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El fiscal general, Eduardo Montealegre, sigue escarbando en el pasado. Este año el ente investigador ha intentado meterles el acelerador a cinco procesos que con los años se han convertido en hitos de la impunidad. Primero fueron los magnicidios de los dirigentes Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. Luego, el holocausto del Palacio de Justicia, y, ahora, el asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.
A comienzos de este mes, el fiscal Montealegre dijo que “no hay riesgo” de que este magnicidio quede impune. Y ayer, Blu Radio dio a conocer varias decisiones con las que el ente investigador pretende esclarecer este delito por el que en 18 años —seis fiscales generales distintos, entre ellos el hoy ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez— apenas han sido condenados los sicarios Héctor P. Flórez, Manuel Mariano, Hermes Ortiz y Gustavo Adolfo Jaramillo.
De los autores intelectuales nada se ha probado. Por ello, los fiscales que investigan este magnicidio solicitaron las declaraciones del exministro de Defensa, Fernando Botero —condenado por enriquecimiento ilícito pues como tesorero de la campaña Samper Presidente, recibió dineros del cartel de Cali— y de los capos Gilberto y Miguel Rodríguez. También los testimonios de Guillermo Pallomari, otrora contador de los Rodríguez; del capo Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, y del cuestionado empresario Humberto Agredo.
Con el fin de hallar posibles nexos entre este magnicidio, otros asesinatos y el Proceso 8.000, se solicitaron inspecciones judiciales a los procesos por las muertes de Elizabeth Montoya de Sarria, mejor conocida como la Monita Retrechera; Darío Reyes, exconductor del exministro Horacio Serpa; de Diego Buitrago Gómez, sobrino del capo Hernando Gómez, alias Rasguño; de Ángela Villalobos, hija del narco Víctor Patiño Fómeque, y de Lorena Henao, hermana del capo Orlando Henao y viuda de Iván Urdinola.
De la misma forma, los fiscales solicitaron un informe sobre el proceso para esclarecer el atentado perpetrado contra el abogado Antonio José Cancino el 27 de septiembre de 1995, cuando se desempeñaba como defensor del entonces presidente Ernesto Samper, una vez estalló el escándalo por el proceso 8.000. En el ataque murieron dos escoltas.
Una fuente del ente investigador le dijo a este diario que la idea es concentrar todos los procesos que tengan datos que ayuden a desenmarañar el halo de impunidad alrededor de este caso. El mismo Montealegre lo dijo el pasado 1° de noviembre: “Debemos establecer si (este magnicidio) hizo parte de un ataque sistemático contra la población civil y se tenga claro el nexo entre los autores (de este crimen) y otros hechos cometidos en la época”.
Tras estas pesquisas, es posible que la Fiscalía le solicite a un juez que declare el asesinato de Gómez Hurtado un delito de lesa humanidad como lo han pedido los familiares del fallecido dirigente conservador, así como la Procuraduría. La idea es que el asesinato sea declarado delito de lesa humanidad para que no prescriba en dos años.
Estas solicitudes del ente investigador se dan tras los señalamientos que han hecho los familiares del excandidato presidencial. El pasado 1° de noviembre la familia del dirigente hizo una protesta ante la sede del ente investigador para exigir resultados, y su hermano, Enrique Gómez Hurtado, dijo que “la voluntad de la Fiscalía es no investigar este crimen, que fue un crimen de Estado”.
El caso de Gómez Hurtado se suma a aquellos que la Fiscalía ha desempolvado este año con el objetivo de que no siga creciendo el manto de impunidad a su alrededor. El pasado 20 de agosto, tras meses de investigación, el fiscal Montealegre ordenó juntar en un mismo expediente los procesos por las muertes de los dirigentes Luis Carlos Galán (18 de agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa, (22 de marzo de 1990), y Carlos Pizarro Leongómez, (26 de abril de 1990), debido a coincidencias encontradas por la Unidad de Contexto en estos tres asesinatos, en relación con la posible participación de agentes del DAS.
El Espectador pudo conocer que en el despacho del fiscal Montealegre ya hay una medida proyectada por uno de sus delegados ante la Corte, en la que se resuelve la situación jurídica del exdirector del DAS general (r) Miguel Maza Márquez.
De la misma forma, el ente investigador ha buscado meterle el acelerador al proceso por el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, con investigaciones a los ministros del entonces presidente Belisario Betancur y pesquisas para esclarecer si miembros de la Fuerza Pública realizaron torturas durante estos hechos.
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