su exrectora ni más ni menos que $10.575 millones por concepto de pensión de sobreviviente tras la muerte de su esposo Mario Ceballos. De acuerdo con la denuncia, aparte del millonario sueldo que cobró en la última década en calidad de rectora, Gette utilizó su cargo para modificar a su antojo la pensión de sobreviviente que le heredó su esposo hasta alcanzar una mesada pensional de $99 millones. Un despropósito en un país como Colombia, donde el 75% de los jubilados recibe menos de $1’300.000. A pesar de ello, en una tutela que puso hace poco Gette dice que esa mesada de casi $100 millones no le alcanza para sostener a sus cuatro hijos.
* El Instituto de Lenguas
El pasado 22 de septiembre la UAC denunció a Elfi Beltrán por el delito de fraude procesal. Beltrán es la representante del Instituto de Lenguas del Caribe (ILC), una firma que, según los abogados de la universidad, fue controlada por Gette a través de terceros y sociedades en sus tiempos como rectora. El ILC brindaba el servicio de clases de inglés a los estudiantes de la UAC y hace poco pidió que le cancelaran millonarias facturas por sus servicios. No obstante, serias inconsistencias se hallaron en esos contratos, pues todo indica que el ILC sobrefacturó sus servicios, los libros de texto que le vendía a la UAC entre otras anomalías. Una situación que, según las denuncias, se repitió con la Academia de Arte y Cultura del Caribe (también supuestamente controlada por Gette). La sobrefacturación rondaría los $300 millones.
* El lío del millón de dólares
Las autoridades también investigan la transferencia de un millón de dólares que hizo Gette en febrero de 2007 a una cuenta corriente de un banco en Miami. La UAC hizo un seguimiento contable a esa transacción y determinó que poco tiempo después de girado ese dinero, dicha cuenta tenía un saldo de apenas 84 mil dólares. ¿Qué pasó con la plata? Según los extractos del banco Helm Bank de Miami, Gette recibió un cheque de gerencia por un valor de un millón de dólares el 20 de febrero de 2007 (una semana después de la transferencia) y trascendió que ese mismo monto figura en una cuenta personal que tiene la exrectora en el banco Liechtensteinische Landsbank de Zúrich, Suiza. Según la exrectora, el objetivo de estas transacciones era ejecutar un proyecto de remodelación y modernización del centro educativo. Con una particularidad: según declaró a la Fiscalía Orlando Saavedra Magri, integrante del Consejo Directivo de la UAC, ese giro jamás fue aprobado por la Sala General de la UAC.
* La defensa de la exrectora
El abogado de Silvia Gette, Álvaro Rolando Pérez, señaló que todas las denuncias contra la exrectora serán desvirtuadas, que su caso ha sido dirigidamente mediático, que hay intereses oscuros para afectarla, que la UAC es la joya de la corona educativa de la Costa Atlántica y que ya hay un fallo en favor de Gette del Tribunal de Barranquilla sobre sus manejos administrativos.
Pérez sostuvo que a Gette no se le respetó el debido proceso en la UAC, que el Ministerio de Educación está revisando una petición para restituirla como rectora, que quien la sucedió en el cargo, Ramsés Vargas, se posesionó irregularmente. El abogado también desvirtuó la tesis de que Silvia Gette no puede ser rectora por los procesos que tiene, ya que no ha sido condenada y, por el contrario, todo apunta a demostrar “que su caso es el resultado de un complot de sus enemigos”.
Asimismo, añadió que todos los dineros y negocios que adelantó Gette fueron avalados por el Consejo Académico y quien debe responder penalmente si existe una irregularidad es el representante legal de la UAC y no la exrectora. Pérez dijo sobre la denuncia del millón de dólares que lo primero que hay que aclarar es que ese dinero nunca fue a parar a una cuenta personal de Gette, que se trató de una transferencia para la sede en Miami de la UAC y que ahí no hubo enriquecimiento ilícito. “Esa plata jamás salió de las arcas de la UAC”.
En relación con las acciones en los exclusivos clubes de Barranquilla, el defensor manifestó que dichas compras jamás se hicieron a nombre particular de Gette, que lo que se buscó fue cumplir con el requisito de ampliar el bienestar universitario y de tener espacios lúdicos. “Los famosos autopréstamos tampoco existieron. Ahí hubo unos créditos que Silvia venía pagando sin lío alguno y con su patrimonio va a responder. También es carreta eso de que ella controlaba unas academias y que se lucraba de ellas. Lo que hubo fueron unos convenios por los cuales se terminó beneficiando la UAC en términos de arriendos y de servicios prestados”.
Por último, sobre su mesada pensional, de la que se afirma es de $99 millones, el abogado Pérez resaltó: “Otro ejemplo más de mentiras mediáticas. Ella recibe lo que le corresponde de la pensión de sobreviviente de su esposo Mario Ceballos y el resto se dividía entre los demás pensionados del Consejo Directivo. Ella no gana ni la tercera parte de lo que han dejado ver. Nadie le probará un enriquecimiento ilícito ni un lavado. A ella la quieren joder por otros intereses”.