La persecución, el desplazamiento y los asesinatos que desde 1974 se perpetran contra los 102 pueblos indígenas de Colombia no se pueden entender como “hechos aislados, sino como actos inscritos en la lógica del conflicto armado”. Así lo manifiesta un aparte del informe Forensis 2012 presentado recientemente por el Instituto de Medicina Legal, según el cual los homicidios contra los nativos hacen parte de una estrategia para la apropiación violenta de la tierra.
De acuerdo con los registros de la entidad, 1.063 indígenas han muerto en los últimos 10 años a manos de la guerrilla, paramilitares y agentes del Estado. Asimismo, señala el documento, los crímenes contra las mujeres de las étnias han sido invisbilizados y de sus cuerpos los armados “han hecho un botín de guerra”.
Disputas por el territorio, control de rutas del narcotráfico y cultivos ilícitos, enfrentamientos entre varios actores del conflicto, la entrada de megaproyectos mineros y de cultivo excesivo de Palma de Aceite Africana, son las principales problemáticas que han ocasionado el desplazamiento de más de 74.000 indígenas, en su mayoría mujeres viudas y niños.
Medicina Legal desarrolló una nueva estrategia para evaluar los factores de violencia que rodean a estas poblaciones después de que en 2009 la Corte Constitucional asegurara que existen 34 pueblos indígenas en “riesgo de extinción física y cultural debido al conflicto”, y que por estas razones el Gobierno estaba en la obligación de tomar medidas de salvaguarda para evitar que desaparecieran.
Los pueblos indígenas se han visto inmersos en la guerra del narcotráfico y prueba de ello es que, según cifras de la Organización de la Naciones contra la Droga y el Delito, en 2011 el 9% de sus territorios tenía presencia de cultivos ilícitos. Asimismo, su posición geográfica en departamentos como Cauca, Nariño, La Guajira y la zona del Urabá, es apetecida por bandas criminales y guerrillas que buscan el control absoluto de las rutas del tráfico de drogas. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, evidenció por ejemplo que los lugares donde más asesinatos y masacres se presentan contra los indígenas son en las zonas donde existe disputa por el control del narcotráfico.
Junto a la violencia del conflicto armado y el narcotráfico, la minería se ha convertido en otro de los factores que mayor violación a los derechos humanos han ocasionado en pueblos nativos. En el informe de Minería en Colombia, elaborado por la Contraloría General, se afirmó que el “89% de las violaciones a derechos humanos ocurren en territorios indígenas donde el agro y la pesa se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo”. Igualmente resalta que los proyectos agroindustriales, como el cultivo de la palma africana, no se han respetado los mecanismos constitucionales como la consulta previa, y por el contrario, se ha intimidado a estas comunidades que terminan siendo desplazadas.
El informe Forensis 2012 destaca a tres poblaciones indígenas como principales víctimas: Kankuamo, ubicados en la Costa Atlántica y el departamento del César; los Wayuu, en La Guajira; y los Nasa, asentados en el Cauca. En el caso de los Kankuamo, por ejemplo, la comunidad fue víctima de la guerrilla y el Bloque Norte de las autodefensas. El Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) afirmó que “de los 207 asesinatos ocurridos entre 1995 y 2004, 131 fueron cometidos por paramilitares, 43 por guerrilleros, 25 por grupos no identificados y ocho por fuerzas del Estado”.
De dicho periodo, según el Forensis, el 2003 fue el año más violento para esa comunidad. El mismo año en que el gobierno declaró su territorio como resguardo, 78 de sus miembros fueron masacrados.
Fue también en 2003 cuando los Wayuu comenzaron a vivir los horrores de la guerra, con la particularidad que algunos de los miembros de su comunidad fueron los responsables de que paramilitares lograran tomar el control. Cabe resaltar que la Guajira, el territorio de los Wayuu, ha sido durante años el lugar estratégico para el tráfico de drogas, armas y contrabando. Poe eso se ha convertido en un fortín económico y militar para distintos actores del conflicto que, al encontrar resistencia por parte de los indígenas, empezaron a asesinarlos. Prueba de ello es que en siete años las cifras de homicidios se dispararon en un 50% en el departamento: mientras en 1997 se registraron 228 muertes, en 2004 ya eran 442. Fue precisamente en 2004 cuando el Bloque Norte de las AUC perpetró la masacre de Bahía Portete en la que fueron asesinadas 12 personas. También ese año 808 personas del pueblo Wayuu tuvieron que desplazarse a Venezuela para salvarse de los horrores de la violencia.
En el caso del Cauca, la violencia generada por el accionar de los distintos grupos paramilitares que operaban en la zona, como el Bloque Calima, y los enfrentamientos entre bandas criminales por el control del narcotráfico en la zona - principal corredor de tráfico de droga- ocasionaron la muerte de más de 760 indígenas Nasa. Este pueblo, que históricamente ha sido uno de los más organizados políticamente a nivel nacional, ha sido uno de los más perseguidos “al ser estigmatizado por la guerrilla de ser colaboradores del Ejército, de la guerrilla o paramilitares o viceversa (...) situación que se agrava por los pronunciamientos hechos desde el mismo gobierno, cuando las movilizaciones indígenas son señaladas de ser promovidas por guerrilleros”, señala el Forensis 2012.
Según el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, “hay que entender el servicio médico legal desde diferentes puntos de diversidad: género, ética, cultural, político. Nosotros estamos integrados en los saberes con la población indígena. En Cauca estamos capacitando a los médicos indígenas en temas de violencia sexual de niños y niñas. Con los Wayuu estamos diseñado protocolo de necropsia dentro de la cultura”. Sin embargo, el Forensis 2012, revive la cruda realidad de la violencia sexual contra los pueblos indígenas, que por falta de acceso y garantías no han podido denunciar.
Según Medicina Legal, esta clase de delitos son producto de la llegada de distintos actores del conflicto, especialmente, agentes del Estado, a los territorios de estas comunidades. Niñas indígenas embarazadas, enfermedades y violencia sexual son algunas de las problemáticas que hoy se viven en estos pueblos. El informe Forensis es claro en advertir que este crimen ha sido poco documentado, no cuantificado y que existen pocos datos para dimensionar el verdadero novel de afectación.
@santsmartinez
smartinezh@elespectador.com