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Eduardo Guzmán sufre de una insuficiencia renal crónica, dos quistes cancerosos en los testículos y una hernia. En tres ocasiones Medicina Legal ha ordenado que lo operen de inmediato. La respuesta: no hay unidad de cuidados intensivos para el posoperatorio. Guzmán, como recluso que es de La Modelo, no puede hacer otra cosa que resignarse. Lo mismo le ocurre a Milfred Aladith Arias, interna de El Buen Pastor: la aqueja un cáncer de estómago y no puede caminar, pero aunque Medicina Legal ordenó exámenes de cardiología, ecografía de tórax y otros, ha pasado 18 meses recluida. Y nada.
Los problemas de atención de salud para la población carcelaria de Bogotá, como se detalló el pasado martes en el artículo de este diario “Los horrores en las cárceles bogotanas”, son de tamaño mayúsculo y así lo constató la Procuraduría. La EPS encargada de atender a los internos es Caprecom. Sin embargo, la problemática va mucho más allá de echarle el agua sucia a esta entidad estatal, con la que el Inpec ha tenido que contratar desde que, el 3 de agosto de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe y sus ministros de Interior y Hacienda firmaron el Decreto 2777.
En éste se determinó que los internos debían quedar a cargo de una “EPS de régimen subsidiado, de naturaleza pública del orden nacional” y la única que cumplía con ese requisito era Caprecom. Así las cosas, esta EPS debía hacerse cargo de todos los asuntos relacionados con la salud de los internos. Pero, al menos en lo que respecta a las cárceles bogotanas, falta todo. Desde elementos mínimos necesarios como jeringas, palillos, guantes o desinfectantes, hasta citas con especialistas, que se represan por meses. En El Buen Pastor, los médicos tratantes ni siquiera hacen presencia directa en los patios. En La Modelo, todos los días los reclusos se quedan esperando al odontólogo que Caprecom debía contratar para que fuera una vez por semana.
Hacinamiento. Esa viene a ser una palabra crucial a la hora de intentar entender el origen de la crisis de salud en las cárceles. Lo sabe el Gobierno, que entiende que por esta problemática se contagian más fácilmente ciertas enfermedades. Lo sabe también Caprecom: “¿Cómo aislamos a alguien con enfermedad respiratoria en una cárcel que tiene un 200% de ocupación? ¿O con un brote? Es casi imposible. El hacinamiento nos está afectando y lo peor es que no podemos hacer nada de prevención por eso mismo”, indica Alexandra Caycedo, subdirectora de la EPS (e) Caprecom. “Esto es un asunto estructural”, agrega. Que además no es local, sino nacional.
Una de las circunstancias que más dificultan el servicio de salud en estas cárceles es la demanda de los internos: mientras que normalmente un paciente requiere de citas médicas en promedio tres veces al año, un recluso puede hacerlo hasta siete veces. De esa saturación son tan conscientes en Caprecom como en el Gobierno. La EPS recibe $1.243 diarios por cada afiliado, para un total de $453.695 al año. “Pero si un tratamiento con un paciente nos cuesta $100, con un recluso nos cuesta $151. Desde hace rato queremos entregar la población carcelaria, pero la verdad es que nadie quiere atender a los presos. Y como Caprecom es la empresa a culpar en cada dificultad, nadie ve el problema real”, arguye Caycedo.
En la otra orilla, fuentes del Inpec aseguran que con Caprecom la entidad está amarrada de manos. “Sabemos que trabajamos a media marcha con ellos, pero por el momento no podemos hacer más. Este ha sido el contrato mejor ejecutado por el instituto, y ni así funciona. El Inpec tiene como deberes el tratamiento y la rehabilitación, la seguridad y la custodia. Pero la salud está toda en manos de Caprecom”, le dijo a este diario una fuente de la entidad, que agregó: “Los que, se supone, tenían que arreglar el tema de Caprecom eran los de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspc), creada hace más de un año por el Ministerio de Justicia”.
En el Inpec es un secreto a voces el descontento que la mayoría de sus funcionarios sienten frente a la Uspc. “Ellos hacen con 500 personas lo que acá hacíamos con 50, arrendaron un edificio costosísimo cerca del parque de la 93 y ni siquiera así son eficientes”, se queja un alto funcionario. Quienes hablan piden que sus nombres se omitan porque quieren evitar enfrentamientos con el gobierno Santos, que creó la unidad. Hace unas semanas la críticas sí fueron públicas, tuvieron lugar en el Congreso y estuvieron a cargo de la representante a la Cámara Alba Luz Pinilla, quien concluyó: esa unidad “no resuelve la crisis carcelaria”.
En ese debate de control político, Pinilla sostuvo que la Uspc sólo creaba una burocracia innecesaria y que el error había sido desmontar el modelo de atención primaria y contratación directa con clínicas y hospitales. Agregó que la creación de la unidad tenía un solo fin: “Marchitar el Inpec para liquidarlo, tercerizar los servicios de alimentación, mantenimiento y salud para luego tal vez, incluso, privatizar”. El lío, más allá de los roces entre la unidad y el Inpec, y de la eficiencia de la propia unidad, es que ésta como el Inpec también está atada de manos: la contratación, en cuanto a salud para los reclusos, se tiene que hacer con Caprecom.
Alberto Ángel, director de logística de la Uspc, explica la historia desde otra perspectiva: cuando llegaron los recursos del Inpec, llegaron los embargos también para Caprecom. Y empezaron los retrasos en los pagos. Antes Caprecom recibía de una a dos tutelas diarias, ahora sobrepasa las cien. Desde hace un buen tiempo, Caprecom se viene reuniendo con el Ministerio para encontrarle una salida a esta problemática y, además, el Gobierno hoy trabaja en la derogación del Decreto 2777 de 2010, para que la contratación del Inpec pueda ser con empresas privadas.
El proyecto de decreto, estableció El Espectador, ya tiene la firma de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. Sólo falta la del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. La vocera de Caprecom señala que ellos son los más interesados en que salga pronto. El problema es que mientras se resuelve este complejo panorama, lo que los internos tienen que seguir soportando es un círculo vicioso: los enfermos le piden a un juez tratamientos, el juez los remite a Medicina Legal, ésta verifica la enfermedad, envía los casos a Caprecom y la EPS dice poder brindar el tratamiento que corresponde. “Pero se constata que tal situación no se cumple en la práctica”, advirtió la Procuraduría.
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