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Judicial 5 Jul 2013 - 10:22 pm

Un hombre estuvo recluido 626 días por el falso testimonio de la trabajadora sexual

Las mentiras de una prostituta

La Nación fue condenada y dos hombres pagaron dos años de cárcel por sus falsos testimonios. Terminó reconociendo que estaba ebria la noche de los hechos.

Por: Sebastián Jiménez Herrera
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El hombre fue condenado por los señalamientos de la prostituta. / 123rf

Las mentiras de una trabajadora sexual llevaron a que Carlos Eduardo Ruiz Martínez fuera condenado por un supuesto abuso sexual y estuviera recluido durante 626 días. Las mentiras fueron reconocidas por la misma prostituta en un escrito enviado a la Fiscalía y confirmadas por otras evidencias obtenidas durante la investigación. Pese a ello, Ruiz Martínez fue sentenciado y apresado, perdió su empleo y su vida fue arruinada. Por las injusticias cometidas en su contra la Nación fue condenada en un reciente fallo del Consejo de Estado.

En éste, del pasado 19 de junio, se evidencian los errores de la Fiscalía en esta investigación y las mentiras de la prostituta, Claudia Rocío Labio Baltasar. El 14 de marzo de 1998 la mujer les dijo a las autoridades que se llamaba Íngrid Salazar Gómez, que era mesera y que a las 3:15 de la mañana de ese día había abordado un bus para irse a su casa. Agregó que dos hombres que se encontraban en el bus habían intentado violarla.

Los hombres fueron capturados y recluidos el 19 de marzo de ese año. El 19 de marzo de 1999 Carlos Eduardo Ruiz Martínez fue condenado a dos años de prisión por el Juzgado Noveno de Bogotá. La decisión fue apelada ante el Tribunal de Bogotá, que absolvió a Ruiz Martínez al darse cuenta de la injusticia que se había cometido.

El Tribunal descubrió que la mujer no se llamaba como decía que se llamaba; que no era mesera sino prostituta. De hecho, trabajaba en un lugar conocido como Bar Traguitos Paisas Rockola Taberna, sitio en el que se hacía conocer como Jessica. Encontró, además, que la mujer no se había subido al bus para irse para su casa, sino que lo había hecho para negociar con los hombres la prestación de sus servicios y que éstos no la habían agredido. Así lo confirmaban unos informes de Medicina Legal en los que se indicaba que a la mujer no se le habían encontrado huellas de que hubiera sido lesionada o golpeada.

El Tribunal dio, además, con un escrito autenticado que la prostituta había enviado a la Fiscalía y en el que se retractaba de sus declaraciones. En el documento indicaba que sus señalamientos contra los dos hombres los había hecho bajo los efectos del alcohol. En el fallo del Consejo de Estado no se aclara la fecha del escrito; no obstante, se establece que éste fue presentado cuando los hombres ya se encontraban recluidos.

Lo que realmente ocurrió fue que estando bajo los efectos del alcohol, la mujer les dijo a los hombres que la habían contratado que había unos desconocidos persiguiéndolos para matarlos. Los hombres y la mujer huyeron hasta que se dieron cuenta de que sus perseguidores eran policías. Todo se habría quedado en un suceso bochornoso si no hubiera sido porque la mujer se puso a decir que los hombres la habían violado.

El falso testimonio desencadenó la serie de hechos desafortunados ya mencionada. Por estos sucesos Ruiz Martínez y su familia demandaron a la Nación por no haber corroborado lo que la mujer decía y, en cambio, haber encarcelado y condenado al hombre basada en el falso testimonio.

El 4 de junio de 2003 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón y declaró responsable a la Nación. La decisión fue apelada por la Fiscalía, que indicó que nunca se había comprobado la inocencia del hombre, sino que había sido absuelto por dudas del Tribunal. Agregó que Ruiz Martínez había motivado su captura al huir de los agentes de la Policía y al encontrarse ebrio lo que, en su criterio, lo hacía sospechoso. El proceso llegó al Consejo de Estado que confirmó el fallo del Tribunal y concluyó que la privación de libertad de Ruiz Martínez fue injusta.

Indicó que “pese a que la misma víctima se retractó de lo que había manifestado en su denuncia e informó su verdadera identidad, pese a que con una inspección judicial al lugar del trabajo de la demandante se puede saber la actividad que, realmente, ejercía y pese a que el dictamen de Medicina Legal reportó que la víctima no presentaba ningún signo de violencia y que, por lo tanto, todo indicaba que Ruiz Martínez no había cometido el delito, la entidad mantuvo incólume la medida de aseguramiento en su contra”.

En el fallo no es claro si a la mujer se le abrió investigación por el falso testimonio. Lo que es comprobado es que con sus declaraciones arruinó la vida de un hombre y produjo una millonaria demanda que la Nación tiene que pagar. 

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh

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