Manto de caos cubre a la Rama Judicial en Colombia, advierte Anif

“Se ve con algo de desazón que al sector Justicia parece que nadie lo ronda en Colombia”, dice informe.

El Espectador
18 de febrero de 2013 - 11:00 a. m.

Un manto de caos cubre a la Rama Judicial en Colombia, pues allí no sólo existe desidia administrativa, cuando no corrupción (como en el caso de los “carruseles pensionales”), sino un grave “choque de trenes” que se ha venido manifestando bajo la forma de abierta desobediencia de los jueces frente al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y de éste frente a la Corte Constitucional.

La advertencia fue hecha por Anif, en su informe semanal, donde destaca que pensando en cómo establecer el “imperio de la Ley”, se ve con algo de desazón que al sector Justicia parece que nadie lo ronda en Colombia.

Tras un análisis de las distintas manifestaciones de la justicia, el informe de Anif destaca que “Colombia llegó a un pésimo arreglo institucional a la hora de permitir la reelección inmediata del Presidente de la República (aupado por el lamentable Uribe-II) y también se equivocó a la hora de aprobar la reelección inmediata del Procurador de la República”.

Precisa el estudio que esta reelección, la del Procurador, estuvo rodeada de malas prácticas de contubernio político para lograr dicha reelección.

Remarca el informe que el actual jefe del ministerio público “ha estado abriendo un peligroso boquete de desangre pensional”. Recuerda que en la circular de noviembre 3 de 2010, la Procuraduría ordenó a los funcionarios del Ejecutivo continuar dando dádivas pensionales, situación que al parecer ya había sido superada.

Advierte con preocupación el informe revelado por el centro de estudios académicos del sistema financiero que no obstante la prohibición expresa de la Corte Constitucional sobre el uso de la tutela para conseguir la reliquidación de las pensiones, esta situación se sigue presentando, “sin que el Consejo Superior de la Judicatura sancione a los jueces del caso”.

Para Anif es claro que “todo parece indicar que los jueces sólo obedecen a quien les paga, decide sus ascensos y administra el presupuesto (CSJ) y no al organismo rector constitucional (CC)”.
 

Por El Espectador

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