El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que las medidas cautelares que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) no tienen el carácter vinculante en el sistema judicial colombiano.
Para el jefe del Ministerio Público, aseguró que estas medidas solamente son de obligatorio cumplimiento cuando hacen referencia al derecho a la vida y la integridad personal. Para esto citó decisiones de la Corte Constitucional en la que se hace referencia a las decisiones del órgano internacional.
“Hacen referencia al derecho a la vida y a la integridad personal pero no a los derechos políticos”, precisó Ordóñez Maldonado al considerar que no existe un antecedente judicial frente a los derechos políticos “y por eso no es aplicable esos precedentes”.
En el tema materia de polémica en los últimos meses, el Procurador General calificó como “un desquiciamiento” al ordenamiento jurídico el hecho de que el Gobierno aceptara las medidas cautelares que emitió la Cidh en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En este punto no aceptó la posición presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva en la que aseguró que existen cinco sentencias de ese alto tribunal que le dan el carácter vinculante a las medidas.