Magistrado Pretelt se pone a disposición de la Fiscalía en investigación por despojo de tierras

En una carta enviada al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valvuena, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se puso a disposición del ente investigador para que sea citado a entrevista en el caso de tierras en el Urabá antioqueño despojadas a sus legítimos dueños por los paramilitares.

En la carta, el expresidente de la Corte Constitucional expresó que los predios “No hay como Dios” o “La María” y “Altobonito” fueron adquiridas de manera legal hace 15 años “sin haber ejercido ninguna coacción, por un precio justo y sin que se haya desplazado a ninguna persona”. Por estos hechos ya rindió interrogatorio su esposa, Martha Ligia Patrón.

“Estaré atento para acudir a su despacho en la fecha y hora que Usted disponga para aportar todos los elementos de juicio y que demuestran que no ha incurrido en ninguna conducta punible por parte de mi familia”, precisa uno de los apartes de la comunicación en la que se aclara que si bien su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Según la Fiscalía General, estos predios habrían sido comprados a un precio bajo luego que sus legítiimos dueños fueran obligados a abandonarlos por presiones de los grupos paramilitares que delinquían en la zona. Los miembros de las AUC además presionaron para que les firmaran las escrituras.

El ente investigador busca establecer si la funcionaria incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civill, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos,

Por estos hechos, el fiscal General, Eduardo Montealegre compulsó copias a la célula legislativa para que se investigue al magistrado Pretelt Chaljub, quien actualmente enfrenta un proceso por su presunta participación en la entrega de 500 millones de pesos para favorecer el trámite de una acción de tutela de la firma Fidupetrol en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó el pago de una multa de 23 mil millones de pesos.