En la audiencia celebrada el pasado viernes 10 de febrero, el fiscal anticorrupción, Francisco Javier Villarreal relató la forma en cómo se llevó a cabo la falsa desmovilización, señalando que está fue financiada por un narcotraficante con el alias de ‘El Indio’ bajo el beneplácito del entonces alto comisionado de paz Luis C. Restrepo y un grupo de militares, quienes junto a un guerrillero desmovilizado hicieron en “tiempo récord” el proceso para que 62 hombres abandonaras las armas.
Lo que quedó claro en la imputación hecha por la Fiscalía, es que agentes del Gobierno pactaron con “un grupo de delincuentes” la búsqueda de objetivos en común entre los que estaban los beneficios jurídicos, políticos y económicos que conllevaba la desmovilización de una compañía de la guerrilla de las Farc.
Para ejecutar todo este plan fue necesario contar con el apoyo financiero de Hugo Alberto Rojas Yepes alias ‘El Indio’, un narcotraficante que se encontraba en proceso de extradición y quien por medio del desmovilizado guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’ logró contactarse con el entonces alto comisionado para la Paz para “cuadrar” todo lo relacionado con la desmovilización de una “compañía guerrillera inexistente”.
Todo esto ocurrió en noviembre de 2005. Desde ese momento, las personas fueron trasladadas hacia un lugar central en el departamento del Tolima, punto en el cual fueron “adiestradas” en temas militares de milicia, de comportamiento de las Farc como sus himnos, ideología y pensamiento, y toda la personalidad subversiva.
Pero todo esto eran detalles frente a la imagen guerrillera que debían presentar el día de su desmovilización. Estas personas necesitaban armamento y uniformes propios para entregar ante el Gobierno y cumplir así con el abandono de las armas y su reintegración a la sociedad.
Para esto, los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza contactaron el traslado del armamento hasta el departamento del Tolima. Para esto, solicitaron y revisaron el transporte de dicho material de guerra desde la ciudad de Santa Marta hasta Bogotá por helicóptero y tierra, bajo la escolta militar.
Según la información de la Fiscalía, este armamento le fue adquirido a los grupos paramilitares que operaban en el departamento del Magdalena. En la capital de la República fueron almacenadas en la Regional de Inteligencia no. 5 durante 20 días “hasta que se acordó” la forma en cómo debían ser trasladadas las armas al municipio de La Tebaida en el Tolima.
“(Los militares) prestaron seguridad, asegurando la integridad física de estas personas mientras se preparaban militar y psicológicamente como parte del engaño al que se había allegado”, precisó el fiscal en la diligencia judicial celebrada el pasado viernes.
El montaje
En su celda en la cárcel La Picota en Bogotá, ‘Olivo Saldaña’ logró contactar en otras ciudades del país a desempleados, drogadictos, habitantes de la calle, delincuentes comunes, entre otro tipo de personas, para que se hicieran pasar por guerrilleros dispuestos a abandonar las armas.
En poco tiempo se pudo juntar un grupo de 62 personas, las cuales fueron trasladadas hasta La Tebaida, en donde recibieron el tipo de entrenamiento requerido para que “aparentaran” ser guerrilleros.
Allí recibieron armas cortas como pistolas nueve y 75 milímetro, además de armas largas de diversos calibres y modelos como fusiles AK-47, r-15, calibre nueve milímetros hechizos, escopetas, de doble cañón, una ametralladora con su trípode y un lanzagranadas “aunque hechizo funcionaba”, y por supuesto cartuchos para todo este armamento.
“Las armas no eran portadas por los falsos guerrilleros en su zona de ubicación temporal, es decir que llegaron desarmados, y las armas fueron transportadas desde varias zonas del país por militares que asesoraban a Luis C. Restrepo”, precisó el fiscal del caso al señalar que durante la inspección de la Fiscalía se pudo comprobar que solamente 11 de esos fusiles “en verdad funcionaban”.
Ya para ese momento, el desmovilizado guerrillero ‘Olivo Saldaña’ había sido nombrado por el Gobierno como “representante de las Farc” para adelantar dicha desmovilización, debido al poder y conocimiento que tenía de La Cacica y de sus hombres “pese a que nunca había hecho parte de ella”.
Sin embargo, y pese a que ‘Saldaña’ era, según información oficial, buscado por cielo y tierra por los miembros de las Farc puesto que había abonando las filas y se había llevado consigo un dinero de la insurgencia, pudo sin ningún tipo de diálogo o negociación con estas personas para que dejaran las armas y regresaran a la sociedad.
“Pese a ser desertor de las Farc logró en un periodo de cuatro meses dos desmovilizaciones colectivas de las Farc, siendo que la Cacica la Gaitana no figuraba en el organigrama de las Fuerzas Militares y que nadie tenía registro de combates, ni de su actividad ilegal”, precisó el fiscal enumerando los cientos e irregularidades que presentó el proceso.