La mujer que caminó medio país para salvar su casa

Olga Caicedo recorrió los 446 kilómetros que separan la capital de Santander de Bogotá para pedirle a la Corte Constitucional revisar el remate de su vivienda. Desde hace 134 días no ha podido volver a ella.

Olga Caicedo recorrió a pie 446 kilómetros junto con su hermana, su cuñado y un amigo.  / Jhonatan Ramos
Olga Caicedo recorrió a pie 446 kilómetros junto con su hermana, su cuñado y un amigo. / Jhonatan Ramos

Olga Caicedo lleva 134 días sin entrar a su casa. El 9 de mayo de 2016 salió de ella voluntariamente y armó un techo improvisado en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en pleno centro de Bucaramanga, a manera de protesta. Allí vivió durante 119 días. Sin embargo, Caicedo, la mujer encadenada que se convirtió en parte del paisaje de la capital santandereana, cambió de estrategia: decidió recorrer medio país a pie para que la Corte Constitucional la ayudara a recuperar su casa.

En la madrugada del 5 de septiembre desarmó su cambuche y se embarcó en una travesía de 446 kilómetros junto con su hermana, Sara Caicedo, su cuñado, Álvaro Mesa, y su amigo Guillermo Quiroga. El destino: Bogotá. Su objetivo era claro: que la Corte Constitucional estudie la tutela que interpuso y que, de ganar, evitaría que el próximo 30 de septiembre se quede, de forma definitiva e involuntaria, sin un hogar al cual regresar.

Era 1999 cuando la Caja Agraria abrió el proceso civil contra Olga Caicedo por la falta de pago de las cuotas de su vivienda, una casa de interés social que ella había comprado con su marido dos años antes en la urbanización Villa Alcázar en Floridablanca (Santander). La familia aportó la cuota inicial de $1’500.000. El Instituto Colombiano de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) les dio un subsidio de $2’500.000 y la Caja Agraria les prestó $7’892.520.

El respaldo de su deuda fue una hipoteca que quedó legalizada con la escritura pública 966 del 29 de abril de 1998. Ese año, la crisis financiera del país alcanzó su punto más álgido. Miles de colombianos estaban perdiendo sus hogares por el aumento vertiginoso de los intereses que debían pagarles a los bancos por sus créditos para vivienda. Se habló de cerca de 2.000 suicidios en esa década, de usuarios desesperados por su situación económica. Pronto ella sería uno de ellos.

“Esa vivienda nos las entregaron con engaños. A nosotros inicialmente nos dijeron que las cuotas del crédito eran de $80.000. Pero luego, por la fórmula que ellos usaban para calcular los intereses, se nos subieron hasta $240.000, más de lo que incluso valía entonces el salario mínimo, que era de $220.000”, cuenta. En 1999, su esposo se fue de la casa. Ella se quedó con dos hijos y con cuotas que superaban en más del 100% lo pactado originalmente.

Fue entonces cuando la Caja Agraria abrió un proceso en su contra por el atraso en los pagos. Pero en 1999, en medio de la emergencia económica que decretó el gobierno de Andrés Pastrana, se profirió la Ley 546, que reformaba el sistema hipotecario en el país. Dicha ley ordenaba reliquidar o reestructurar los créditos de quienes los hubieran contraído antes de 1999. Cuando Olga Caicedo estaba lista para saldar sus deudas, la Caja Agraria desapareció.

“Nunca nos pasaron a otra entidad para que pudiéramos pagar esos créditos. El proceso contra nosotros, que la Caja Agraria puso en 1999, siguió, aunque no sabíamos ni en qué entidad estábamos”, relata Caicedo. En menos de dos años, su deuda pasó de la Caja Agraria a tres entidades distintas de cobranza de créditos. Mientras se daba el traspaso de mano en mano, ella seguía sin saber con quién negociar su deuda y el proceso en su contra seguía avanzando en los juzgados civiles.

Finalmente, la deuda llegó a la oficina de abogados de una persona natural, Saray Lizcano Blum. Mientras Lizcano Blum asegura que no hay nada de ilegal en su accionar, Olga Caicedo y su abogado la acusan de liderar un supuesto “cartel del remate” en Bucaramanga. Caicedo asegura que en 2009 y 2010 le hizo a la oficina de abogados dos ofertas para saldar su deuda, pero ambas —la primera de $18 millones y la segunda de $28 millones— fueron negadas. La firma de abogados negó dichas afirmaciones.

En 2014, quince años después de que se expidiera la ley que le daba el derecho a reliquidar su deuda, la Corte Suprema falló a favor de Olga Caicedo y ordenó adelantar ese proceso. Pero un segundo expediente que se había abierto en su contra impidió el trámite. Caicedo aparecía como fiadora de una amiga que no pagó el préstamo y el demandante pedía embargar su casa para saldar la deuda. Según el abogado de Olga Caicedo, Saúl Ortiz, “el Juzgado Segundo de Ejecución Civil ordenó el embargo de su casa sin ningún fundamento legal que demostrara la falta de capacidad de pago de la deudora, es decir, de Olga”.

Ese año se vendió su vivienda por $30 millones. El remate de su casa era inminente. Finalmente, el juzgado civil que llevaba su caso fijó como fecha para el desalojo el 13 de mayo de 2015. “Ocho días antes tomé la decisión de denunciar públicamente lo que estaba pasando y me fui a vivir a la plaza de Bucaramanga”. Logró retrasar el desalojo hasta el 13 de septiembre. Once días antes de esa fecha partió con $30.000 en el bolsillo hacia Bogotá, donde busca que la escuchen.

En el camino conoció a personas que estaban en su misma situación. Aunque creyó que dormiría a la intemperie todas las noches, no fue así. A donde llegaba encontraba quien los recibiera: en un salón comunal, en la casa de un vecino, de un familiar. De pueblo en pueblo se corrió la voz sobre su llegada. La hermana de, la prima de, la suegra de, los recibieron con puertas abiertas y comida caliente. En las tiendas les hacían descuentos en el agua y la comida, y había quienes les daban dinero. Durmieron en once pueblos distintos. Caminaban desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Este lunes se plantará en la Plaza de Bolívar para pedirles a los magistrados de la Corte Constitucional que estudien la tutela que interpuso exigiendo su derecho a una vivienda, al debido proceso y al acceso a la justicia. “Muchas veces las personas no denuncian porque se sienten culpables. Algunos me señalan y me cuestionan porque no pagué mi casa. A nosotros nunca nos dijeron dónde debíamos consignar. Esa es mi lucha. Nos dicen irresponsables y negligentes, pero eso no es así”.