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En medio del debate que suscitó las declaraciones de la diputada de la Asamblea de Santander Ángela Hernández, quien dijo que el Ministerio de Educación estaba imponiéndoles a los colegios “costumbres” de la comunidad LGBTI, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión que refuerza la lucha por el respeto de los derechos de esta comunidad en Colombia. El alto tribunal respaldó la solicitud de Aldair*, un estudiante del Sena en Barranquilla, quien les pidió a los directivos de la institución que le dejaran utilizar el uniforme de los hombres y que lo reconocieran como un hombre y no como una mujer, género con el que nació y se inscribió para estudiar negocios internacionales.
“La petición la hice para poder usar el uniforme que quería, para que me dejaran llevar el cabello corto y para que me trataran como hombre. A pesar de lo sencillo que podía parecer lo que estaba pidiendo, esta institución del Estado, solamente por tener en mi cédula el nombre de una mujer, no me lo permitió”, le explicó a El Espectador Aldair. Un amigo abogado le contó que si en el Sena no le respetaban su derecho a cambiar de género, él podía presentar una tutela para que un juez le ordenara hacerlo. Aldair acató la sugerencia. Con ayuda de la organización Caribe Afirmativo la pelea jurídica comenzó en Barranquilla en septiembre del año pasado.
En primera instancia, un juzgado municipal falló en contra del estudiante, pues, al revisar la respuesta del Sena, dijo que para que se le respetaran sus derechos debía primero hacer el trámite de cambio de nombre y de sexo en una notaría y registraduría. El juzgado además no tuvo en cuenta que la institución educativa había ignorado las peticiones de Aldair directamente en sus oficinas, antes de presentar la tutela, y explicó que si el Sena aceptaba tratarlo como un hombre y no como una mujer, estaría cometiendo faltas que en un futuro podían ser castigadas. “Yo recurrí a todos estos recursos porque sencillamente era algo que necesitaba y que merecía. Mi identidad no me la da el nombre ni un papel: me la doy yo”, dice Aldair.
Después de apelar el fallo de primera instancia que perdió, el 23 de noviembre pasado, gracias a una decisión de otro juzgado de Barranquilla, el Sena tuvo que aceptar que su estudiante se presentara con uniforme de hombre y cabello corto desde antes que se resolviera el cambio del nombre. El caso llegó hasta la Corte Constitucional y en abril de este año fue elegido para su revisión. La magistrada ponente del fallo, Gloria Stella Ortiz, llamó a varias entidades del país para discutir el proceso de cambio de género y de identidad, que en Colombia aún es fuente de discriminación y violación a los derechos fundamentales de la comunidad transexual y transgénero.
Nicolás Giraldo, abogado de la organización Colombia Diversa, le explicó a este diario que en el país todavía no se entiende que estos procesos de cambio son únicos para cada persona y cada uno de ellos requiere tiempos y trámites diferentes. “La Corte Constitucional ya ha dicho en varias ocasiones que no debe haber ningún tipo de limitaciones o barreras para una persona que quiere cambiar su apariencia y su nombre. El Gobierno, incluso, emitió un decreto el año pasado para facilitar este trámite en las entidades estatales”, añadió Giraldo, quien asegura que no hubiera existido ninguna repercusión para la institución académica, pues, sencillamente, estaban respetando el cambio de género de una persona.
El abogado hace referencia al Decreto 1227 de 2015, en el que se emitieron una serie de reglas para atender estos cambios en notarías, registradurías y consulados. “Todavía hay lugares en donde no tienen ni idea de que es su obligación facilitarles a las personas el trámite para cambiar de nombre o de género en sus identificaciones. También hay lugares en donde piden declaraciones juramentadas de terceros, cuando sólo es necesaria la de la persona que quiere hacer el cambio, u oficinas en donde se les cobra un monto más elevado que el pactado por el Ejecutivo”, señala Giraldo.
A estas barreras, que Colombia Diversa considera como impedimento para desarrollar su identidad y proyecto de vida, se suma la denuncia que hizo el abogado de Caribe Afirmativo, Eliécer Sierra, quien desde Barranquilla ha tenido que lidiar con el desconocimiento y rechazo total de funcionarios. “En Soledad, por ejemplo, me pidieron una vez que les diera el certificado médico de una cirugía de reasignación de sexo. Un atropello total. Además se extralimitan en los precios. Creo que este tema no quedó muy claro en el decreto, pues el Gobierno olvidó que la mayoría de personas transexuales o transgénero, que por su misma condición trabajan en peluquerías o en la prostitución, no tienen los recursos para pagar estas sumas”, dice el abogado Sierra.
Otro de los puntos que celebran organizaciones como las que representa Eliécer Sierra y Nicolás Gaviria, y en general toda la comunidad LGBTI, es que hoy la Corte también está involucrando a centros de educación superior en sus decisiones sobre la protección de los derechos de esta comunidad. “Ya lo hizo de manera muy positiva con la sentencia del año pasado de Sergio Urrego, en la que además le ordenó al Ministerio de Educación que revise los manuales de convivencia de todos los colegios. Y ahora lo está empezando a hacer con un centro del tamaño del Sena”, agrega Giraldo, quien además recuerda que esta decisión es fundamental, pues la mayoría de los cambios de género y de sexo se dan en edades en las que los jóvenes ya han salido del colegio.
“Uno en este proceso de cambio pierde muchas cosas. Tanto amigos como familia. Desde que tengo uso de razón yo me he sentido hombre, pero cambiar es muy difícil. Hay muchas presiones y uno se encierra. Cuando fui consciente del maltrato que estaba recibiendo en el Sena sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Hay gente que piensa que la discriminación está bien porque somos personas ‘dañadas’. A mí no me entra eso en la cabeza”, sostiene Aldair, quien asegura que hoy el Sena se está portando de “la manera más cordial posible. Ojalá eso hubiera pasado desde el comienzo y así habernos evitado todas estas vueltas”, concluye el estudiante que desde marzo de este año ya es, ante los ojos de la universidad, sus amigos y la Registraduría, un hombre más.
* Nombre modificado para proteger la intimidad de la persona.