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En 1997, la Cámara de Representantes le otorgó la Orden a la Democracia Simón Bolívar al entonces alcalde de Barrancas (La Guajira), Juan Francisco Gómez Cerchar, a quien reconoció como el mejor alcalde del país. Dieciséis años después Gómez es, muy probablemente, el mandatario local con la mayor cantidad de procesos judiciales encima.
A Gómez se lo investiga por los delitos de concierto para delinquir, por sus supuestos vínculos con los paramilitares y con la organización criminal de Marcos Figueroa García, alias Marquitos, y homicidio, por su presunta participación en tres asesinatos.
Curiosamente, uno de los homicidios por los que se le investiga, el del concejal de Barrancas, Luis López Peralta, ocurrió el mismo año en el que la Cámara graduó de mandatario estrella al hoy gobernador. El 27 de febrero de ese año el concejal, quien aspiraba a reemplazar a Gómez en la Alcaldía de esa población fronteriza con Venezuela, fue asesinado en un hotel de su propiedad.
Durante su campaña, López Peralta denunció a Gómez de haber quemado la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barrancas para esconder supuestas irregularidades cometidas durante su administración. Han pasado 16 años de impunidad para la familia del cabildante y fue sólo hasta este año que el gobernador fue vinculado al proceso.
Pese a los señalamientos en su contra y pese a que en 1991 estuvo detenido durante dos meses tras encontrársele varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína, la Cámara le dio a Gómez la Orden de la Democracia Simón Bolívar, un reconocimiento que han obtenido, entre otros, el exministro Germán Vargas Lleras y la exalcaldesa Clara López.
Pero la Orden es apenas uno de los casi 20 reconocimientos que ha obtenido el mandatario, mejor conocido como Kiko Gómez, durante su carrera como dirigente —hoy seriamente cuestionada— y de los que se jacta en su hoja de vida. Por ejemplo, en 1999, fue distinguido por el Grupo de Caballería Mecanizado N° 2 Juan José Rondón por “su oportuno e importante apoyo a las Fuerzas Militares en su lucha por preservar el orden público en esta región”.
Curiosamente, ese mismo año los paramilitares ingresaron a La Guajira, al parecer, de la mano de un familiar de Gómez, Jorge Gnecco Cerchar. Gnecco Cerchar era el patriarca de su familia (que cuenta entre sus miembros a los exgobernadores del Cesar, Lucas Gnecco y Rafael Bolaños (cuñado de Jorge), al exsenador José Gnecco, al exalcalde de Santa Marta Hugo Gnecco y al actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco). De acuerdo con las autoridades, Jorge Gnecco fue un promotor del paramilitarismo en Cesar y el sur de La Guajira.
“Gnecco fue uno de los primeros patrocinadores de los paramilitares del Magdalena”, le dijo a las autoridades el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien, además, confesó su participación en el asesinato del cuestionado empresario, perpetrado en agosto de 2001, según Mancuso, por orden de Carlos Castaño.
Al parecer, Jorge fue, además, el promotor de la carrera de dos personas, hoy en entredicho: su familiar Juan Francisco Gómez Cerchar y un supuesto subordinado suyo: Marcos Figueroa García, alias Marquitos. De acuerdo con las investigaciones, al primero le dio su apoyo para llegar a la Alcaldía de Barrancas y luego en sus aspiraciones de llegar al Congreso de la República como segundo de José Gnecco
Gómez no pudo llegar al Legislativo porque se encontraba inhabilitado para ello. Por su parte, José Gnecco fue señalado por haber firmado el Pacto de Ralito e investigado por sus supuestos vínculos con los paramilitares, aunque no fue condenado por estos hechos. A finales de 2001 fue reemplazado por Bibiana Bacci García, esposa de Kiko Gómez.
Por su parte, al parecer Gnecco le dio a Marquitos alas para que diera inicio a una carrera criminal que hoy continúa y que han hecho de este criminal, oriundo de Fonseca (La Guajira), el hombre tras los negocios del contrabando y el narcotráfico.
La revista Semana dio a conocer el pasado 4 de mayo un viejo expediente de la Fiscalía en el que se hace referencia a una masacre cometida el 7 de abril de 1999 en Fonseca, perpetrada, al parecer, por un grupo de paramilitares, comandados por Marquitos y, presuntamente, financiados por Kiko Gómez. Una supuesta evidencia de los presuntos nexos que hoy tienen a Gómez bajo la lupa de las autoridades.
Ese mismo año fue distinguido, además, por la Federación Colombiana de Ganaderos “en reconocimiento al apoyo del sector ganadero y el desarrollo de iniciativas con el propósito de ayudar y fortalecer la alimentación de los niños de su región”. El gobernador —a quien la Fiscalía estudia si le imputa cargos por las muertes del dirigente Henry Ustáriz; la de su esposa, la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y la de Dinora Hernández— también cuenta con un Cerrejón de Oro y una Orden del Carbón.
El gobernador ya fue escuchado en indagatoria. Gómez ha negado todos los señalamientos en su contra y su abogado, Iván Cancino, ha dicho que contra su defendido “sólo existen especulaciones y rumores (...). Se han dicho muchas cosas, todas ellas carentes de respaldo probatorio”. Y agregó que, al parecer, algunos testigos han recibido ofrecimientos para incriminar a Gómez.
La Fiscalía deberá demostrar si Kiko Gómez —el mejor alcalde de 1997— no es el mandatario que la Cámara de Representantes distinguió, sino el socio de los paramilitares y los criminales que se tomaron a sangre y fuego a La Guajira.
De amenazas y exilios
El primero en advertirlo fue el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar: “La UNP ha recibido una información muy precisa y delicada sobre un plan para asesinar a tres de nuestros protegidos”, anunció en su cuenta de Twitter en mayo pasado.
Se trataba de los investigadores de la Corporación Arco Iris León Valencia y Ariel Ávila, y del periodista Gonzalo Guillén. Según se divulgó, un sicario había sido contratado en la Costa Atlántica para asesinar a estas tres personas, las cuales habían denunciado, junto con la analista Claudia López, los presuntos vínculos entre grupos paramilitares y el gobernador de La Guajira, Francisco Gómez Cerchar.
En las últimas tres semanas, tanto López como Guillén se vieron obligados a salir del país ante la gravedad de las amenazas en su contra. López ha acusado como el autor de éstas al gobernador Gómez. Éste, por su parte, ha negado estar detrás de las intimidaciones contra los mencionados.
Las cifras redondas de La Guajira
El Cerrejón es una de las minas de carbón más grandes del mundo. Ubicada entre los municipios de Barrancas, Hato Nuevo y Albania, de ella se extraen 32 millones de toneladas de carbón térmico al año, lo que genera una ganancia de cerca de US$2.000 millones. La Guajira le debe a la minería casi un 70% de su Producto Interno Bruto.
De hecho, Cerrejón le dio a La Guajira una parte muy importante de los $615.000 millones que este departamento recibió en regalías el año pasado, una cifra apenas superada por lo recibido por el Meta. No obstante, las autoridades guajiras han sido cuestionadas en reiteradas ocasiones por mal manejo de estos recursos.
Uno de los municipios de La Guajira que reciben una mayor cantidad de recursos por cuenta de las regalías es Barrancas, que obtiene cerca de $30.000 millones, casi la mitad de los dineros que obtiene anualmente. Barrancas es la cuna del gobernador Kiko Gómez y su fortín político.