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En horas de la mañana de ayer, el sargento segundo de infantería de marina Dick Rodríguez Fuentes fue capturado por miembros del Gaula de la Policía. El militar, según las autoridades, sería uno de los autores del secuestro del comerciante Estiven Beltrán, ocurrido el pasado 20 de julio en Soacha, Cundinamarca. Rodríguez Fuentes, quien fue capturado por las autoridades en la casa de un familiar en Ibagué, estuvo esta mañana cerca de tres horas escuchando a la Fiscalía narrar cómo el sargento, habría hecho parte del plagio del joven de 22 años, quien era el administrador del supermercado Maria Paz.
::Gaula Militar responde: uniformados sí estarían involucrados en un secuestro::
Según las investigaciones de las autoridades, el infante Rodríguez Fuentes, quien está asignado a la dirección nacional del Gaula, fue quien llegó en la noche de ese sábado para secuestrar a Beltrán, aduciendo que el joven comerciante era solicitado por un fiscal de Bucaramanga por un proceso penal de abuso sexual. Durante la audiencia, la fiscal del caso del señaló que el día del plagio el sargento segundo llegó en una camioneta y le dio una copia a los familiares del comerciante de la supuesta orden de captura.
Estiven Beltrán y su esposa después identificaron a Rodríguez Fuentes como el hombre que llegó al supermercado lo subió a la caminoneta. La pareja del comerciante indicó a las autoridades que el sargentdo segundo fue quien la empujó contra una pared mientras secuestraba a su esposo. El asento costeño del uniformado también fue clave en la identificación del uniformado, pues durante las conversaciones extorsivas que le hicieron a la familia de Beltrán la persona tenía esta acento. Momentos después del plagio, Beltrán llamó a su padre para contarle que se lo estaban llevando a Bucaramanga porque lo habían denunciado en julio pasado por abuso sexual.
Al dia siguiente, el 21 de julio, el secuestrador llama a la familia de Beltrán para decirle que su hijo fue secuestrado por las Autodefensas Unidas de Colombia y que tienen que pagar $800 millones para sea liberado. En un lapso de cinco días los secuestradores y la familia de Beltrán intercambian llamadas para negociar el monto del dinero. Ante la duda de los familiares de Beltrán por saber el estado de su pariente, pidieron una prueba de supervivencia, a lo cual los plagiadores amenazaron que iban a enviarle los dedos o dientes del comerciante para que constataran que este estaba vivo.
Al final, luego de haber recibido un video en que el comerciante está siendo encañonado y con los ojos vendados, la familia y los secuestradores pactaron un pago de 200 millones de pesos por la libertad del joven. El Gaula de la Policía intercepta legalmente de estas llamadas y determinan la cuadra del municipio de Cundinamarca en donde estaba retenido Beltrán. Los miembros de la Policía logran detectar la entrada y la salida de un hombre a una casa y en la que se parquea una camioneta Renault Duster. En ese momento se decide allanar la vivienda y se encuentra al secuestrado, el arma de fuego que aparece en el video de supervivencia, chalecos, chaquetas una gorra y escudos del Gaula.
Dentro de este operativo también se captura al hombre que entraba y salía de la vivienda, quien afirma que fue contratado por un hombre conocido como Dick quien es el que le da dinero para comprar comida y vigilar al plagiado. Este hombre, identificado por las autoridades como “Ronald” señaló que Dick trabajaba para el Gaula. Con ese dato, las autoridades le informan el teniente coronel César Augusto Martínez, director de los Gaulas Militares y sobrino del comandante del Ejército, Nicacio Martínez lo que está sucediendo. Además, le informan que la camioneta con la que fue secuestrado Beltrán estaba a su nombre.
Después de recibir la información, la cabeza del Gaula, además de negar su participación en los hechos, interrogó al conductor de esa camioneta Renault, quien también niega haber participado en algún hecho ilegal, sin embargo, este fue sacado de la Fuerza Pública.
Durante la audiencia de legalización de captura, la audiencia se suspendió porque la esposa de Rodríguez Duarte le quiso pasar un medicamento (no se especificó cuál) y que sería importante para la salud del sargento segundo investigado. La jueza llamó fuertemente la atención a la mujer y ordenó que se trajera un médico para que dictaminara si ese medicamento era indispensable para él pues, en medio de la imputación de cargos, los procesados no estén bajo el efecto de alguna sustancia que pueda afectar su salud.
Al final, el militar no aceptó cargos (secuestro extorsivo agravado, peculado y porte tráfico de armas) y, en dado caso de que sea hallado culpable, puede ser condenado entre 37 y 50 años. La jueza del caso decidió darle medida de aseguramiento al uniformado, es decir, Rodríguez Duarte fue enviado a la cárcel La Picota de manera preventiva mientras su caso avanza en lo estrados judiciales.