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Mientras la Fiscalía prende motores en las investigaciones por el escándalo del manejo irregular de los bienes incautados a la mafia por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Procuraduría inhabilitó y destituyó por 15 años para ocupar cargos públicos al exdirector de la entidad Ómar Figueroa. La sanción se da en medio de las negociaciones que el exfuncionario adelanta con el ente investigador para prender el ventilador y contar las minucias de cómo, al parecer, se inflaron los bolsillos de algunos particulares, depositarios y hasta algunos congresistas durante su administración y la de su antecesor Carlos Albornoz.
Para la Procuraduría no cabe duda de que Figueroa, cuando fungía como subdirector de bienes de la DNE —cargo que ostentó antes de ser director— entre 2006 y 2009, incurrió en omisión de sus funciones al no relevar del cargo de depositarios a Zaira Samira Villamil, quien tenía a su cargo el Hotel Chinauta Resort que perteneció al narcotraficante Justo Pastor Perafán, y a Luis Vargas Vargas, quien administraba la finca cafetera La Argentina (Caldas). De Villamil y Vargas se ha dicho que habrían sido cuotas burocráticas del senador Álvaro Ashton y del excongresista Ómar Yepes, respectivamente.
Ambos predios son los que terminaron de poner en aprietos a los exdirectores de la DNE, ya que Carlos Albornoz también fue sancionado el pasado 5 de septiembre por el Ministerio Público, prácticamente, por los mismos hechos. En medio de esta ‘rifa’ de bienes, la Procuraduría ha indicado que en el caso del Hotel Chinauta Resort fueron múltiples irregularidades las que se cometieron al designar a Zaira Villamil como depositaria el 17 de diciembre de 2008, porque, como lo señaló el mismo Sindicato de Trabajadores Colombianos de Hoteles, Villamil no tenía experiencia en administración ni en hotelería y turismo, debido a que era una abogada financiera.
Respecto a la finca cafetera La Argentina, el organismo de control señaló que durante el período que estuvo al frente del bien Luis Vargas, la DNE dejó de recibir $700 millones que provenían de la productividad y las ganancias económicas. Según el Ministerio Público, Vargas y el dueño de la finca, Jorge Eduardo Mejía, se apropiaban ilegalmente de las cosechas y las vendían sin reportar un solo peso ante el Estado. Por estas razones, para la Procuraduría Figueroa cometió una falta gravísima porque, pese a tener conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando, permitió el incremento injustificado del patrimonio de Vargas y Villamil.
A Figueroa la Fiscalía le imputó cargos el pasado 30 de noviembre de 2011 por los delitos de prevaricato por acción y omisión, concusión, cohecho, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica y concierto para delinquir. Desde febrero de 2012 se encuentra recluido en la cárcel La Picota (Bogotá) y está a punto de firmar un acuerdo que le daría beneficios jurídicos si ‘echa al agua’ a su exjefe Albornoz y a los 12 congresistas que han sido nombrados en este escándalo.
Este lunes, en horas de la tarde, la Fiscalía acusó formalmente al exfiscal antimafia y exliquidador de la DNE Camilo Bula por el delito de peculado, cargo del que aceptó ser culpable, pero que no fue incluido en el principio de oportunidad al que llegó con la justicia el pasado 25 de septiembre. Bula se comprometió a hablar de 26 personas, entre ellas la senadora conservadora Myriam Paredes y los exsenadores Javier Cáceres y Luis Élmer Arenas, presuntamente involucradas en el desfalco a los bienes incautados a la mafia.