Camila Reyes del Toro, exfuncionaria del Ministerio de Agricultura y procesada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), rompió su silencio y presentó a la Fiscalía un panorama de cómo, según ella, manejaba Andrés Felipe Arias el Ministerio y AIS. La exfuncionaria, quien busca principio de oportunidad, dijo que allí reinaba la informalidad.
Pero no era una informalidad deliberada, según ella. Todo lo contrario, para ella era algo calculado por el exministro Arias y su círculo cercano para no dejar rastro de las discusiones, las modificaciones y las decisiones que se adoptaban en el Ministerio, especialmente alrededor del cuestionado programa AIS.
El Espectador conoció completa su ampliación de interrogatorio, que rindió ante la Fiscalía a principios de agosto, justo antes de que el ente acusador radicara ayer el escrito de acusación contra Arias y un juez dejara en libertad por vencimiento de términos a Juan Camilo Salazar, otro de los investigados.
Reyes del Toro quiso aclarar el hilo conductor de las órdenes de mando en el Minagricultura, los que intervinieron en las decisiones y en la ejecución de órdenes. Sus señalamientos apuntan al exministro Arias, quien, según ella, siempre tenía la última palabra, y a sus escuderos: su secretaria privada Andrea Silva, el secretario general Fernando Arbeláez y a Juan Camilo Salazar, coordinador de AIS.
La exfuncionaria dio tres características de Arias: el autoritarismo, ya que sólo se cumplían sus instrucciones; el afán, ya que todo se debía cumplir en tiempos irrisorios, y la informalidad, ya que entre 2006 y 2007 no se levantaron actas de reuniones para no dejar constancia escrita.
“Por eso en el Ministerio no es fácil rastrear el origen de las órdenes y su ejecución. Buena parte de las decisiones las tomaba el ministro en el comité de gabinete y luego se formalizaban en actas que circulaban para firmas sin que las reuniones hubiesen sido presenciales”, explicó.
Agro Ingreso Seguro
Uno de los mayores cuestionamientos de AIS fue cómo los subsidios terminaron en los bolsillos de familias millonarias. Según Reyes, esto fue producto de la modificación que posiblemente hizo el ministro al borrador del trabajo y que consistió en aumentar el puntaje a los postulados que generaran más empleo y que antes del proceso pudieran consignar en efectivo el 50% de la contrapartida que iban a recibir y el resto 30 días después de estar en la lista de elegibles. “Esto sólo lo podían cumplir los grandes productores”, dijo Reyes.
Sin embargo, esta no fue la única irregularidad de la que Reyes habría sido testigo. Por ejemplo, la sorprendió la urgencia que tuvo Arias para sacar adelante el programa. Fue Arias quien anunció a sus colaboradores que su decisión había sido hacer el trabajo con el IICA. Luego se creó la Unidad Coordinadora, en cabeza de Juan Camilo Salazar, hombre de su entera confianza. Con esta dependencia, que quedaba cerca de la oficina del ministro, se creó casi una nueva dirección que sólo tenía contacto con Arias, Fernando Arbeláez y Andrea Silva.
El equipo de trabajo de Salazar no fue elegido de manera objetiva, sino entre personas de su confianza. “Los muchachos” de Juan Camilo sólo recibían instrucciones de Salazar, el viceministro o el ministro, todas verbales.
Arias se ha defendido diciendo que le entregó a la Dirección de Comercio la función de planear el convenio con el IICA. Según Reyes, eso no es cierto y fue la directora de Planeación del Ministerio, Alba Sánchez, la que presentó la información presupuestal y luego la designación del IICA como operador de la convocatoria de riego.
Antes de la firma del convenio, dijo Reyes, la obligaron a firmar los documentos de justificación técnica y certificados de idoneidad del IICA, a pesar de que la oficina jurídica los había rechazado. Agregó que no se elaboraron estudios previos. Como solución, supuestamente, Andrea Silva, luego de la firma del convenio, le ordenó a Amparo Mondragón hacer los estudios. Ésta, a su vez, extrajo un resumen de la minuta del convenio para hacerlo ver como estudios previos a la contratación. La maniobra se hizo como si hubiera sido antes del convenio, sin reparo de Eugenia Méndez, jefa de la oficina jurídica.
“Cuando se empezó a ejecutar el convenio con el IICA, las actas del comité administrativo eran proyectadas por Andrea Silva y aprobadas por el ministro. La instrucción era que el control y el manejo presupuestal absoluto los tenía Arias. Silva estaba a cargo de todos los detalles para el perfeccionamiento del contrato. Ella era la dueña del convenio”.
“Al ministro Arias el programa que más le interesaba era AIS y tenía injerencia en las direcciones técnicas, solicitando insumos y delegando tareas para lograr su objetivo. Sin embargo, no es fácil evidenciar su rol, pues ellos no firmaban documentos, no enviaban memorandos y la dirección del programa fue una oficina que operó con alto grado de informalidad”.