Matrimonio igualitario es una realidad

La próxima semana la Corte Constitucional discutirá el borrador de fallo que dejará en firme esa decisión.

Diana Durán Núñez
08 de abril de 2016 - 03:32 a. m.

La Corte Constitucional hizo lo que la realidad nacional exigía desde hace un buen tiempo y ante la cual el Congreso de la República se vendó los ojos: tomar una decisión frente al dilema del matrimonio igualitario. Y le dijo que sí. María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Gloria Ortiz, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares y Jorge Palacio fueron los seis magistrados, luego de un debate que duró dieciséis meses y cuatro horas –las de ayer–, que determinaron que las parejas que quieran casarse en Colombia podrán hacerlo, independiente de su género u orientación sexual.

Lo que sucedió ayer en la Corte fue que una mayoría derrotó la ponencia que presentó el magistrado Jorge Pretelt hace casi año y medio. En una semana, el magistrado Alberto Rojas Ríos presentará un borrador de fallo en el que recogerá todas las anotaciones de sus compañeros de Sala y, de nuevo, se votará. Es previsible, como se lo dijeron algunos magistrados a este diario, que el sentido de la votación no cambiará. La decisión está tomada. No obstante, las parejas del mismo sexo que deseen casarse deberán esperar a que exista una sentencia que así lo ratifique.

De esta manera la Corte Constitucional sepultó, ahora sí por completo, la idea de que en Colombia la familia la conforman únicamente un hombre y una mujer. Con esta decisión, histórica sobre todo en un país que a pesar de ser laico en el papel sigue siendo católico y conservador, llega a su fin también el término que esa misma Corte, hacía cuatro años, había usado para referirse a las parejas integradas por dos hombres o dos mujeres: “vínculo contractual”. Esa fue la expresión esgrimida en el fallo 577 de 2011, en el que de paso se le solicitó al Congreso que, antes del 20 de junio de 2013, legislara sobre este asunto.

Si algo les quedó claro a los magistrados de la Corte que le dijeron sí al matrimonio igualitario es que el Congreso fue incapaz de asumir una labor trascendental para la cual tuvo todas las oportunidades de actuar. Desde que se emitió el fallo de 2011, al Congreso llegaron 17 proyectos de ley, llenos de argumentos en pro y en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo, y sin embargo ninguno de ellos se volvió ley de la República. Aun así, congresistas como Jimmy Chamorro, del Partido de la U, lamentaron “que una vez más la Corte Constitucional (invadiera) la órbita del Congreso al legislar frente a un derecho fundamental”.

En 2011, el magistrado que propuso ante la Corte que se continuara aceptando como constitucional la expresión “un hombre y una mujer” a la hora de definir la familia fue Gabriel Mendoza. Él, junto a los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Jorge Pretelt, fueron quienes se opusieron a la idea de aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pretelt, quien presentó su ponencia en noviembre de 2014, como lo reveló este diario en su momento, indicaba que para las parejas del mismo sexo no había matrimonio sino “uniones solemnes”.

Que seis de sus colegas en Sala Plena no acogieran su tesis fue más que inadmisible para Pretelt. En un gesto nada común de un magistrado de la Corte Constitucional, desde su cuenta de Twitter dejó clarísimo lo que pensaba al respecto apenas se acabó la discusión en el Palacio de Justicia: “L a Corte ha traicionado al Constituyente, aprobando temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, el alquiler de vientres, la adopción y ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo, a sabiendas que no serán aceptados en el Congreso de la República porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”. Incluso, llamó a los colegas que estuvieron en desacuerdo con él “supralegisladores radicales”.

El procurador Alejandro Ordóñez, como era de esperarse, también manifestó abiertamente su desacuerdo con lo que acababa de decidirse en la Corte Constitucional. En un encuentro con periodistas, dijo ante los micrófonos que con esa determinación quedaban “definitivamente sepultados aspectos esenciales de la Constitución de 91. Hoy el matrimonio no es el matrimonio y la familia no es familia. La Corte Constitucional, so pretexto de las decisiones de control de constitucionalidad, lo que nos está imponiendo es una posición ideológica contra las tradiciones del país”.

Ordóñez, además, anunció que buscaría a varios congresistas para presentar un proyecto de acto legislativo con el que, aseguró, se restablecería “lo que la Corte ha destruido”. Ordóñez, por cierto, fue un punto de discusión interesante dentro de la Corte. Fuentes que conocieron los debates le contaron a este diario que quedó establecido que, en este caso, la Procuraduría no puede presentar recursos porque no cuenta con la competencia legal y constitucional. En el Congreso, además, también se gesta un referendo en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, que era la decisión más reciente de la Corte en esta materia. Quien lo encabeza es la senadora liberal Viviane Morales, cuyo movimiento ya recogió más de dos millones de firmas.

“A la unión solemne le vamos a poner el nombre que le corresponde: matrimonio”, le dijo un magistrado a este diario. De esta manera, se cierra un ciclo histórico de diez años en los que la Corte Constitucional ha tomado decisiones trascendentales para la comunidad LGTB: estableció que las parejas del mismo sexo podían tener los mismos derechos que las heterosexuales en materia de seguridad social, de patrimonio, de hijos, de adopción, y ahora, con broche de oro, de matrimonio. Desde el momento en que el fallo se radique en la Secretaría de la Corte, cualquier notario del país podrá celebrar la unión –que ya no tendrá el eufemismo de “solemnte”– de dos hombres o de dos mujeres y tendrá el respaldo jurídico para hacerlo.

 

Por Diana Durán Núñez

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