La millonaria coima que recibió Samuel Moreno Rojas para entregar un contrato

Para la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá existen pruebas suficientes para establecer que en el año 2009 el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas solicitó una comisión del 10 por ciento sobre el valor total del contrato para garantizar la entrega del convenio para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.

En la lectura del fallo de segunda instancia el magistrado Alberto Poveda Perdomo señaló que utilizando su cargo participó activamente en el direccionamiento del citado contrato para que le fuera entregado a una de las empresas de Emilio Tapia -condenado por el ‘carrusel de la contratación’- quien se comprometió a entregar la comisión exigida.

En la decisión judicial se resalta revisar las declaraciones de varios testigos se detallan las reuniones que sostuvo el mandatario distrital con varios concejales y contratistas para discutir la entrega del contrato. “El alcalde estuvo al tanto de todo lo que venía ocurriendo y en últimas manejando lo que allí se estaba decidiendo”.

Existía un interés directo en que el contrato de 69 mil millones de pesos fuera adjudicado a una persona “escogida” por los concejales de Bogotá. Moreno Rojas estuvo al frente de todo el proceso de modificación del pliego de condiciones y redireccionamiento del mismo para beneficiar a un contratista en especial en el proceso licitatorio.

La estrategia buscaba darle una apariencia de legalidad a todo el proceso. “Existía un interés visible de Samuel Moreno frente al mencionado contrato”, precisó el magistrado al resaltar varios testimonios que resaltan el papel del mandatario de Bogotá en esta adjudicación, contrariando en repetidas oportunidades los principios de contratación pública que le eran exigidos.

Otro de los grandes partícipes en este caso de corrupción fue el secretario de Salud, Héctor Zambrano –condenado a 12 años de prisión tras firmar un preacuerdo- quien fue el encargado de presidir las reuniones en las cuales se daban los detalles del contrato No. 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la UT Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá que tenía un valor de 62.900 millones de pesos.

La Sala Penal señaló que si se analizan los testimonios entregados bajo la gravedad de juramento por los otros implicados en este caso de corrupción administrativa se puede inferir que la comisión que pidieron Samuel Moreno Rojas, y su hermano, el entonces senador Iván Moreno Rojas fue superior al 10 por ciento del valor total, es decir 6.263 millones de pesos. De esta suma se quedaban con el 50 por ciento de la misma.

Es decir, según explico el fiscal Juan Vicente Valbuena, los hermanos Moreno Rojas se apropiaron de una cifra cercana a los 1.5 millones de dólares en este solo contrato. El restante fue dividido entre los concejales interesados, el contralor distrital, el personero de Bogotá, un abogado y otros contratistas que participaron en el direccionamiento.

“El total entregado con motivo del acto punible se acercó a una cifra de 6.700 millones de pesos. Este monto corresponde ni más ni menos a la suma que recibieron como comisión concejales, el alcalde, y funcionarios”. El magistrado ponente consideró que esta cifra se fija tras estudiar las declaraciones del exsecretario de salud, Héctor Zambrano quien detalló las entregas de dinero que le hizo a los hermanos Moreno Rojas y a los concejales.

En el fallo se sostiene que en el juicio se logró demostrar la relación entre los hermanos Moreno Rojas y el contratista Emilio Tapia, quien resultó beneficiado con el millonario contrato. Pese a que Iván Moreno aseguró que conoció al empresario oriundo de Sahagún (Córdoba) en el año 2009, el mismo contratista reveló que en 2007 aportó económicamente para su campaña al Senado.

“Efectivamente Moreno Rojas tenía un vínculo directo con la actividad fraudulenta y el pago de la comisión que se pactó con el cobro de comisiones (…) El reparto de la comisión fue ideado por los hermanos Moreno Rojas. Néstor Iván instruyó a Héctor Zambrano para que captara a su favor el 50 por ciento de la redistribución y el porcentaje restante debía ser distribuido entre concejales, funcionarios de la Secretaria de Salud, el contralor y el personero”, señala la decisión.

La empresa criminal

La Sala Penal reprochó el hecho que Moreno Rojas, utilizó su cargo de servidor público, para lograr un beneficio personal, aumentando su poder económico. "Debe entenderse que la competencia principal en materia de celebración de contratos está fijada en la cabeza del Alcalde Mayor del Distrito", precisó el magistrado al explicar la distribución de funciones en esta "empresa criminal".

"A Samuel Moreno Rojas no se le puede eximir de responsabilidad porque tuvo control y vigilancia. Se reunió con el Secretario Distrital de Salud y los concejales interesados en la adjudicación del contrato", precisa uno de los apartes de la decisión sobre la coordinacion del Alcalde Mayor frente a la celebración de este contrato en la entidad.

"El señor Alcalde Mayor de Bogotá, en una posición de privilegio, acordó con las principales fuerzas políticas de la sociedad una repartija de cargos, contratos e instrucciones que resultó ser punible, consiguiendo así satisfacer los intereses particulares o individuales de estas colectividades", puntualizó el magistrado al explicar la distribución de las funciones.

Finalmente hizo un llamado de atención frente a las acciones que se comenten en contra de los recursos públicos por parte de los funcionarios quienes son los encargados de protegerlos y velar por su adecuada distribución. Considera que Colombia ha sufrido durante años

"Uno de los males que padecen las sociedades contemporáneas es la corrupción, en Colombia se ha padecido la vinculación criminal con el Estado", se cuestionó el magistrado quien consideró que la acción de Samuel Moreno estuvo dirigida a desfalcar el patrimonio del Distrito.