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Una de las noticias más grandes de la semana fue la solicitud de la Contraloría General a la Fiscalía y la Procuraduría de investigar posible acumulaciones irregulares de baldíos de parte de personas y empresas con mucho poder en el país, como una organización del grupo Sarmiento, la sociedad El Ubérrimo (que le pertenece a la familia de Álvaro Uribe Vélez), Mónica Colombia (filial de la brasileña Mónica Semillas) o la multinacional Poligrow. En total, la Contraloría puso en conocimiento de los otros organismo 33 casos, que representan 332 predios y más de 123.000 hectáreas cuestionados.
Poligrow, una empresa italoespañola que está en Mapiripán (Meta) desde 2008 y hoy tiene sembradas 7.000 hectáreas en esa región con palma africana, niega haber violado "ninguno de los topes máximos establecidos por la ley". En un comunicado que la compañía le hizo llegar a este diario, señaló que "los predios que la compañía ha adquirido a terceros —totalmente ajenos a la sociedad— fueron adjudicados a estas personas, y no a Poligrow, por el Incora con anterioridad al año 1994 y por lo tanto no se realizaron bajo el precepto de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) ni las extensiones mínimas y máximas establecidas en la ley 160 de 1994".
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Según la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría deberían revisar 5.577 hectáreas adquiridas por la multinacional palmera. Es decir, el 80% de las tierras que ellos mismos aseguran poseer en el país. "Las compras de estos predios fueron normal y legalmente registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martin (Meta) sin que se evidenciara ningún problema en el proceso de compra y comprobando la absoluta legalidad de la operación", refutó Poligrow en su comunicado.
"Otro punto fundamental —señaló la empresa— es que a Poligrow nunca le fueron adjudicadas tierras baldías, pues todas las compras se han realizado a personas particulares que años atrás habían adquirido los títulos de propiedad, cadena de titulación que se investigó, se analizó con rigurosidad y se adquirieron los predios realizando las actividades diligentes y previstas para acreditar la propiedad en territorio colombiano, máxime si se tiene en cuenta que los protocolos de la compañía para estos efectos son estrictos y supervigilados por su casa matriz desde España".
No obstante, esta no es la primera vez que se mencionan posibles irregularidades de este tipo con respecto a Poligrow. En 2012, este diario resaltó que el superintendente de Notariado y Registro de la época, Jorge Enrique Vélez, había indicado que se debía investigar la propiedad de Poligrow sobre tres haciendas en Mapiripán llamadas Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3. Esta semana Vélez, quien renunció a su cargo y ahora es el jefe de Cambio Radical, dijo que el informe de la Contraloría sobre los 33 casos por investigar era un "refrito".
Además de Poligrow, otros de los mencionados en el informe de la Contraloría han salido a rechazar la posible acumulación irregular de tierras que les endilgan. Entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó que denunciaría al contralor general, Edgardo Maya, por prevaricato. Es decir, por actuar en contra de lo que ordena la ley. El informe de la Contraloría también mencionó entre los 33 casos las 3.800 hectáreas que tienen en el Vichada familiares del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien negó tener "un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana". Y criticó que la Contraloría lo involucrara en el informe con base en propiedades de sus familiares.
Ahora, este tema está en manos de la Procuraduría y la Fiscalía. Por lo menos desde 2013 en Colombia se viene debatiendo el posible acaparamiento de tierra, en especial por parte de empresas grandes y multinacionales, pero hasta ahora las investigaciones de las autoridades nacionales poco o nada han aportado para confirmar o descartar que en el país se han acumulado baldíos irregularmente.