El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los todos los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y violación a los derechos humanos.
En este sentido indicó que no se puede validar la posición de la “priorización” de los delitos y los hechos que serán investigados por las autoridades judiciales.
"Un marco de justicia transicional no legitima al Estado para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones internacionales”, indicó el jefe del Ministerio Público en el marco de su intervención en la conferencia Estándares internacionales y el proceso de paz.
Para el Procurador General todos los pueblos tienen el derecho de conocer la verdad, sobretodo si los hechos materia de investigación están enmarcados en un conflicto armado, por lo que es el Estado el que debe ser el primero en garantizar que las personas que estén relacionadas con crímenes de guerra sean investigadas.
"La justicia transicional colombiana debe garantizar que personas incursas en violaciones de derechos humanos cumplan penas privativas de libertad", señaló el jefe del órgano de control disciplinario.
Ante esto aseguró que ninguna amnistía o referendo puede causar que las víctimas del conflicto sean desconocidas y que sus derechos a la reparación, garantía de no repetición y justicia sean desconocidos.
De presentarse un caso similar de llegar a un feliz término el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, Colombia estaría contrariando los compromisos internacionales adquiridos por lo que la “Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia".
“No es posible otorgar amnistías e indultos al finalizar los conflictos armados cuando se trate de crímenes de guerra (…) ni referendos ni asambleas constituyentes pueden generar la impunidad", manifestó.