“Mi solicitud a la JEP no es un asunto del uribismo”: Diego Palacio

El exministro de Protección Social Diego Palacio está recluido en el Cantón Norte, en Bogotá. / Óscar Pérez

El exministro de Protección Social Diego Palacio fue el protagonista de la primera papa caliente que le llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): solicitó que su caso fuera revisado, alegando que los hechos por los que fue condenado, es decir, la yidispolítica, tienen relación con el conflicto armado. Un revolcón político, múltiples análisis y críticas provocó su petición, pues su tesis se centraba en que el cohecho —es decir, el soborno— en el que incurrió al prometerle nombramientos a Yidis Medina para que cambiara su voto y apoyara la reelección de Álvaro Uribe en el Congreso estaba inmerso en el conflicto porque el objetivo era la continuación de la política de Seguridad Democrática. El Espectador habló con Palacio al respecto.

¿Cómo han transcurrido estos dos años de reclusión?

Hace 10 días cumplí los 24 meses. Es mucho más duro de lo que la gente se imagina. Son dos años durante el día y dos durante la noche. Lo peor es estar detenido cuando se es inocente.

En el ambiente quedó la impresión de que la solicitud que usted presentó al secretario ejecutivo de la JEP era una carta para salir de prisión. Una clase de oportunismo. ¿Qué piensa al respecto?

Respeto lo que la gente crea. Salió un acto legislativo (cambio en la Constitución), y como colombiano tengo unos argumentos jurídicos para presentarme. En su momento voy a exponerlos ante los jueces y espero que ellos puedan analizarlos de manera objetiva e imparcial. La discusión política ya pasó. Eso era para La Habana, el Congreso y el plebiscito.

¿No es oportunismo?

Creo que es un derecho que tiene cualquier colombiano de presentar un material ante unos magistrados para que hagan una valoración. La gente lo puede calificar como quiera.

Su carta provocó un revolcón en el país. El secretario ejecutivo de la JEP quedó contra las cuerdas por su salida en falso al decir que usted aceptó el delito de cohecho. ¿Qué opina de esas declaraciones de Néstor Raúl Correa?

Yo estuve siete años y medio en el Ministerio y entiendo perfectamente, porque a todos nos ha pasado, que uno puede ser descontextualizado o pueda ser que se haya equivocado. En realidad, no tengo las palabras para poder calificarlo. Lo que sí es cierto es que el secretario salió a rectificar relativamente rápido. No sé si fue un error involuntario.

Su caso tendrá que ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, entidad que lo condenó. ¿Qué le hace pensar que va a aceptar su caso?

Tengo una lectura jurídica distinta. En su momento habrá que presentar ante la JEP las pruebas y esperaremos a ver cómo las valoran.

¿Estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad en la yidispolítica?

No. En la carta dije que actué conforme a la ley; eso quedó planteado. Pero hay una realidad jurídica, y es que estoy condenado. Lo que yo hubiera querido y deseado, tal como tiene derecho todo el mundo, es haber tenido una segunda instancia. A nosotros nos cercenaron esa posibilidad.

Usted cree que su gran problema, y por el que acude a la JEP, es que al ser aforado tiene una sola instancia para ser juzgado…

Creo que son dos cosas distintas. Primero, no tener acceso a una segunda instancia es una violación a un derecho fundamental, pero eso yo lo separo de la JEP. Si no tuve esa oportunidad quiero ver qué tratamiento especial puedo tener. No veo la JEP como una segunda instancia. Incluso, esa misma jurisdicción especial no está planteada como segunda instancia para las condenas de la justicia ordinaria.

La JEP está basada en las víctimas del conflicto. ¿Qué les puede aportar usted a ellas?

No sé, yo estoy esperando que unos magistrados imparciales hagan una valoración.

Pero en su argumentación usted dice que sus actuaciones se enmarcan dentro del conflicto armado colombiano. En su caso, ¿quiénes serían las víctimas?

No he hecho ese análisis en verdad.

En su caso ya existe una verdad jurídica. Además, la JEP exige verdad, justicia y reparación. ¿Qué verdades podemos encontrar en la yidispolítica?

Haré lo que dice el acto legislativo, el cual señala que aportar verdades no necesariamente implica aceptar responsabilidades. Contaré todo tal cual pasó, al igual que en su momento lo conté en la Procuraduría y la Fiscalía.

¿Qué nuevo material probatorio podría aportar sobre la yidispolítica a la JEP?

El enfoque que ahora se le va dar es distinto. No se hablará de la yidispolítica, sino que en la JEP se discutirá la relación entre la reelección de Álvaro Uribe Vélez y el conflicto armado. En eso hay mucho material que nunca se discutió ante la Corte, porque no era el foco. Ahí hay cantidad de material disponible que en su momento les aportaré a los magistrados para mostrar esa relación.

Durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez, del cual usted hizo parte, se negó que en Colombia existía un conflicto armado. ¿Qué lo lleva a reconocer ahora que sí lo hubo?

Creo que esa discusión política que usted me plantea sobre si hubo conflicto armado o no es distinta. En 2011 se creó la Ley de Víctimas y allí, gústele o no a uno, dice que existe un conflicto armado y que todos los hechos producidos después de enero de 1985 pueden hacer parte del conflicto. Hay una verdad jurídica; ya la discusión política es distinta. Acá hay que ser muy pragmático. Ahora no es una cuestión de ideológica sino de lo que dice la ley. Yo estoy condenado porque le combinaron elementos políticos. Sin embargo, espero que en el futuro tanto los magistrados como yo nos desprendamos de las clases políticas. Ahora hay que aplicar estrictamente lo jurídico.

¿Confía en la justicia transicional?

Hay que esperar. Confiaba en la justicia colombiana y qué decepción que me llevé, condenado por la Corte Suprema sin tener pruebas. Vamos a esperar a ver qué pasa con la JEP, y ojalá se escojan unos magistrados imparciales.

¿Se alejó del expresidente Uribe con esta solicitud?

No. El expresidente Uribe ve que hay argumentos, y así no los comparta, los respeta. Esto no es una decisión emocional sino racional, con una argumentación jurídica. Él no cree que la JEP beneficie al país. Respeto sus argumentos, pero decidí presentarme. Esto no es un asunto del Centro Democrático ni del uribismo, es sólo de Diego Palacio.

¿Le ha llegado a usted alguna solicitud de traslado?

No ha llegado.

¿Se siente solo en este momento?

Es más duro de lo que la gente cree. Pero no he estado solo.

¿Lo siguen apoyando sus antiguos copartidarios?

Hay de todo, es un tema de política. Acá llega gente de izquierda, derecha, centro. Otros que uno espera que vinieran y fueran solidarios nunca aparecen. Acá se lleva uno sorpresas. Hay momentos en los que uno dice: “Uy, pero acá qué pasó”. Son muchas las personas que han venido.

¿Cómo blindar la JEP y evitar que se convierta en un tema político?

La elección de magistrados. Creo que es el elemento central, porque la JEP va a tener mucho poder y va a ser la corte más importante del país en los próximos 10 años, por encima de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Y de la calidad, honorabilidad, imparcialidad y objetividad de los magistrados que se nombre dependerá en gran parte el futuro del país.

¿Qué es lo que más le ha enseñado la cárcel?

La humildad.

¿Le faltaba antes cuando estaba en el poder?

A todos nos falta, con seguridad.