El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una indemnización superior a los mil millones de pesos a cerca de 20 familias que perdieron sus casas en el marco de los combates protagonizados por el Ejército y las Farc en la vereda San Gil del municipio de Florián, Santander, el 18 de mayo de 1993,
En la decisión judicial se halló responsable al Ejército por la incineración de varias casas donde habitaban debido a los enfrentamientos armados que sostuvieron con grupos armados al margen de la ley.
La Sección Tercera indicó que las 20 familias fueron obligadas a salir de sus sitios de residencia, lo cual les causó “profundo dolor, aflicción y tristeza, debido a las violentas y traumáticas circunstancias en que se produjeron los enfrentamientos”.
En la sentencia se indica que dentro de la normativa del Derecho Internacional Humanitario se encuentra el principio de distinción, el cual consiste en que las partes de un conflicto deben distinguir entre objetivos militares y personas o bienes civiles.
“La Sección Tercera ha establecido que las vulneraciones a principios del Derecho Internacional Humanitario constituyen supuesto suficiente para declarar la responsabilidad del Estado”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En el proceso se pudo demostrar que los demandantes estaban arraigados a los territorios incinerados, es decir, vivían y trabajaban allí y del cultivo de esas parcelas obtenían lo básico para su subsistencia.