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En el informe más reciente de la Fundación Ideas para la Paz, titulado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición” y divulgado en la edición dominical de El Espectador, esta organización no solo hace referencia a los grandes grupos que hoy se erigen como los mayores “saboteadores armados” de la paz, al nivel de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El informe reflexiona también sobre lo que el Estado llama ahora Grupos Delictivos Organizados (GDO) que, si bien no tienen el alcance de las, son igualmente una amenaza enorme en las regiones en que operan.
El informe de la FIP señala que son estructuras “estrictamente locales o subregionales”, en las cuales el arraigo local y las conexiones previas son determinantes, pues no cualquiera puede ingresar. A veces, incluso, funcionan por la lógica de los clanes. Sus territorios son limitados, sobre todo urbanos, y aunque tienen un número de integrantes que no sobrepasan los 150 hombres, pueden llegar a tener impacto trasnacional por sus redes de sicarios y de narcotráfico. Lo más importante: pueden funcionar como “anclas” de grupos más grandes, lo que facilita su expansión por el país.
Se identifican cuatro tipos de origen: los grupos de seguridad privada antecesores de las AUC, como los Buitragueños en los Llanos y el clan Isaza en el Magdalena Medio, que se identificaban a sí mismos como autodefensas; ejércitos privados del narcotráfico, como Los Rastrojos, cuyo origen es el cartel del Norte del Valle; los grupos que surgieron tras la desmovilización de las AUC; y los que derivan del debilitamiento de todos los anteriores en ciertas regiones, por ejemplo los Pachenca, que conformaron exgaitanistas en Magdalena. Para la FIP, es claro que son grupos sin “interés de cooptar el Estado local o reconfigurarlo”.
Lo que sí les interesa, es claro, es utilizar a funcionarios del Estado para impedir operativos o frenar órdenes de captura. Y mientras existan miembros de la Fuerza Pública o de las administraciones locales interesados en hacerle eco a estos intereses, la paz —o al menos la estabilidad—, desde la perspectiva más local, puede volverse prácticamente una utopía.
Los Rastrojos
Es el “legado” de Wílber Varela, el jefe del cartel del norte del Valle que creó su ejército privado para enfrentarse al otro capo de ese cartel, Diego León Montoya (alias Don Diego). Varela fue asesinado en Venezuela en febrero de 2008 y Don Diego fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de ese mismo año, pero Los Rastrojos siguieron creciendo. Del Valle del Cauca saltaron a Cauca y Nariño, luego al Caribe y después a Norte de Santander, en la zona fronteriza con Venezuela.Su actividad principal es el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera en Venezuela”, y también la minería ilegal. La FIP advierte que este grupo tiene una gran capacidad para corromper a integrantes de la Fuerza Pública tanto en Colombia como en Venezuela, y que “al otro lado de la frontera es común oír que Los Rastrojos ‘se pasean como si nada’ por la inacción de las autoridades venezolanas.
Aunque el Valle fue siempre su base, la FIP concluye que Norte de Santander es el departamento donde más tienen presencia hoy. Allí se calcula que tienen unos 80 hombres en el municipio de Puerto Santander, sobre la frontera con Venezuela. Esta situación incluye una denuncia delicada que hace la FIP: “Se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia”.
La Cordillera
Es el “legado” de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un hombre que llegó a tener tanto poder dentro del crimen organizado, y que se volvió tan incontrolable para el Estado, que antes de extraditarlo en 2008 a Estados Unidos junto a 12 exjefes paramilitares más, tuvo que ser recluido en un buque de la Armada, en altamar, para que no tuviera capacidad de injerencia sobre sus subordinados.La Cordillera nació como la “oficina de cobros” del Bloque Central Bolívar, que estaba a cargo de Macaco, y desde entonces es el terror del Eje Cafetero. Para que Macaco se hiciera al mando de esta banda criminal, tuvo que disputarse el poder con quienes antes querían liderar este grupo: Los Cabezones y los hermanos Herrera Arrubla, con nexos con el bloque Capital en Bogotá.
La Cordillera opera en Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa. También se ha expandido a Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya; y a El Dovio y Cartago en el Valle del Cauca. La FIP señala que también es una “entidad ‘sombrilla’”, que agrupa 13 bandas barriales en Pereira y 53 en Dosquebradas, este último con una población que apenas sobrepasa los 200.000 habitantes (es decir, una banda por cada 3.700 habitantes).
No es claro si La Cordillera ha establecido alianzas con grupos como el Clan Úsuga (Autodefensas Unidas de Colombia) y Los Rastrojos o si los ha enfrentado, pues la información al respecto es contradictoria. Lo que sí es claro es que sus actividades causan gran impacto humanitario: desplazamiento intraurbano, imposición de normas de conducta, reclutamiento de menores para delinquir. Han logrado infiltrar instituciones como la Policía y la Alcaldía de Pereira.
El informe de la FIP hace referencia a varios grupos más: Los Buitragueños, que lideraban en el Casanare Héctor Buitrago y su hijo, alias Martín Llanos: el primero fue capturado en abril de 2010 en Cundinamarca y el segundo, en febrero de 2012 en Venezuela. Los Botalones, estructura que fundó Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, entre Boyacá y Santander. Los Caqueteños, creado por un militar en retiro llamado Alonso Mavesoy Lozada. Los Costeños, producto del debilitamiento de Los Rastrojos en el Caribe. Los Pachenca, que operan en el Magdalena y La Guajira. Aquí está el informe completo de la FIP.