Las medidas de la Corte Constitucional ante la crisis interna

Los magistrados del alto tribunal informaron que en menos de 24 horas van a dar a conocer sus “declaraciones de renta y de patrimonio para que sea la opinión pública la garante de nuestros actos”.

En una rueda de prensa en la que no estuvieron el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, por encontrarse incapacitado, y el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, quien se encuentra de permiso, la presidenta (e) de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle Correa, dio a conocer las medidas con las que el alto tribunal piensa enfrentar la crisis generada por la denuncia hecha por el magistrado Mauricio González Cuervo sobre unos supuestos ofrecimientos hechos por el magistrado Pretelt al abogado Víctor Pacheco, representante legal de la firma Fidupetrol.

La presidente dio a conocer que “entregaremos, dentro de las 24 horas siguientes a esta comunicación, nuestras declaraciones de renta y de patrimonio para que sea la opinión pública la garante de nuestros actos”.

De la misma forma, se va a conformar una comisión de miembros de todos los despachos de la Corte Constitucional para trabajar en un proyecto de reforma al reglamento de esa entidad con el fin de “ajustar criterios” para la selección de las acciones de tutela que se someten a consideración de esta corporación.

Esto tras los señalamientos que ha habido, precisamente, a la forma en la que se seleccionó la tutela en la que Fidupetrol aseguraba que la Corte Suprema de Justicia le había violado su derecho al debido proceso en un fallo en el que la condenó a pagar $22.500 millones por unas irregularidades en Casanare. “Reformaremos nuestro reglamento interno para que a las salas de selección asista el delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo la magistrada Calle al respecto.

Igualmente, los magistrados anunciaron que se le va a solicitar a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, “la integración de grupos para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de esta Corporación” y que van a elaborar una propuesta de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales
de la misma.
 
“Tales funciones deberían retirársele a la Corte Constitucional a la mayor brevedad posible”, dijo la magistrada Calle. La controversia no es menor si se tiene en cuenta, por ejemplo, que este año las cortes –sus presidentes, sobretodo– van a ser de vital importancia para la elección del próximo registrador Nacional y del próximo director Administrativo de la Rama Judicial.

De la misma forma, se aclaró que el apartamiento del magistrado Pretelt del cargo de presidente de la Corte no es por 30 días, como se había informado en un principio, sino “intemporal”, muy probablemente hasta que estos hechos no se aclaren. Mientras tanto, en la Comisión de Acusaciones y en la Fiscalía avanzan las investigaciones por este supuesto tráfico de influencias. Hoy, precisamente, el ente investigador escuchó la versión del exmagistrado de la Corte, Nilson Pinilla, duro contradictor de Pretelt.

A la salida, Pinilla dijo que “Si Dios se apiada de esta Nación (Pretelt) no debe regresar, pero de acuerdo a lo que él es estará muy esperanzado en volver”. Y agregó que “siento en riesgo mi vida y quiero decir que si algo me llega a ocurrir ustedes pueden mirar al departamento de Córdoba, porque en el asunto de congresistas involucrados en parapolítica, fue muy frecuente en la Corte ver al magistrado Pretelt solidarizándose para proteger a congresistas”. Pretelt ha dicho que su inocencia salta a la vista, “por cuanto nunca realicé gestión alguna a favor de los intereses de Fidupetrol y voté en contra de sus pretensiones”.