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La mala suerte de La Nueve Millonaria

Ese órgano de control halló presuntas irregularidades en la liquidación de la extinta lotería.

Redacción Judicial
24 de septiembre de 2012 - 10:00 p. m.
La Nueve Millonaria fue una de las loterías más reconocidas durante sus 15 años de existencia. / Archivo - El Espectador
La Nueve Millonaria fue una de las loterías más reconocidas durante sus 15 años de existencia. / Archivo - El Espectador

Ni liquidada la lotería La Nueve Millonaria se aleja del escándalo. Durante sus 15 años de existencia, de 1992 a 2007, esa empresa enfrentó acusaciones e investigaciones. En 2007 su situación se hizo insostenible y el superintendente de Salud de ese momento, José Renán Trujillo, ordenó su fin. Ahora, un informe de la Contraloría, conocido por El Espectador, deja entrever que ni siquiera su liquidación estuvo exenta de irregularidades y que en su realización se habría generado un detrimento patrimonial de $900 millones. Por ello, ese órgano de control abrió proceso de responsabilidad fiscal contra cinco empresas y cuatro funcionarios.

En septiembre de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud designó a la Fiduciaria La Previsora como liquidadora de La Nueve Millonaria. A su vez, la empresa nombró como encargado de la liquidación a César Augusto Romero Molina, quien comenzó labores el 11 de septiembre de ese año. Romero Molina apenas duró 12 meses en el cargo. Durante ese año, según la Contraloría, el liquidador supo de varias anomalías en los contratos de la liquidación y, a pesar de ello, no hizo nada para detenerlas, lo que habría producido sobrecostos a la Nación y que la liquidación tomara más tiempo del requerido. Romero Molina se encuentra en procesos judiciales y fiscales por casos similares e, incluso, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó durante cinco años por un escándalo parecido.

La Contraloría agrega que, además, quienes se supone debían controlar a Romero Molina: Rocío Londoño Londoño, en ese entonces vicepresidenta de administración fiduciaria de la Fiduprevisora, y Guillermo Arenas, supervisor del contrato, no lo hicieron. Entre las irregularidades que encontró el órgano de control está, por ejemplo, que la liquidadora contrató a un mensajero al que le pagaban $3 millones por su labor, cuando la empresa ya había contratado a alguien que se encargaba de ese servicio y a quien le pagaban $1’200.000. Asimismo, la Contraloría encontró que la liquidadora pagó por la realización de una depuración contable que se hizo a medias y una auditoría y un informe judicial que fueron mal hechos.

Por ejemplo, la liquidadora contrató a la firma Lawyers Enterprise, representada por el abogado Abelardo de la Espriella, para que informara sobre los procesos judiciales y administrativos que había contra La Nueve Millonaria y le pagó $60 millones. Lo que hizo la firma, al parecer, fue entregar un informe que era una copia de otro que había realizado una funcionaria de la lotería meses antes. Por ello, el liquidador que reemplazó a Romero Molina se vio en la necesidad de contratar un nuevo informe por parte de la misma empresa. Al respecto, el abogado Abelardo de la Espriella afirmó: “No he sido notificado del proceso, desconozco la supuesta contratación, pero atenderé el llamamiento de la Contraloría y daré las explicaciones necesarias en mi calidad de representante de la firma. Me atendré a lo que se señale”. El Espectador logró comunicarse con la Fiduprevisora, pero al cierre de esta edición no habían dado su respuesta..

Esta última investigación es, apenas, un capítulo de la trajinada historia de La Nueve Millonaria, en su momento una de las loterías más reconocidas del país. En 1998, con apenas seis años de creada, se propuso por primera vez su liquidación debido a que no estaba dando los resultados esperados por sus dueños, los 9 departamentos que habían sido creados por la Constitución de 1991: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. En 1999 se investigó a su director de entonces, Elkin Contento, porque, al parecer, falsificó documentos para obtener un premio gordo que se había quedado sin ganador. Hubo debates en el Congreso e, incluso, los diputados de Arauca le propusieron a su gobernador en esa época, Gustavo Castellanos, que retirara sus acciones. La empresa sobrevivió al escándalo. Pero en 2007 se decretó su muerte. Estaba endeudada e, incluso, se había quedado sin pagar varios premios gordos.

Por Redacción Judicial

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