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En el aniversario número cinco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Consejo Superior de la Judicatura realizó un estudio para establecer en dónde están los juzgados y tribunales de restitución de tierras más eficientes y cuáles están ahogados, principalmente, por las tutelas que allí les presentan y que no les permiten avanzar más rápidamente en estos complejos procesos. Las crifras que recopiló el informe datan desde la misma creción del proceso de restitución.
De acuerdo con un estadístico consultado por este diario, se trata de un ránking con una fórmula similar a la que se utiliza para determinar cuáles son las mejores universidades del mundo, o la que maneja la FIFA para medir cuáles son las mejores selecciones de fútbol adscritas a esta Federación. Entre otras cosas, algunas de las variables que se utilizaron en el informe de la Judicatura son: el número de procesos de restitución de tierras que tienen tanto los 40 jueces como los 15 magistrados especializados en este temática; cuál es la cifra de tutelas que cada juzgado o tribunal ha recibido desde que estas oficinas comenzaron a funcionar en 2011; cuál es la cifra de sentencias; y, por primera vez en Colombia, se calificó el tiempo en que se tarda un proceso de esta clase en ser evacuado. En otras palabras, cuánto tiempo dura un juez en fallar.
Los resultados son muy variados (ver infografía). La ciudad con los resultados más destacados, por ejemplo, es Ibagué: sus dos juzgados de restitución de tierras son los mejores, según el estudio de la Judicatura, seguidos del juzgado primero de Tumaco y el de Mocoa. En esta categoría, la peor calificación se le llevaron los siguientes despachos: los titulares del Juzgado Segundo de Pasto, de Valledupar y de Carmen de Bolívar. Por otra parte, en lo que tiene que ver con los tribunales, Bogotá es la ciudad que se lleva el primer puesto, seguida por el tribunal que recoge todos los municipios de Antioquia, y el tercer y cuarto lugar se lo llevaron Cartagena y Cúcuta. Si bien este podría ser el ránking general de la situación, dentro de las variables que se recogieron para llegar a este escalafón, hay varias que vale la pena resaltar.
Llama la atención el altísimo nivel de tutelas que recibe cada despacho. En Apartadó (Urabá antioqueño) la cantidad es alarmante: en los últimos cinco años el Juzgado Primero ha recibido 1.929, mientras que el Juzgado Segundo tiene el récord más alto: 3.359. “Es increíble ver estos números en despachos que se deberían dedicar a la restitución. Las tutelas, por su reglamento, deben atenderse de manera prioritaria y urgente y los jueces terminan dedicándose a resolverlas. Si les queda tiempo ahí sí revisan los procesos de tierras. Eso no puede ser así”, le explicó a El Espectador el magistrado Néstor Correa, quien tuvo la idea de calificar a los jueces.
Haciendo un cálculo aproximado, si el Juzgado Segundo de Apartadó ha recibido 3.329 tutelas y tiene que resolverlas de manera prioritaria significa que al día tiene que fallar 13 procesos. “Es una barbaridad. Un solo juez del país está resolviendo 65 tutelas por semana. Estos procesos son los que están congestionando todo el sistema y hay que hacer algo con urgencia”, añadió Correa, quien asegura que la mayoría de las tutelas que llegan a estos despachos son en contra de la Unidad de Víctimas por falta de seguimiento a víctimas de desplazamiento forzado. “Lo que termina pasando es que una entidad del Gobierno está impidiendo la efectividad de otra: la Unidad de Víctimas a la Unidad de Restitución de Tierras, que necesita de manera directa el trabajo de los jueces. El Ejecutivo debe replantear su política frente a las víctimas”, expuso uno de los jueces de tierras que la Judicatura calificó y que, por seguridad, prefirió reservar su nombre.
La situación de seguridad es, precisamente, otra de las variables que más llaman la atención de este informe. Si bien se hizo una evaluación independiente para cada uno de los 15 magistrados, la Judicatura fue enfática en explicar que, por ninguna circunstancia, los nombres de estos jueces pueden ser divulgados. “Nosotros somos los que les estamos poniendo un tatequieto a los poderosos que se quieren quedar con la tierra de los desplazados. Son personas de muchísimo poder en las regiones y nosotros vivimos día a día con la zozobra de que, por hacer nuestro trabajo y quitarles lo que no les pertenece, nos pueden matar”, agregó uno de los magistrados con mayor calificación del informe. Ante esta situación, a principios de mayo por lo menos 26 jueces le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos expresándole su preocupación por la falta de garantías para seguir en sus despachos.
Por eso, el mismo presidente convocó a una reunión el pasado martes en la Casa de Nariño para escuchar de primera mano la situación. Quienes asistieron a la reunión aseguran que aunque ven en el presidente voluntad para mejorar las condiciones de seguridad, temen que esas palabras “se queden en el aire. Tanto la Fiscalía como la Unidad Nacional de Protección tienen conocimiento de nuestras amenazas, pero no hay acciones contundentes para protegernos”, dijo uno de los asistentes. “Si al hecho de que estos jueces trabajan con un revolver en su cabeza se le agrega la idea de que no dan abasto, las medidas que debe tomar el Gobierno son urgentes”, expresó Néstor Correa, quien asegura que si el programa de Restitución de Tierras quiere avanzar con la macrofocalización para atender solicitudes en todo el país, los 40 jueces y 15 magistrados que hoy están a la cabeza de resolver estos temas, no son suficientes. Se necesitan, por lo menos 20 más.