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Judicial 15 Ene 2013 - 8:12 pm

Comunidad internacional, clave para su funcionamiento

Los reclamos del defensor

Jorge A. Otálora dice que la falta de presupuesto tiene a la entidad viviendo de la caridad, que aún no participa en el proceso de paz y que hay que evaluar con cuidado los efectos de la minería.

Por: Diana Carolina Durán Núñez
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Otálora lleva cuatro meses ejerciendo como defensor del Pueblo. Es exmagistrado de la Judicatura. / Gabriel Aponte - El Espectador

Jorge Armando Otálora sigue una agenda de trabajo que incluye el hacinamiento y la crisis de salud en las cárceles, el análisis que se viene sobre la manera de combatir a las bacrim, el estudio del impacto de la locomotora minera y la promoción de una ley para controlar el uso de la pólvora. Primero, sin embargo, le toca ‘arreglar la casa’: Otálora reclama que su entidad no tiene dinero y que es vergonzoso que la Defensoría dependa, prácticamente, de los dineros internacionales. Un escenario que no le permite a la entidad apoyar la Ley de Víctimas..

¿Con base en qué sostiene que las bandas criminales deberían ser consideradas actores del conflicto?

No estoy pidiendo tratamiento especial o reconocimiento de alguna categoría para las bandas criminales. No estoy pidiendo privilegios, como dijo algún día un funcionario. Lo que sí se ve es que se trata de grupos armados ilegales con una estructura criminal establecida y un territorio que quieren tener a disposición. No creo que tengan reivindicaciones o filosofía de ninguna naturaleza, pero darles ese tratamiento cambia radicalmente la manera en que la Fuerza Pública puede combatirlas. Hemos visto poblaciones donde la Policía no tiene los hombres o la capacidad.

Usted ya había expresado esta petición. ¿Le ha respondido el Ministerio de Defensa?

Sí. Me reuní con el ministro y algunos mandos militares en diciembre. Se discutió un decreto de 2010 donde se especifica que la Policía las combatirá a menos que pida la intervención del Ejército. La inquietud se debe a que se considera que la Fuerza Pública necesita otras herramientas jurídicas adicionales. Con ocasión de esa reunión, hubo otra presidida por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y quedamos en que a mediados de enero se iban a retomar estos temas, a analizar los decretos y a tomar medidas.

Usted, que ha estado conociendo la realidad carcelaria en las últimas semanas, ¿qué espera del nuevo Código Penitenciario?

Hay varios temas. Como medida a largo plazo, la construcción de nuevas cárceles y la oferta de nuevos cupos en las ya existentes. A mediano plazo, una reforma legislativa que no sólo incluya al Código Penitenciario sino la revisión del Código Penal Procesal, pensando en replantear qué acciones merecen reclusión intramural y cómo ayudar a descongestionar las cárceles. Por supuesto, esto requiere un estudio muy serio para que la gente no crea que se van a vaciar las cárceles o que se van a obviar delitos graves. Y, a corto plazo, revisar las peticiones de libertad represadas.

Pero es que, al parecer, no hay suficientes jueces de ejecución de penas para estudiar esas solicitudes.

Es cierto, y por eso esas peticiones no se atienden como se debería. A partir de este año se va a aumentar el número de jueces de ejecución de penas, porque el Consejo Superior de la Judicatura atendió el llamado. Inicialmente se ha hablado de 14 jueces, no sé si para Bogotá o todo el país. Hay que mirar en qué cárceles hay hacinamiento.

El director del Inpec señaló que la Ley de Seguridad Ciudadana ha llenado las prisiones. ¿Está de acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo. Esa ley disparó la congestión en las cárceles, pues vemos casos como el del hombre que resultó preso por robarse un caldo de gallina. Bien se podría pensar en sanciones de otro tipo, porque el esfuerzo que hace el Estado no se compadece con el hacinamiento. Un recluso le vale al Estado alrededor de $1 millón mensuales. Esos delitos, además de la plata, no ayudan a desestimar a los delincuentes. Hay que pensar en un nuevo modelo.

Si cada cinco minutos se presenta una tutela por derechos de salud, ¿qué hacer con el modelo que tiene el país?

Aquí debemos hablar de un nuevo modelo, porque lo que hay es una colcha de retazos. Hay que reconocer que este modelo fracasó y no llenó nunca las expectativas de todos los colombianos. El inconveniente principal es el tema de los recursos. El ministro de Salud nos dijo que hay asegurados $2,3 billones adicionales para empezar a manejar reformas en este campo y para cumplir obligaciones.

¿Qué papel juega usted en los diálogos de paz?

En este momento, ninguno. Esperamos que cuando se estudie el tema de las víctimas podamos tener alguna presencia. Por ahora, he sido absolutamente prudente y he exigido la misma posición de todos los funcionarios públicos. Cualquier pronunciamiento puede entorpecer el proceso. Lo que hemos pedido siempre es que se saque a los civiles del conflicto y que no recluten a menores.

¿Qué tan “vivas” están las Farc hoy?

Están haciendo presencia; en regiones como Chocó tienen una fuerte influencia. Pero me abstengo de hablar más.

La llamada locomotora minera se ha vuelto un tema crucial para el país. ¿Qué ha encontrado la Defensoría al respecto?

Para nosotros es prioridad este año entrar a revisar el impacto que está teniendo la minería en las regiones, más allá del tema de las regalías. Hablo del impacto sobre el desarrollo de las comunidades y sobre el medio ambiente. Algunos congresistas nos han convocado a visitar sus regiones, específicamente Córdoba con Cerro Matoso y el sur del país, donde está operando Pacific Rubiales.

¿El tema de la minería es prioridad para la Defensoría?

Lo es, pero el problema es de infraestructura y presupuesto. Este año que pasó, deberían habernos girado por la Ley 1448 (Ley de Víctimas) recursos para 350 funcionarios de planta y 1.300 defensores públicos para representar a víctimas, pero no se giró ningún dinero, y ese llamado lo hicimos en el Senado, en la comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas y al ministro de Hacienda.

Si no tienen recursos, ¿cómo están haciendo para funcionar?

Esta entidad cumple una función muy importante, pero no goza del número de personas ni del presupuesto que debería tener. Vivimos de caridad pública, no tenemos los rubros para pagar una chalupa de Quibdó a las regiones, tenemos que acudir a la comunidad internacional. Es lamentable y vergonzoso decirlo. No hemos tenido la atención del gobierno nacional a través del presupuesto.

¿Hay algún otro tema que le interese a la Defensoría para este año que arranca?

Hay dos en particular: por un lado, estoy conformando un grupo para ver cómo se tramita una ley sobre el asunto de la pólvora. Llegó el momento de tomar medidas, no podemos seguir viendo cada año esas estadísticas dolorosas. Lo otro son las balas perdidas: en los últimos diez años han dejado más de 700 víctimas mortales y más de 1.300 heridos. Hay que ver cómo se fija una prohibición de armas en temporada decembrina o en ferias, que es cuando vemos más de estos incidentes.

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