El drama que vive el país por cuenta de las minas parece de nunca acabar. Se calcula que las hay sembradas en 31 de los 32 departamentos. Mientras que 18 naciones registraron el uso de estos aparatos en el año 2000, en 2011 sólo cuatro lo hicieron: Afganistán, Pakistán, Myanmar (antigua Birmania) y Colombia. Este dato fue registrado recientemente por la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, ONG que envió un tajante mensaje a los grupos armados ilegales que recurren a estos artefactos: sin su participación no tiene sentido pensar en una prohibición universal de minas.
A pesar de las iniciativas globales, las organizaciones armadas colombianas siguen encontrando en las minas un arma efectiva. De hecho, en los últimos años los grupos guerrilleros han dado rienda suelta a su ‘creatividad’. Un detallado informe elaborado en la Escuela Superior de Guerra por cuatro mayores del Ejército, conocido por El Espectador, da cuenta de que ya son 12 los tipos de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) que fabrican las guerrillas con el fin de afectar a soldados, bases castrenses o infraestructura (ver infografía). Sumado al inconveniente de que, en muchas ocasiones, las víctimas son también civiles.
En el país, las más conocidas son las minas antipersonal, llamadas coloquialmente minas “quiebrapatas”. Su última versión son las “minas quiebrapatas químicas”, que se fabrican con ácido sulfúrico, un elemento químico altamente corrosivo que reacciona violentamente al calor. Estas minas se vienen haciendo en forros de plástico, imperceptibles así a los detectores de metales que utilizan los equipos de desminado. En la mayoría de los casos las minas se crean con lámina galvanizada, un material que se utiliza en refrigeración industrial, carrocerías, aire acondicionado y vallas, por lo que acceder a ella no tiene mayores complicaciones.
Asimismo, en la mayoría de los casos el Ejército ha encontrado que las minas se hacen con otros elementos de uso industrial, como la brea —que se utiliza para hacer materiales de carbón— y tubos de PVC —usados para tuberías de presión, sanitarias y alcantarillado—. Incluyen además metralla (fragmentos de proyectiles) y explosivos como la pólvora negra, el nitrato de potasio, el anfo y el R1. Como si fuera poco, se ha detectado que a las minas les están agregando otros materiales que complican las heridas causadas por las explosiones, al punto de acelerar la muerte de la víctima: tuercas, tornillos, vidrios y materia fecal humana y animal, por ejemplo.
Los sistemas de activación de las minas también parecen haberse refinado. La mayoría de ellas se activan por presión (al pisarlas), alivio de presión (al levantar el pie del artefacto) o tensión (sobre cables). Actualmente, sin embargo, estas no son las únicas maneras de hacerlas explotar. Un sistema es el que los militares identifican como “antimanipulación”, con el cual la bomba se activa cuando se le intenta quitar la batería o cortar un cable. Algunas se activan por temporización, con relojes digitales o análogos. Otras explotan con fotoceldas, es decir, sistemas que se exponen a la luz hasta alcanzar cierta intensidad. Incluso el flash de una cámara fotográfica puede ser una especie de detonador.
El panorama es de extrema gravedad tanto en Colombia como en el mundo. Según la organización Land Mine Survivor, hay más de 100 millones de minas sembradas en 70 países, sin agregar las que se producían legalmente —en Colombia, el mercado de estos explosivos lo lideraban Estados Unidos y Bélgica—. De acuerdo con la ONU, se necesitarían unos 500 años y 50 billones de dólares para removerlas. Según el informe de la Escuela Superior de Guerra, los campos minados a lo largo del territorio nacional no son tantos como se estiman, pero la sospecha “es suficiente para que la población esté en riesgo y el terreno se vuelva inservible”.
Como limpiar las áreas de minas es tan complejo, el Gobierno aprobó en octubre pasado el Decreto 3750, con el cual se autorizó que organizaciones no gubernamentales se sumaran al esfuerzo estatal de desminado humanitario. Se veía como un paso necesario en un país donde estos artefactos han dejado casi 10 mil víctimas desde 1990 y donde los grupos armados ilegales aún los consideran sus armas aliadas para ganar la guerra.