Fuentes cercanas informaron que el magistrado Jaime Castro Caballero presentaráel próximo miércoles ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un impedimento para actuar en el marco del proceso que se adelanta contra el exsenador de la República, Iván Moreno Rojas por el denominado ‘carrusel de la contratación’ y en el cual funge como ponente.
Esto debido a una serie de publicaciones en diferentes medios de comunicación en las cuales se señala que una hermana recibió un cheque por mil millones de pesos por parte de una de las empresas del Grupo Nule, uno de los principales protagonistas y testigos en los procesos que se adelantan por las irregularidades en la entrega de contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
Igualmente se indica que uno de los hermanos del togado habría hecho negocios con uno de los considerados testaferros del contratista Emilio Tapia, procesado también por este caso de corrupción administrativa en la historia de la capital de la República, y además por el delito de lavado de activos, proceso por el cual se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota y le puso punto final al preacuerdo firmado con la Fiscalía.
El periodista Daniel Coronell denunció en su columna de la Revista Semana que el magistrado también habría hecho negocios con un hermano del llamado testaferro. Para esto presentó los recibidos de la compra de un inmueble localizado en el exclusivo sector de El Peñón en Girardot. Igualmente se presentaron los documentos que sustentan el cheque y las transacciones en las cuales aparecen los nombres de los hermanos del magistrado de la Sala Penal.
Ante esto, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que defina si el magistrado está impedido para emitir una decisión en este caso, el cual duró casi tres años y que tiene privado al excongresista del Polo Democrático en la cárcel La Picota de Bogotá. Moreno Rojas fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General por 20 años para ejercer cargos públicos, mientras que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura.