Los señalamientos contra el senador Armando Benedetti por el caso de chuzadas ilegales

Luego de conocer el testimonio del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, en el que se salpica al congresista como uno de los supuestos clientes de la red ilegal de interceptaciones, Benedetti señaló que se trata de una persecución. Dio a conocer que denunció penalmente al fiscal Daniel Hernández.

Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla
13 de septiembre de 2018 - 04:30 a. m.
Armando Benedetti le pidió a la Corte Suprema que asuma el caso. / Archivo
Armando Benedetti le pidió a la Corte Suprema que asuma el caso. / Archivo

La captura del general en retiro Humberto Guatibonza generó todo un revuelo nacional por su supuesta participación en una red, conformada por oficiales en retiro de la Fuerza Pública, dedicada al negocio de interceptaciones ilegales. Entre los casos que la Fiscalía investiga está un supuesto intento de “chuzar” al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, su esposa y al abogado Jaime Lombana. El cliente que habría pagado por estos servicios sería el senador Armando Benedetti, según dijo el testigo estelar del caso, el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, dueño de la empresa encargada de realizar las interceptaciones ilegales.

El congresista Armando Benedetti dijo públicamente que no conoce al general Guatibonza ni al coronel (r) Salinas, ni ha acudido a empresas de seguridad a pedir información sobre el fiscal Martínez. Además, sostuvo que hace casi tres meses denunció al fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien está encargado de la investigación de las interceptaciones ilegales realizadas por la empresa de Salinas, porque supuestamente estaba buscando testigos en su contra para montarle un proceso judicial. Benedetti agregó que le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue para determinar si tuvo o no alguna conexión con esta red ilegal de “chuzadas”.

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Según el expediente de la Fiscalía, Benedetti habría comprado estos servicios a través de Juan Carlos Madero, quien se encargaba de buscar clientes a cambio del 25 % del negocio. Como comentó el coronel (r) Salinas a los investigadores, Madero fue quien le dijo que Benedetti estaba comprando servicios para interceptar comunicaciones de Jaime Lombana, al punto que llegó a solicitar servicios para hacer seguimientos al hijo del abogado. Asimismo, que fue Madero quien le pidió “chuzar” a nombre de Benedetti dos números telefónicos que terminaron siendo los del fiscal general y su esposa, por lo que se negaron a hacer el trabajo.

Entre las 175 carpetas de seguimientos ilegales que halló la Fiscalía en el computador de la hacker, María Alicia Pinzón Montenegro, una se denominaba Barbas. Según el coronel (r) Salinas así identificaba Juan Carlos Madero al senador Benedetti. Además, el testigo en su declaración dijo que por el trabajo para Benedetti recibió un pago de $4 millones. “El trabajo del señor Benedetti fue como por tres meses y se le enviaban los informes a través del correo electrónico. En una ocasión él (Juan Carlos Madero) como que le entregó unos informes físicamente a Benedetti o al escolta, y esos documentos fueron hurtados del carro. Eso me lo contó Madero”, indicó. Y agregó: “Benedetti estaba enterado de lo que se hacía y qué información se le pasaba”.

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La defensa de Benedetti

“Yo no conozco a Guatibonza, ni a Jorge Salinas, ni a su empresa, ni he estado relacionado con una persona de ellas, ni he ido a Cali y a Pasto para reunirme. (…) Tiene que ser uno muy loco para atreverse a interceptar al fiscal”, señaló Benedetti. Lo que no se sabía hasta el momento es que desde el pasado 12 de junio Benedetti ha venido denunciando supuestas irregularidades en el actuar del fiscal Daniel Hernández. El senador radicó una denuncia en contra de Hernández en la Fiscalía, una queja disciplinaria ante el procurador Fernando Carrillo y un oficio ante el despacho del propio Martínez Neira.

En los documentos en poder de El Espectador se lee que Daniel Hernández supuestamente habría acudido a las cárceles La Modelo, Las Mercedes, La Picota y a los calabozos de la Fiscalía ubicados en el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ofreciendo supuestos beneficios a testigos a cambio de declarar en contra de Benedetti. En su denuncia, el senador documenta dos casos en concreto. El primero tiene que ver con Álvaro Enrique Burgos Toro, condenado por participar en un millonario desfalco al Fondo de Pensiones del Magisterio de Córdoba, un caso por el cual se compulsaron copias a la Corte Suprema contra el congresista Benedetti. Y el segundo hace referencia al caso Odebrecht y su supuesta vinculación con el grupo de senadores a los que la firma brasileña identificaba como Los Bulldozer.

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Sobre el primer el caso del desfalco en Córdoba, lo que asegura Benedetti es que el testigo Burgos habría cambiado su versión inicial por “(...) presiones y ofertas inverosímiles por parte del fiscal Daniel Ricardo Hernández, quien acudió personalmente al establecimiento carcelario donde se encuentra recluido –pese a que carece de relación con el caso- y le indicó que debía declarar en mi contra, a cambio de recibir una disminución en la pena en sede de casación y no ser trasladado a un calabozo aislado en la ciudad de Bogotá”. Sobre el caso Odebrecht, el senador indicó que su nombre salió a colación porque Federico Gaviria habría escuchado a Otto Bula mencionarlo.

“Al ser interrogado dentro del proceso penal matriz referente a la investigación de Odebrecht, y rendir testimonio ante la Sala Penal de la Corte Suprema, el señor Otto Bula –además de desmentir plenamente a Federico Gaviria, precisando que jamás le mencionó mi nombre y que carezco de cualquier clase de relación con el caso examinado-, precisó que estando privado de la libertad en el pabellón ERE Sur de La Picota, también fue increpado por el fiscal Daniel Ricardo Hernández, quien le ofertó significativas rebajas de pena, la concesión de subrogados penales o la prisión domiciliaria (…) a cambio de declarar en mi contra”, aseguró Benedetti en su denuncia.

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Benedetti insistió en que Hernández no tendría competencia para preguntar por él, dado que quien lo puede investigar es la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el congresista afirmó que estos señalamientos que ahora surgen en su contra estarían relacionados con las denuncias que hizo en contra del fiscal Néstor Humberto Martínez a finales de 2017 por sus actuaciones en el caso de Odebrecht. El senador lo calificó de “rufián” y aseguró que había recibido dinero de la multinacional.

“Era obvio que se iba a desquitar y están respondiendo de la forma más baja. Le pido a la Corte Suprema que investigue este caso, le pido a la Fiscalía que compulse copias”, dijo Benedetti. Por ahora la Fiscalía no ha compulsado copias contra el senador por su supuesta participación como cliente de la red ilegal de interceptaciones. También es claro que Benedetti aún no revela ninguna prueba de las que dijo tener contra el fiscal general y su supuesta relación con Odebrecht.

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Por Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla

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