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Frente a la Corte Constitucional en pleno, el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, respondió a los cuestionamientos que esa corporación planteó a la reforma al equilibrio de poderes, una de las banderas de presidente Juan Manuel Santos, y que hoy se enfrenta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el exfiscal General, Eduardo Montealegre.
En su intervención, el ministro llamó a la Corte para que aplique el precedente que sentó la sentencia C-053 de 2016 para el análisis de este caso, es decir que, como en esa ocasión, se declare inhibida para fallar, pues según el ministro, las condiciones en esa primera demanda de la reforma y ésta son muy similares, razón por la cual el alto tribunal no podría pronunciarse al respecto.
En la audiencia pública, en la que además intervinieron el Procurador General y los presidentes de las altas cortes, el ministro de Justicia calificó la normativa como una que “no solo conserva los principios de autonomía e imparcialidad de la Rama Judicial, sino que se fortalecen con la reforma”.
Y es que la pérdida de autonomía de esa rama ha sido uno de los más grandes temores de sus opositores. Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, manifestó en su intervención que “el artículo 15 del acto legislativo de reforma al equilibrio de poderes prevé la participación del gobierno nacional en la composición y funcionamiento que Constitución del año 91 le dio al Consejo Superior. Sin lugar a dudas allí hay una modificación sustancial”.
Ante esas críticas, el ministro de Justicia manifestó que la reforma “no prevé ninguna participación de la rama administrativa distinta a la que ya existe, la cual permite al ejecutivo tener voz más no voto en la Rama Judicial, a través de la posibilidad de que el gobierno y los representantes de la sociedad puedan participar en el Consejo de Gobierno en casos puntuales que sean de su competencia. El resto de decisiones las tomará el Consejo de Gobierno”.
Durante su intervención en la audiencia pública que convocó la Corte Constitucional, el magistrado Monroy Church dijo además que los tres expertos que harán parte del Consejo de Gobierno, serán quienes, a su parecer, “establecerán el norte del poder judicial al futuro”, pues “no están a cargo del diseño de políticas los presidentes de las altas cortes ni lo representantes de tribunales y jueces. Esto quiere decir que el poder judicial no tendría voz en la elaboración de sus políticas públicas” expresó Monroy Church.
El representante de la cartera de Justicia explicó que será el Consejo de gobierno judicial el encargado de tomar las grandes decisiones en materia de política judicial, con lo cual, dijo Reyes Alvarado, “mediante la presencia de los presidentes de las Cortes en este nuevo organismo se democratizará el gobierno de la Rama Judicial, porque la sensación actual es que el Consejo Superior rompió vínculos con esta rama y dejó de representarla”.
El ministro señaló además que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura responde a un diagnóstico hechos sobre las dificultades en el funcionamiento de ese organismo, y no a motivos políticos. La decisión, dijo, “tiene que ver con la falta de eficiencia en la administración de recursos por parte de este órgano, y con su falta de experticia en la ejecución del presupuesto”.
Fue este punto, la ejecución eficiente de los recursos, la piedra angular de la argumentación del ministro. Reyes manifestó que en los últimos cinco años el presupuesto de la rama que administra la justicia en el país ha crecido en un 56%. “La ejecución que no se ha hecho correctamente desde el Consejo Superior, por su misma concepción: está conformado por magistrados, que tienen una visión que no sirve para la eficiencia”.
Por esto se creó la figura del gerente de la rama judicial, quien, dijo Reyes, tendrá las funciones de “ejecución del presupuesto y de realizar las acciones operativas del día a día que se requieren para administrar la justicia, funciones trascendentales para que la justicia llegue a todos los ciudadanos”. Además, el alto funcionario acentuó la necesidad de “distinguir entre las funciones de gobierno y administración de la rama judicial, que en este momento están mezcladas en el Consejo Superior, y que la reforma separa”.
Posterior a su intervención, se presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, ya no como representante del órgano investigador, sino como demandante del acto legislativo que ya fue aprobado en el Congreso de la República, y que de ser aceptado por la Corte, se convertirá en ley.